Casación apura una definición por los 75 años de la jueza Figueroa: advirtió que el caso podría “devenir en el cese de sus funciones”

Con Ana María Figueroa, de 75 años y un día, sentada en el sillón de su despacho de los tribunales de Comodoro Py 2002, cinco integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, reunidos en acuerdo de superintendencia, decidieron notificar al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que su colega había alcanzado la edad prevista en la Constitución Nacional para ejercer como jueza y que “como es de público conocimiento no se ha completado al día de la fecha el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento”. En base a ello, advirtieron: “la situación podría devenir en el cese de sus funciones”. La pelota quedó ahora en manos del Consejo.

La reunión se concretó en el primer piso de los tribunales de Retiro. Figueroa, que hasta el martes pasado, ocupó la presidencia de Casación , se sorprendió al conocer la noticia. No había sido notificada del acuerdo, según dijeron sus colaboradores. Allí estuvieron Mariano Borinsky, vicepresidente de Casación y en ejercicio de la presidencia mientras se defina la situación de Figueroa; y los representantes de las distintas salas: Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Cumplido ese trámite, dos de los jueces que habían participado de la reunión se dirigieron al despacho de la jueza para informarle lo que había ocurrido. La jueza los escuchó. “No pasó nada”, la escucharon decir.

Según pudo saber Infobae, la reunión fue intensa. Allí se debatió que debía hacer Casación desde su rol administrativo. Aunque hubo opiniones divergentes, los jueces terminaron definiendo que ellos, en su rol de magistrados, no eran superiores administrativos de sus pares. Sí podía opinar, como lo hicieron, si algo así sucedía en un tribunal inferior. Pero no aquí donde Figueroa es un par de todos. “Nosotros como jueces no podemos decidir ningún cese de funciones. Es el consejo el que debe resolver”, resumieron las fuentes consultadas por este medio.

En esos lineamientos, la decisión fue notificar al organismo que controla a los jueces. “Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Presidente, en nuestro carácter de jueces del Tribunal de Superintendencia de esta Cámara Federal de Casación Penal, a los efectos de remitir, respectivamente, Actas del Acuerdo de Superintendencia celebrado el pasado 8 de agosto y la correspondiente al día de la fecha de conformidad con el art. 2º in fine del Reglamento de esta Cámara, cuya copia también se adjunta. Todo ello con relación a que la Dra. Ana María Figueroa cumplió los 75 años de edad el pasado 9 de agosto, y como es de público conocimiento no se ha completado al día de la fecha el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento. Atento a que de acuerdo a lo previsto en el art. 99 inc. 4° tercer párrafo de la CN y en Fallos: 340:257, caratulado ‘Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional’ de la CSJN, la situación podría devenir en el cese de sus funciones, se remiten las copias a sus efectos. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente con nuestra más distinguida consideración”, dice el texto. Allí se adjunta además el reglamento de Casación en donde se señala que el vicepresidente primero ocupará la presidencia en caso de acefalía.

Casación también envió al Consejo copia del acta de la reunión del pasado 8 de agosto, cuando la jueza Figueroa informó a sus colegas que estaba en vísperas de cumplir 75 años y estaba a la espera de que el oficialismo en el Senado le diera su aval para seguir cinco años más, seguido por el nombramiento del Ejecutivo. La jueza explicó que era “un trámite federal complejo” y que hasta tanto no le dieran el acuerdo las cuestiones relativas a la presidencia del tribunal iba a firmarlas el vicepresidente.

Petrone le advirtió que “tomar conocimiento” de la situación “no implicaba validar la postura”. Yacobucci acotó que “no coincidía con la postura” de la jueza “ya que se podía generar un conflicto de jerarquía de leyes”. Allí también estuvieron presentes Hornos y Borinsky.

La situación se convirtió en un limbo desde lo administrativo y lo jurídico, comentaron en estricto off magistrados consultados por este medio. Para otros consultados, sin embargo, no hay nada que discutir. “Constitución mata reglamento”, resumieron.

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Figueroa cumplió 75 años este miércoles 9 de agosto. El artículo 99, en su artículo 4, habla de las atribuciones del Presidente de la Nación y señala que para que un juez continúe en su cargo, después los 75 años, necesita tener el acuerdo del Senado y el nombramiento del Jefe de Estado. Hasta ayer, Figueroa no tenía el acuerdo ni el nombramiento. Pero sí tenía el pedido del Ejecutivo para que continuara, la audiencia a la que fue ante el Senado y la certeza de que, apenas consiga quorum, el oficialismo del Senado buscará ratificarla en su cargo.

Tras los festejos de cumpleaños, nadie sabía lo que haría hoy Figueroa, en medio de los rumores y la tensión desatada por esta situación. Poco antes del mediodía, la jueza apareció en los tribunales de Retiro y enfiló para su despacho, donde mantenía reuniones con sus colaboradores.

Para ese momento, ya se había radicado en la oficina de sorteos del segundo piso una denuncia en su contra por negarse a dejar su cargo y constitucionalistas opinaba si la magistrada podía seguir en su puesto a la espera del Senado o estaba “atrincherándose” en su sillón.

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Ahí se abren los interrogantes. La jueza se ampara en el reglamento que armó el Consejo de la Magistratura en 2017, cuando la Corte Suprema dictó el famoso fallo en donde se resolvía que el juez Leopoldo Schiffrin, a los 75 años y sin aval del Senado, tenía que jubilarse y volvió a fijar el criterio del artículo 99 de la CN. En aquel momento, ante la cantidad de casos que estaban como Schiffrin, el Consejo reglamentó excepciones para una serie de casos, como los que tenía un aval judicial que les permitía seguir en el cargo o que su caso estuviera a la espera de respuesta en el Senado. Sin embargo, los detractores de esa mirada sostienen que esa resolución fue derogada al año siguiente y solo quedó en pie los que tenían aval judicial.

“¿Y qué pasa con la doctrina de los actos propios?”, apuntan desde el entorno de Figueroa. La jueza recuerda el caso del juez Luis Imas, del tribunal oral en lo penal económico 3, que en el 2020 también cumplió 75 años. En aquel momento, el Ejecutivo mandó el mensaje a horas del cumpleaños. Apenas cumplió la edad, la presidenta del TOPE, Karina Perilli, entendió que su colega no podía ejercer mas y notificó a sus superiores. En una reunión de Superintedencia en Casación, los jueces resolvieron estar a la espera del trámite parlamentario en la Comisión de Acuerdos del Senado. Como detalló Infobae el domingo pasado, a fines de diciembre de ese 2020 el juez hizo la entrevista y en febrero del 2021 fue ratificado. No hubo resoluciones a firmar porque estuvo la feria judicial.

Del otro lado de la biblioteca, otros integrantes del Poder Judicial miran el criterio del propio presidente Alberto Fernández cuando tuvo que resolver sobre el caso de Eduardo Riggi, otro integrante de Casación que no corrió con la suerte de Figueroa porque el Ejecutivo informó expresamente que no mandaría su pliego al Senado para quedarse por cinco años más. En aquel momento, el presidente dijo que el juez Riggi “cesó en sus funciones” el día que cumplió los 75.

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