Prescribió el caso por el triple crimen de General Rodríguez sin saber quién fue el autor intelectual

Pasaron quince años del triple crimen de General Rodriguez, el secuestro y homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, que develó el oscuro vínculo entre la mafia de los medicamentos, el financiamiento político y el tráfico de efedrina. Todavía no está claro quién ordenó ejecutarlos. Y si ahora se encontrara tampoco será fácil juzgarlo.

Es que la ley establece como tope para la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos los 15 años, que se comenzaron a contar desde que aquel 7 de agosto de 2008 cuando empezó la pesadilla para las víctimas. Con la causa prescripta para nuevos imputados, la jueza federal María Servini ya no podrá detener, indagar ni elevar a juicio a ninguna persona que hasta el momento no haya sido imputada en el expediente, indicaron fuentes judiciales. Las hipótesis del expediente incluyeron desde los intereses políticos hasta los agentes de inteligencia y de la DEA norteamericana, mezclados con el negocio de los cárteles internacionales de narcotráfico.

El principal sospechoso era el empresario Ibar Pérez Corradi, pero la jueza le dictó la falta de mérito en abril del 2021. En diciembre de 2012, los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci fueron condenados a prisión perpetua como partícipes necesarios de “privación ilegítima de la libertad y triple homicidio agravado con ensañamiento, y alevosía”. Y entre los últimos días de diciembre de 2015 y los primeros de enero de 2016, tres de esos condenados protagonizaron una fuga de película de la cárcel bonaerense de General Alvear y tras un sangriento raid fueron recapturados en Santa Fe. En febrero de 2016, la causa del triple crimen pasó a la justicia federal y quedó a cargo de la jueza federal Servini, quien ya investigaba una megacausa por tráfico de efedrina.

“A pesar de que no alcanza, después de 15 años se hizo todo lo posible para trabajar y poder investigar quiénes fueron los autores intelectuales y también qué otros partícipes del hecho hubo, porque los hermanos (Martín y Cristian) Lanatta y (Víctor y Marcelo) Schillaci están condenados como eso, como partícipes necesarios, pero no sabemos quién los ejecutó ni en qué lugar preciso”, dijo a Telam Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas.

El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron hasta un hipermercado en Sarandí, partido de Avellaneda. Estaban por cerrar un “negocio” que prometía dejarles mucha plata. Justo tres semanas antes había explotado una casa de Ingeniero Maschwitz donde funcionaba un laboratorio clandestino de efedrina. Así, uno de los principales proveedores de esa droga a los carteles de México, Luis Tarzia, quedaba detenido.

Pero después de ir a esa reunión, Forza, Ferrón y Bina desaparecieron. Sus celulares quedaron desactivados. Recién se supo de ellos el 13 de agosto, cuando sus cadáveres aparecieron en un zanjón de General Rodríguez. Tenían signos de haber sido torturados durante horas y asesinado a tiros. Mas tarde se comprobó que sus cuerpos fueron sido mantenidos en un freezer hasta ser descartados.

El crimen rozó a la política: es que Forza estaba vinculado a los negocios develados en la causa por la mafia de los medicamentos y porque aportó dinero a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

La Justicia de Mercedes entendió que los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci eran los responsables de privación ilegal de la libertad agravada y triple homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. Los condenó a perpetua.

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Pérez Corradi fue sindicado como autor intelectual del crimen. En ese sentido, se estableció que Pérez Corradi era quien financiaba una droguería de Forza. Ambos eran socios en la importación ilegal de efedrina, un precursor químico que permite elaborar drogas sintéticas, que terminaba en manos del narcotráfico. Forza había conseguido con sus socios Ferrón y Bina una línea directa con el mexicano Jesús Martínez Espinosa para venderle efedrina que necesitaba para su laboratorio de Maschwitz. Forza crecía en el negocio y varios testigos declararon en el juicio escuchar a Pérez Corradi decir que lo iba a matar.

Sin embargo, cuando Pérez Corradi -con pedido de captura desde 2012- fue atrapado en Paraguay en junio de 2016 y extraditado a la Argentina, siempre negó haber cometido el crimen.

Y aunque fue procesado y condenado por lavado de dinero y el trafico de efedrina, la jueza Servini -que recibió la causa a inicios del 2016- nunca se convenció de que fuera el autor intelectual del triple crimen. Ya había dictado la falta de mérito de Pérez Corradi en 2016, pero la Cámara Federal revocó ese fallo en 2017 y ordeno profundizar la investigación. La jueza volvió a dictar la misma decisión, anexando la investigación de otras causas de narcotráfico.

Servini hizo hincapié en una investigación que se activó en 2017 y fue elevada a juicio el año pasado y que permitió demostrar que Bina -de profesión publicista- reportaba a una organización narco, “con estrechos vínculos a la política” y la Aduana, que envió casi tres mil kilogramos de efedrina en encomiendas postales internacionales a México y Guatemala.

Ahí quedaron detenidas once personas, entre los que estaban “ex agentes de las fuerzas de seguridad, personal aduanero, el segundo jefe de encomiendas postales internacionales del Correo Argentino y un individuo de nacionalidad mexicana quien tenía como empleado a nada más ni nada menos que a Leopoldo Bina, quien se logró determinar que participaba activamente de los envíos de efedrina al exterior”. Ese individuo mexicano, Rodrigo Pozas Iturbe, fue condenado en 2008 a seis años de prisión como integrante de una asociación ilícita que traficaba cocaína a Europa por medio de “mulas”.

Según la jueza, “el narcotráfico mexicano envió pequeños grupos o células que se instalaron en el país con el fin de abastecerse de efedrina. La sustancia la obtuvieron por intermedio de distintas firmas de la industria farmacéutica habilitadas para operar con efedrina, que la importaron con autorización de la SEDRONAR. Una vez logrado el arribo de la efedrina al país y almacenada en las farmacias o laboratorios importadores, dispusieron la consecución de múltiples operaciones comerciales que les garantizó –parcialmente- la pérdida de la trazabilidad de la sustancia con el objeto de que ésta llegara a sus manos sin dejar rastros, o bien que ello resultase sumamente trabajoso”.

La operatoria se llevó adelante entre 2004 y 2008. Una línea de desvío de efedrina al narcotráfico mexicano tenía como principal proveedor a Pérez Corradi. Pero otra hacía llegar la droga escondida en potes con etiquetas de la firma Pulver S.R.L de supuestos suplementos deportivos. Y en esa línea estaba incluido Bina.

“Leopoldo Bina –una de las víctimas del triple crimen-, se hallaba inmerso en el negocio desde el mes de septiembre de 2007, actividad que realizó para el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe ininterrumpidamente hasta el día de su muerte. Además, se hizo saber que el grupo con al que Bina desarrollaba esa actividad, lo integraban “Jorge De La Sota” –quien resultó ser Jorge Omar Lazota-, Rodrigo Pozas Iturbe, Ricardo Sladkowski y Carlos Alberto San Luis. Los testigos dijeron que Leopoldo Bina alardeaba con hacer dinero “por izquierda” y tener negocios con la Dirección General de Aduanas, lo que le permitía exportar productos tales como potes de la firma Pulver S.R.L.”, dijo la jueza.

Bajo esa hipótesis es que Servini entendió que “la organización narcocriminal de raigambre internacional, cuya estructura se conforma de pequeñas células que actuaban en forma independiente, pero persiguiendo un fin común: el abastecimiento de miles de kilogramos efedrina al narcotráfico”. Y cada célula podía no saber de la otra.

“El dueño del negocio” no era Pérez Corradi y por lo tanto no era la persona que se podía sentir “desplazada” cuando el trio Forza-Ferrón-Bina avanzaron con la gestión que los llevaría a la muerte. “Cualquiera de las personas que conformaban dicha estructura, también pudieron haberse molestado por el ‘juego a dos puntas’ que hizo Bina al asociarse con Forza y Ferrón”, afirmó la jueza.

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