La Cámara Federal porteña advirtió este jueves sobre la “gravedad institucional” que se esconde detrás del espionaje y los hackeos a jueces y funcionarios de la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación Penal y los integrantes de tribunal oral que juzgó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A la par, ordenó profundizar la investigación para determinar las causas detrás de la maniobra, más allá de los motivos económicos. Así lo dijo en un fallo al que accedió Infobae, en donde confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de uno de los involucrados en la causa y revocó el sobreseimiento de una mujer que estuvo detenida y había sido desvinculada por el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi.
En la causa hay además otros dos detenidos: el hacker misionero Ezequiel Núñes Machado y el ex policía Ariel Zanchetta.
Para la Cámara Federal, “aún no se ha profundizado la investigación –conforme amerita el caso- en aras de determinar los eventuales alcances de las responsabilidades inherentes a los modos y mecanismos de comercialización –en uso de información sensible y datos personales- empleados por las firmas prestadoras del servicio de telecomunicaciones”.
Sobre todo, dijo, advirtiendo quiénes son los damnificados. “Este proceso (conformado por diferentes causas declaradas conexas) tiene por objeto distintos hechos con especiales puntos de contacto, que se relacionan con las zonas del país y las épocas en que se produjeron, los medios empleados para ejecutarlos y –en particular- las funciones que, en ese tiempo, desplegaban sus damnificados”, se afirmó.
Los jueces de la Sala II del tribunal, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, estaban abocados a analizar la resolución de Martínez De Giorgi sobre uno de los capítulos de la causa: las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkratz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que tampoco tél. En el expediente hay más perjudicados como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.
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El principal acusado por esa maniobra es Santiago Machado, un joven de Posadas desempleado, que a veces hace changas de albañilería y electricidad y que en su indagatoria dijo que no tenía nada que ver y que sólo le había prestado su celular a un amigo. Según explicó, el amigo ponía su chip en su equipo y usaba su teléfono porque tenía mejor señal. Explicó que esta personaa veces utilizaba su teléfono celular para usar Mercado Pago y otras cosas: “Él ponía otros chips que él usaba. Sucedía algunas veces en las que yo iba a su casa y nos juntábamos. Él usaba mi celular porque agarraba más señal que el suyo”, afirmó. Sin embargo, las explicaciones no cierran. Y ahora no solo seguirá preso Machado sino que además buscan a su amigo. “El sabe de informática y reparación de celulares”, afirmó.
El juez Martínez De Giorgi lo procesó con prisión preventiva el 18 de julio por el delito de estafa. “Las circunstancias señaladas permiten deducir que Santiago Abel Machado efectivamente tuvo en su poder y utilizó dichos equipos (IMEIS), en los cuales en diferentes momentos impactaron a su vez las líneas irregularmente obtenidas a nombre de los funcionarios y magistrados”. Sus explicaciones “constituyen un mero intento de mejorar su situación procesal y desligarse de responsabilidades en relación con las maniobras que aquí se investigan, que no resulta suficiente a efectos de desbaratar el amplio caudal probatorio reunido en su contra”. Y añadió: “de la versión de Machado emergen serias contradicciones, de modo que su objetivo no sería otro que intentar desligarse de la acusación”.
La Cámara Federal confirmó hoy esta decisión. “Su participación se inserta en un contexto de hechos que revisten gravedad institucional y que están caracterizados por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores. Las características propias de los eventos y el rol que en aquellos habría tenido, permiten sostener un riesgo concreto de entorpecimiento de la instrucción”, afirmó el fallo al que accedió Infobae. “En especial, cuando lo anterior se presenta en una pesquisa en plena etapa de producción de pruebas, que tienden a determinar los alcances reales de los acontecimientos y la identidad de los demás involucrados, en ciertos supuestos con hipotética vinculación directa con él”.
El fallo advirtió que “hay, en la actualidad, medidas en curso ligadas específicamente” a profundizar esa situación y subrayó “los puntos de contacto entre múltiples eventos producidos en similares épocas y la identidad de los afectados, revelan la procedencia de esta línea de investigación, cuando aún se desconocen los móviles (además de los evidentemente económicos) que podrían haber rodeado a la trama”
En la resolución, además, la Cámara Federal revocó el sobreseimiento que había favorecido a Nelly Vázquez, otra de las mujeres de Misiones involucradas en la causa. El juez concluyó, después de escucharla en indagatoria y a su hija en testimonial, que Valdés era ajena a toda la maniobra. Pero la fiscalía de Gerardo Pollicita apeló por entender que se trataba de un sobreseimiento prematuro y el tribunal de alzada le dio la razón. Seguirá siendo investigada.
Machado es el único que tiene procesamiento y prisión preventiva pero no es el único investigado. En la causa también están presos el hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, que admitió que un misterio sujeto por Telegram llamado “Eljuanxd” le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares: no solo estaban el de los cuatro jueces hackeados sino también el del hoy precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio Diego Santilli y el del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Del teléfono de ese ex funcionario se difundieron supuestos chats que sirvieron para impulsar la investigación contra un grupo de jueces por un viaje a Lago Escondido y el juicio político contra la Corte Suprema.
También está preso el ex policía Ariel Zanchetta, quien justificando ser periodista hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema. Es que el mismo día que buscó los datos del juez de Casación Mariano Borinsky, al magistrado le hackearon el teléfono.
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Zanchetta también buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa. “La mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal, que me damnifica y, por ello, solicito ser parte querellante en esta investigación”, dijo Robles en su presentación que fue aceptada por Martínez De Giorgi.
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