En la tarde del 31 de julio de 2018, el periodista Omar Lavieri, en Infobae, reveló lo que sería la ficha dominó que terminaría sacudiendo el tablero de la política, la justicia y el mundo empresario. Aquel día, el juez Claudio Bonadio había ordenado la detención de Oscar Bernardo Centeno, que durante muchos años fue chofer de Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. La nota advertía que Centeno había sido señalado como transportador de bolsos llenos de dinero que tenían como destino esa cartera. Su ex mujer lo había delatado tiempo antes en los tribunales. “En Comodoro Py no descartan que la detención de Centeno ordenada por Bonadio sea la primera de otras más vinculadas con el movimiento de dinero en bolsos”, decía la publicación.
A primera hora del 1 de agosto, la foto estaba en todos los portales: habían caído presos Baratta y otros cinco ex funcionarios del gobierno kirchnerista, junto a cinco directivos vinculados a empresas energéticas y la obra pública. “Esto es un show mediático”, alcanzó a gritar el empresario Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, una de las firmas que más creció durante el kirchnerismo. La imagen de De Vido no estaba porque ya había sido detenido, tras el desafuero de Diputados, en otra investigación, por Río Turbio, el año anterior.
Mientras el edificio judicial de Retiro se convertiría en torbellino de abogados y periodistas aquel inicio de agosto, Centeno se entrevistó con el fiscal Carlos Stornelli. Y, tras deshacerse de su anterior defensor, selló un acuerdo de imputado colaborador en donde reconoció haber escrito lo que había dado origen a la causa: el relato pormenorizado en ocho cuadernos escolares de lo que se consideró viajes de recaudación que hacía Baratta y en los que él participaba como chofer.
Pero Bonadío no terminaba de convencerse de darle la cucarda de arrepentido. En una indagatoria ante el juez, Centeno contó que le había dado los cuadernos a su amigo de la remisería, Oscar Bacigalupo, para que estuvieran seguros; que después tuvo que insistirle para que se los devolviera; y que cuando finalmente los recuperó, charlando con un amigo, decidió quemarlos al asador.
Te puede interesar El día que Centeno atizó el fuego para quemar sus cuadernos
“Ahí me levanté, busqué la caja con los cuadernos, me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”, reveló Infobae a fines de agosto de 2018. Seis de esos cuadernos aparecieron aparecieron justo antes de la elección presidencial del 2019. Se los entregaron en una esquina al periodista de La Nación, Diego Cabot, el mismo cronista que había llevado esos manuscritos al fiscal Stornelli en marzo del 2018 luego de recibirlos de manos de Bacigalupo, el amigo de Centeno.
Con el impacto de los detalles de los cuadernos, la causa sumó detenciones y arrepentimientos. Después del acuerdo de Centeno, uno de los empresarios, Juan Goicochea, sobre los que pesaba orden de captura, llegaba de vacaciones a Buenos Aires, luego de esquiar. Sabía que iban a detenerlo. Antes de ir preso, también prefirió el acuerdo con la fiscalía. Así se abrió un efecto dominó que continuó durante semanas, con ex funcionarios y hombres de negocios desfilando entre la alcaidía, la fiscalía y el juzgado.
Hasta el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, estuvo a punto de ir preso cuando su principal mano derecha Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA, fue detenido ”Tuvimos desde el inicio del Gobierno del doctor Néstor Kirchner un contexto desfavorable hacia nuestro grupo empresarial en general y hacia la empresa IECSA en particular. Como ejemplo, puede indicar que en ocasión de una reunión empresarial en Venezuela (Néstor) Kirchner encontrándose junto al entonces presidente (Hugo) Chávez le pidió a Calcaterra que se acercara y cuando lo hizo el primero le manifestó a Chávez que era el primo de su mayor oponente político (...) El señor Baratta comenzó exigirle a Angelo Calcaterra que pusiera dinero para las campañas. Con el tiempo, la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un momento se cedió a la presión entregando dinero”.
Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios. Bonadio y Stornelli concentró un ramillete de causas, algunas que ya existían, otras que se abrieron con las declaraciones de los arrepentidos, que sumó más de un centenar e imputados. La Cámara Federal confirmó algunos procesamientos, otros no.
“Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, escribió el juez Bonadio. “No se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘...La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’, escribió el juez en diciembre de 2019.
Lo cierto es que la causa avanzó hacia el Tribunal Oral Federal 7, que deberá encargarse de organizar lo que podría ser un megajuicio si es que se hiciera con los protagonistas de todos los expedientes juntos. “Habría que pensar una cancha de fútbol”, ironizó uno de los consultados para esta nota. El debate no tiene aún fecha de juicio. Y aunque algunos especulan en los pasillos con que podría fijarse la fecha para el año próximo, suena poco probable. “Si en cualquier causa se ordena una instrucción suplementaria a pedidos de las partes, cómo no hacerlo acá. Los tiempos no son nuestros”, se añadió.
Te puede interesar Cuadernos: Cristina Kirchner quiere los teléfonos de José López y las llamadas de Bonadio y Stornelli
Lo primero que tienen que acordar ahora los jueces del TOF Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli deben analizar los pedidos de prueba, de cara al futuro debate oral, que hicieron las partes.
Cristina Kirchner no pidió testigos. Lo que sí quiere es incorporar los teléfonos del ex secretario y arrepentido José López, pieza clave en su condena a seis años de prisión en la causa por la obra pública, siguiendo los pasos del fiscal Diego Luciani. La vicepresidenta también le pidió al tribunal que investigue las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli.
La fiscal Fabiana León también pidió los teléfonos de López y todos los acuerdos firmados por su colega de instrucción con los acusados arrepentidos. Antes de evaluar la prueba, el TOF tiene que responder una serie de planteos hechos por las defensas: decenas de reclamos de nulidad, objeciones a la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en este proceso y también cuestiones de prescripción. Pero además fueron varios los empresarios que reclaman tener la misma suerte que tuvieron algunos hombres de negocios en instrucción: que su caso sea derivado a la justicia electoral porque el dinero que les pidieron eran para las campañas electorales.
Te puede interesar Cerraron la causa que investigaba dónde estaban los cuadernos de Centeno
Entre ellos, aparece Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri y uno de los arrepentidos en este proceso. Precisamente, entre las pruebas que ofrece es una nota del periodista Gabriel Sued en el diario La Nación de febrero de 2008, titulada “Quienes financiaron la campaña presidencial”. “Sobre las entregas dinerarias para aportes de campaña electoral nuestros defendidos (Calcaterra y su mano derecha Héctor Sanchez Caballero) han explicado que las entregas de dinero por ellos reconocidas respondieron a aportes para campañas electorales. El juez de instrucción declinó la competencia por tal motivo respecto de otros imputados e incluso, antes de eso, llegó a dictar un sobreseimiento dado que la hipótesis fáctica sobre un delito electoral no configuró ningún ilícito”, dice el escrito. Y allí también insistieron en “la existencia de un error en la imputación de dieciséis cohechos a nuestros asistidos, cuando sólo les resultan imputables cuatro hechos a Ángel Calcaterra y tres a Javier Sánchez Caballero”.
La envidia de todos los empresarios acusados fueron los responsables de Techint: los únicos que terminaron sobreseídos pese a que confirmaron que habían entregado dinero durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. A Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta (que estuvo detenido), la fiscalía los quiere escuchar como testigos. Así se desprende del pedido de pruebas formulado por la fiscal León al que accedió Infobae, en el que el Ministerio Público pide citar a la ex esposa de Oscar Centeno Hilda María Horovitz, cuyos teléfonos pide investigar; y a José Bacigalupo, el amigo del remisero que le entregó los cuadernos al periodista de La Nación Diego Cabot.
Te puede interesar Causa Cuadernos: un peritaje caligráfico confirmó que el amigo de Oscar Centeno manipuló los anotadores
Precisamente hay una causa paralela que impulsó uno de los arrepentidos, el empresario Armando Loson, al denunciar irregularidades en las anotaciones que lo mencionaban. Según reveló este lunes Infobae, un peritaje caligráfico determinó que esas enmiendas habrían sido hechas por Bacigalupo. La fiscal León denunció un intento por interferir en la prueba de su causa del TOF.
Pero también reclama que desfile como testigo ante el Tribunal Miriam Quiroga, la mujer que dijo haber tenido una relación sentimental con Néstor Kirchner. En la instrucción le dijo al fiscal Carlos Stornelli que Néstor Kirchner tenía sus propios “cuadernos espiralados” para llevar la cuenta de lo que lo que le debían; que los traslados de dinero comenzaron en 2003 y que tras la muerte de Néstor, Cristina Kirchner convocó a una reunión en la Quinta de Olivos para que la informaran de los negocios de su marido.
Oscar Centeno, la pieza clave de esta causa y el blanco de todos los acusadores, sigue quejándose de haber sido incluido en una asociación ilícita de la que, dice, no se llevó nada y terminó involuntariamente desenmascarándola. “Centeno hace cinco años que vive como si estuviera preso, bajo el programa de protección del Ministerio de Justicia. Le da bronca que a algunos de los que están en la causa como él, a los que conoció por esta causa, hoy están paseando mientras él no tiene una vida normal”, dijeron a Infobae fuentes que accedieron a hablar con Centeno frente a este aniversario.
Seguir leyendo