Nada nuevo bajo el sol: la atención judicial se concentra en la figura de Cristina Kirchner y el rumbo de las causas que la tienen como protagonista a la vicepresidenta, como acusada y como acusadora. Es que el lunes se reanudará la actividad tras el receso que impuso la feria de invierno. Pero, en especial en esta oportunidad, cualquier cosa que suceda será leída en clave política: el 13 de agosto serán las elecciones PASO y en octubre será el turno de las generales para elegir al próximo presidente de los argentinos. Todas los pronósticos, sin embargo, auguran que el elegido saldrá de un balotaje. Los jueces viven la expectativa de la elección como el resto de los ciudadanos: sin saber quién puede ganar.
Según los pasillos de tribunales, en la mayoría de los despachos preferirían ganador a Sergio Massa o a Horacio Rodríguez Larreta. Es lo mismo que se escucha en el establishment. “Patricia Bullrich es todo una incógnita y Javier Milei... bueno ¡Milei!”, razona un caminador de Comodoro Py 2002. Pero nadie puede confiar ni en las encuestas ni en los vaticinios. En el medio de esos dilemas, las causas siguen abiertas o, depende el caso, cerradas.
La mayor expectativa por estas horas está puesta en Casación y en el Senado donde las piezas se mueven como parte de un mismo tablero. ¿Por qué? Porque la Sala I del máximo tribunal penal tiene sobre su escritorio la esperada definición sobre el futuro de la causa Los Sauces y Hotesur, dos expedientes por lavado de dinero en donde no solo estaba acusada la vicepresidenta de la Nación sino también sus hijos Máximo y Florencia, y su sobrina Romina Mercado, además de los empresarios que hicieron negocios alquilando propiedades de la entonces familia presidencial.
Los dos expedientes, unificados, llegaron a juicio oral y el tribunal que preparaba el debate, con prueba en marcha, decidió a fines de noviembre del 2021 que no habría juicio: por dos votos a uno, se resolvió que todos los imputados debían ser sobreseídos. El argumento fue que no había lavado de dinero porque la plata estaba bancarizada y porque cuando los hechos comenzaron no era punible el autolavado. La fiscalía apeló. Dijo que se trató de una decisión arbitraria. “Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral”, se advirtió.
El reloj de Casación
Casación escuchó los argumentos de las partes en noviembre pasado y ahí mismo le puso un reloj virtual a la decisión. Desde fines de año se especuló con el inminente fallo. Pero estamos empezando agosto y aún no se conoció la decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Según los observadores del trámite judicial, el expediente ya pasó por las tres vocalías, por lo que se deduce que cada uno ya hizo saber su opinión. Sin embargo, un voto no es un voto si no está en un fallo firmado por los jueces. Y por eso la expectativa de que pueda conocerse una decisión en breve.
El tic tac de la causa va al compás de la incertidumbre sobre la continuidad de la jueza Figueroa como magistrada. El próximo 9 de agosto la jueza, que avaló la teoría del lawfare como un problema regional, cumplirá 75 años, edad límite para la Constitución Nacional para que un juez pueda estar en funciones. La única alternativa para continuar es conseguir que el Senado le extienda el plazo durante 5 años más.
El Gobierno ya mostró su voluntad de que Figueroa continúe cuando mandó su pliego al Senado, a diferencia la suerte que corrió el ex integrante de Casación y hoy jubilado Eduardo Riggi. El oficialismo en el Senado, tierra de CFK, también exhibió su intención de convalidarla cuando la llamó a una audiencia pública, con una oposición abroquelada en jubilarla.
El 12 de julio, el oficialismo intentó votar su pliego, pero solo consiguió 34 de los 37 legisladores necesarios para sesionar. En la movida también estaba la suerte de otros 75 candidatos a jueces. Cuando todo se daba por tierra, la semana pasada, el oficialismo volvió a hablar de una reunión para los próximos días. Debería ser antes del 9 de agosto y sin fracasos, pese a que los políticos andan de campaña en sus pagos.
“Sería raro que hicieran otra vez esta jugada si no tienen los votos”, dicen en tribunales. Pero aún así, como nadie puede estar en seguro en Comodoro Py de los votos que pueda garantizarse el oficialismo en la cámara alta, la pregunta es si el fallo saldrá antes del 9 de agosto.Por estas horas, el expediente volvió al despacho del juez Barroetevaña.
“Si no lo sacan antes y sin certeza sobre su futuro, ¿de qué sirve el voto de Figueroa si no sale el fallo?”, especulan en tribunales. Los interrogantes comenzarán a develarse en los próximos días. Ahí se sabrá si todas las apuestas sobre el resultado de ese expediente eran acertadas o no.
No es la única causa sobre la que debe dar respuesta esa Sala. También está la causa por el Memorándum con Irán, en donde CFK también fue sobreseída junto al resto de los implicados, entre los que están el Procurador del Tesoro Carlos Zannini o el viceministro de Justicia Juan Martín Mena. Ese expediente también estaba ante un tribunal oral que, previo al debate, resolvió que aquel acuerdo fue una decisión política no judiciable.
A diferencia de Los Sauces-Hotesur, aquí el cierre de la causa fue apelado por la querella de la DAIA y de los familiares de las víctimas. El fiscal de juicio Marcelo Colombo había apelado la resolución, pero el fiscal ante Casación Javier De Luca desistió del recurso por inexistencia de delito y la forma en la que se reabrió la causa. La definición sobre ese caso viene más lenta que en Hotesur.
La Sala I de Casación ya tuvo dos resoluciones claves en causas de CFK. Con los votos de Barroetaveña y Petrone y la disidencia de Figueroa que habló de “fotocopias”, el tribunal convalidó las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. El trámite hacia ese futuro juicio avanza. En tanto, con el voto de los tres jueces, firmó el sobreseimiento en la causa dólar futuro. No es una causa cerrada aún. El fiscal Raúl Pleé llevó su apelación a la Corte Suprema que tendrá la decisión final sobre ese expediente (y los del resto, como el caso de los aviones que llevaban muebles al sur, una causa cerrada recientemente en Casación).
Ruta del dinero
Una muestra de cómo cualquier decisión judicial impacta en el escenario electoral la tuvo el fiscal Guillermo Marijuán, cuando el 24 de mayo pasado dictaminó por el sobreseimiento de la vicepresidenta en la única causa en la que, aún desfilando en indagatoria, no había sido procesada. Al día siguiente, la vicepresidenta encabezaba un acto en Plaza de Mayo para homenajear los 20 años de la llegada del kichnnerismo a la Casa Rosada y se especulaba con que allí anunciaría quién sería el elegido para ser el candidato a presidente. Ese anuncio no ocurrió.
Pero el momento en que trascendió el contenido del dictamen generó reacciones inmediatas en la oposición. La causa conocida como “la ruta del dinero k” no la había incluido a la ex presidenta entre los que enfrentaron el juicio oral y en el que Lázaro Báez fue condenado por lavar más de 50 millones de dólares. La suerte de CFK seguía analizándose en instrucción e incluso su defensa había pedido el año anterior su sobreseimiento, un pedido que retiró antes que se pronunciara la Cámara Federal cuando trascendió que no tendría éxito.
Marijuan culpó a un fallo de Casación que revisó la sentencia de Lázaro Báez. Allí el voto de la jueza Angela Ledesma aseguró que el dinero que se lavó no venía de la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción. Su colega Javier Carbajo ratificó, como había dicho el tribunal oral, que ése había sido el origen junto a la facturación trucha. Mariano Borinsky dijo que ya estaba probado que había existido irregularidades en esa facturación y con eso alcanzaba. Un dato al pasar que dejó ese fallo: las hijas de Báez fueron absueltas porque tuvieron un “rol marginal” en los negocios de su padre.
Con esa suerte, Marijuan afirmó que ese fallo sellaba el expediente en donde durante 10 años se investigó a CFK y no se encontraron pruebas directas sobre su participación en el dinero que mandó Báez a Suiza, en sintonía con lo que había declarado inicialmente el arrepentido Leonardo Fariña.
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El juez Sebastián Casanello aceptó el dictamen y dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta, pero una ONG vinculada al ex titular de la UIF macrista, Mariano Federici, cuestionó la decisión. ¿Cómo? Pidiendo ahora ser querellante en el expediente. El juez ya les dijo que no pero la entidad apeló a la Cámara Federal. Los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi deberán resolver si abren esa puerta en este expediente que, como un efecto dominó, podrían tener implicancia en otras causas.
Vialidad y una revisión de condena que quedará para 2024
Cristina Kirchner sostuvo que fue proscripta de competir en esta elecciones tras el fallo de diciembre pasado que la condenó a seis años de prisión por corrupción. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 usaron la histórica figura del caballo de Troya para graficar lo que la vicepresidenta hizo durante sus dos mandatos presidenciales con la obra pública en Santa Cruz: dictó una serie de resoluciones para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez que escondían como finalidad que parte de esos fondos sean destinados a negocios de la familia en las compañías “Los Sauces” y “Hotesur”.
La condena por defraudación al Estado trajo consigo la inhabiitación para ejercer cargos públicos. El fallo fue apelado por la fiscalía, que busca. que también sea condenada por asociación ilícita, y por las defensas que quieren absoluciones. Frente a ello el fallo no está firme.
Será la Sala IV de Casación la que revise esa condena. Tras los rechazos de distintas recusaciones, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky se encargarán del análisis. El tercer juez -tras la salida de Carbajo por su voto en la causa por la ruta del dinero- será por sorteo Diego Barroetaveña.
Con la conformación del TOF, recién ahora comenzará el análisis de la causa que tiene una serie de pasos estipulados que no se cumplirán antes del año próximo, tal como había adelantado Infobae a inicios del 2023. Sea cual sea esa decisión, el fallo solo quedará firme cuando tenga un pronunciamiento de la Corte Suprema.
El intento de asesinato, el teléfono de Milman y el futuro de Revolución Federal
El próximo 1 de septiembre se cumplirá un año del intento de homicidio contra CFK. La vicepresidenta llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal, donde la esperaban simpatizantes y se coló entre ellos Fernando Sabag Montiel quien le apuntó con un arma en la cabeza. Gatilló al menos una vez pero no había bala en la recámara y el tiro no salió. Fue atrapado por militantes. CFK siguió saludando. Recién se dio cuenta de lo que había sucedido cuando entró a su casa.
Sabag Montiel está preso desde esa noche. Unos días después cayó su novia Brenda Uliarte, que estaba en ese lugar y se fue disimuladamente. A los dos el fiscal Carlos Rívolo los acusó de ser coautores del intento de homicidio agravado, cuando pidió enviarlos a juicio oral para que allí se dirima una condena. También está preso Nicolás Carrizo, el jefe de los “copitos” procesado por ser partícipe secundario. El Tribunal Oral Federal 6 será el encargado de llevar adelante el debate, según se resolvió en junio.
Mientras tanto, una parte de la investigación sigue en manos de Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, sobre la que la querella ha apuntado con diversas recusaciones que no prosperaron. Y allí aparece la hipótesis sobre la autoría intelectual del atentado, que para CFK apunta al diputado del PRO Gerardo Millman, luego de un asesor legislativo del Frente de Todos dijera haber escuchado a ese legislador decir dos días antes del ataque en un bar del Congreso “cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”. Las dos secretarias que estaban con él en el bar negaron que Milman haya dicho eso y, después de idas y vueltas, sus teléfonos fueron secuestrados. Una de ellas aclaró que lo había cambiado, y la otra que lo había borrado asesorada para que no se filtraran sus fotos íntimas.
A fin del año pasado, esa secretaria que ya no trabaja más con Milman se presentó en tribunales para decir que el borrado había sido frente a Milman, su ex amiga y un perito en las oficinas de Patricia Bullrich. Dijo que también borraron el del legislador. Y es más se quejó porque apenas puso tuvo un teléfono nuevo las mismas fotos aparecieron. Esa situación redobló los cuestionamientos de la querella de CFK.
El fiscal Rívolo pidió secuestrar el teléfono de Milman. La jueza, sin embargo, le dijo que no: aseguró que en base a la propia postura del Ministerio Público Milman no está imputado, que hay un criterio restrictivo para investigar las comunicaciones de legisladores y que para secuestrarle el teléfono se necesitaría un proceso de desafuero.
Pero fuera de todo pronóstico, Milman decidió autoimputarse: presentó un abogado defensor que participó en la audiencia ante la Cámara Federal en donde se pedía el secuestro de su celular. El defensor rechazó el pedido y aseguró que se trataba de una excursión de pesca para involucrar a su cliente en esta causa. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si hace lugar o no al planteo.
Por cuerda separada, se tramita la causa que investiga la actividad de Revolución Federal, la organización antikirchnerista que motorizaba acciones violentas contra la vicepresidenta y su gobierno. CFK está convencida que tuvieron vinculación con su atentado, pero ni en esta causa ni en la del atentado se encontraron pruebas directas que confirmen esa hipótesis. Sí apareció la empresa Caputos Hermanos, de la familia de un ex funcionario macrista, contratando al líder de la agrupación Jonathan Morel para fabricar unos muebles, que para la querella son la prueba del financiamiento de los actos violentos contra la vicepresidenta. Por eso ha pedido la indagatoria de Rossana Caputto. Morel y el resto ya fueron procesados. Uno de ellos, Leo Sosa, volvió a tuitear esta semana. “Si el dólar blue llega a los 600$ la semana que viene Revolución Federal vuelve a las calles de forma definitiva. Renunciá, hace algo @CFKArgentina”.
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