El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la aprobación del acuerdo de cumplimiento que el año pasado firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención ilegal en Chubut de Diego Armando Pacheco.
La decisión fue tomada en el decreto 388/2023 que lleva la firma del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, del canciller, Santiago Cafiero, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
La causa en la CIDH se inició en mayo de 2004 cuando el organismo recibió un pedido de Arnaldo Hugo Barone y de Jorge Fabricio Benesperi, Defensor General y Secretario de la Defensoría General de la provincia del Chubut, respectivamente, que denunciaron al Estado argentino por su responsabilidad internacional en la acción ilegal.
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El 28 de junio de 2021 la CIDH determinó la responsabilidad del Estado argentino por la violación “del derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, del principio de legalidad y de su deber de adoptar medidas de protección especial a los adolescentes en conflicto con la ley penal”, según el decreto publicado. Y que, en consecuencia, recomendó al Estado Nacional “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos detalladas en el Informe mencionado, tanto en el aspecto material como inmaterial”, agrega el decreto.
El acuerdo establece que el gobierno argentino debe publicarlo en el Boletín Oficial para darle publicidad, lo mismo que en diario de Chubut y de circulación nacional. Que se le garantice a Pacheco el acceso a un proceso penal con todas las garantías procesales y que se le pague una indemnización, la que será determinada por un tribunal especial. “Que en línea con la habitual política de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se inició un proceso de diálogo entre el estado argentino y la parte peticionaria, tendiente a explorar la posibilidad de arribar a un Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones” , explica el decreto.
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Y agrega que “finalizado el proceso de consultas de rigor”, las partes convienen “constituir un Tribunal Arbitral ´ad-hoc´, a efectos de que determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas al peticionario conforme a los derechos cuya violación ha sido declarada por la CIDH”.
El decreto destacó que “que la República Argentina es Estado Parte de la Convención Americana sobre derechos humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica aprobada por la citada Ley Nº 23.054, instrumento instituido con jerarquía constitucional según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional”.
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