Arranca el juicio oral a Walter Bento, el juez acusado de ser jefe de una banda que cobraba coimas a cambio de favorecer imputados

Mientras espera el jury en su contra que definirá si puede seguir siendo el juez federal de Mendoza, Walter Bento desde hoy en el banquillo de los acusados. Es que así, con su condición de juez —suspendido en funciones después de tiras y aflojes en el Consejo de la Magistratura—, Bento será juzgado junto a otra treintena de personas por delitos que van desde cohecho activo (coimas), lavado de activos y enriquecimiento ilícito hasta violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Será un escenario sin precedentes. El juez que hasta el 31 de mayo ocupó su despacho en los tribunales federales de Mendoza será el eje de un debate oral en donde también están acusados su esposa, dos de sus hijos, abogados, policías, contrabandistas y narcotraficantes. A Bento se lo señala como jefe de una asociación ilícita. Si no tuviera fueros, estaría detenido. Aún sentado en el banquillo y suspendido en su cargo, mantiene su condición de juez.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza, con competencia electoral. Por su juzgado pasan causas contra el crimen organizado pero también el control de las elecciones presidenciales en Mendoza que esta vez no estarán bajo su mirada. Católico, hincha de Boca y coleccionista de búhos, Bento fue nombrado durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el aval del histórico operador del peronismo mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón. En 2011 ordenó un resonante allanamiento con la Gendarmería en Cablevisión, en pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín. En aquel momento, la Corte Suprema anuló su intervención y Bento enfrentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que terminó desestimada, con el aval del kirchnerismo.

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“Esta causa es una cama armada”, dijo Bento en octubre pasado cuando se presentó ante el Consejo de la Magistratura que lo investiga por mal desempeño. “No soy ningún monstruo y muchos menos corrupto. Estoy acá para demostrar la inocencia que estoy gritando a los cuatro vientos, porque soy honesto”, afirmó.

El blanco de sus críticas fue el fiscal que lo investiga, Dante Vega, quien fundó la acusación que ahora lo lleva juicio oral y pedirá seguramente su condena. “El problema que tiene él es el expediente y las pruebas recolectadas”, afirmó el representante del Ministerio Público cuando se lo consultó sobre las palabras de Bento. Más tarde, el juez suspendido fue extendiendo sus cuestionamientos a los jueces que validaron el expediente.

Todo indica que repetirá esta estrategia de la defensa cuando a Bento le toque declarar y responder sobre las pruebas en su contra. El abogado Mariano Cúneo Libarona, que se encargó de representarlo ante el Consejo de la Magistratura y la instrucción, dejó su defensa en las últimas semanas. Según trascendió, por común acuerdo.

Quien ahora se hará cargo de su defensa es el abogado Mariano Fragueiro Frías tanto en el juicio como en el jury, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Seguirá colaborando el penalista mendocino, Gustavo Gazali.

De las 29 personas acusadas, 14 están presas. Para el debate está previsto el desfile de unas 750 personas. La causa tiene 50 cuerpos. Para este caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con la colaboración de los Tribunales Orales Federales de la misma ciudad, acondicionó y remodeló la “Sala de Debates” del edificio central: cambiaron pisos, paredes, cableados, conexiones y se renovó todo el equipo tecnológico. Ahora cuenta con una capacidad de 120 personas. También se dispuso reforzar la seguridad.

Tres juezas estarán a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza: Gretel Diamante y María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (de San Juan). “No puede desconocerse la situación institucional que genera un proceso de esta magnitud, habida cuenta que el doctor Bento cumple funciones como Juez a cargo del Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza y de la Secretaría Electoral de la provincia homónima”, había dicho Diamante en abril pasado.

Hubo que salir a buscar magistrados de otra jurisdicción porque los de Mendoza se excusaron. Fue precisamente la dificultad para conformar un tribunal y las prórrogas solicitadas por las defensas lo que terminó demorando un debate oral que tenía, originalmente, fecha de inicio para el 22 de febrero pasado.

Nada indica que, a último momento, no pueda aparecer un “martes 13″ que demore el inicio, especulan en tribunales. Pero por el momento todo esta listo para iniciar el juicio oral el próximo miércoles. Será un debate de tres días por semana, con jornadas desde las 9 hasta las 16:30.

La acusación estará a cargo de la fiscal María Gloria André y de su colega que investigó en instrucción, Dante Vega. Según la fiscalía, el juez otorgaba beneficios procesales —desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso— a cambio de sobornos que consistían —entre otras prestaciones— en pagos de sumas de dinero, generalmente en dólares estadounidenses. Pero Bento no habría operado solo.

De acuerdo a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga —padre de Juan Ignacio—, con quienes gestionaba para concretar los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas procesadas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyas causas intervenía el juez de Mendoza. De la organización también participaban los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba. Por su parte Walter Eduardo Bardinella Donoso se presentaba como el nexo con el mundo del crimen y el proveedor de los posibles “clientes a beneficiar”, en tanto que el comisario José Gabriel Moschetti brindaba un canal de información y cobertura en el ámbito policial.

Fue un asesinato salpicado de narcotráfico lo que se convirtió en la punta del ovillo para llegar a Bento. En marzo de 2020, a inicios de la pandemia, fue detenido el “financista” Walter Bardinella Donoso (40), que estaba prófugo acusado del transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que se comunicaba con el empresario Diego Aliaga (51), un ex despachante de Aduana que se convirtió en informante de la policía y que le decía a sus contactos que en la Justicia Federal le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero. En los mensajes de texto y de voz aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”.

El martes 28 de julio de 2020, Aliaga fue secuestrado y llevado a un depósito donde lo mataron. Su cuerpo fue descartado en un descampado de Lavalle. Lo encontraron en septiembre con una cinta que le cubría la boca. La causa de la muerte fue asfixia mecánica. Por el caso fueron detenidos el socio de Aliaga, Diego Barrera (50), junto a su mujer y los hijos de ésta. También un chofer de la empresa de transporte de los Barrera, que fue quien confesó el hecho y ayudó a encontrar el cuerpo a cambio de ser considerado “imputado colaborador”. Se cree que los Barrera lo mataron para quedarse con dos propiedades y dos autos de la víctima, pero antes quisieron simular un secuestro extorsivo a su familia.

Barrera terminó declarando en la causa contra Bento. “Cuando Diego Aliaga decía ´sí primo’ se arreglaba… primo era el Dr. Bento en las conversaciones”, afirmó. “Diego los grababa a todos y hacía su seguro de vida…”. Según un análisis de teléfonos de Aliaga, se encontraron los 275 contactos con Bento vía Telegram en un lapso de siete meses. La fiscalía subrayó que Bento no entregó su equipo y remarcó que el juez “alcanzó a borrar cincuenta de sus contactos antes de que la Policía evitara esa maniobra, entre ellos seguramente el de Diego Aliaga”.

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“Todo lo que se ha dicho en mi contra es mentira”, dijo Bento en el Consejo de la Magistratura. “La causa por la que estoy aquí sentado se construyó con la declaración de personas procesadas, detenidas o exoneradas de las fuerzas de seguridad por mi”, dijo y señaló que lo que declararon los testigos no se corroboró en ninguna prueba. Y en el expediente afirmó: “Sólo se ha acreditado, y con cierta provisoriedad y falta de certeza, que el vivo de Aliaga u otros pedían dinero”.

“En esta causa se llevaron adelante no irregularidades, sino barbaridades”, dijo Bento y analizó los expedientes judiciales por los que se lo acusa. “No apelé mis procesamientos porque no confiaba en la Cámara Federal. Soy inocente, no cometí ni mal desempeño ni ningún delito y estoy esperando que la causa pase a un Tribunal Oral que sea imparcial”, afirmó.

La elevación a juicio que será leída a inicio del debate oral, de casi 700 páginas, sostiene: “Se ha comprobado que la banda investigada giraba en torno a la actividad judicial por lo que resulta lógico que su jefe sea un juez, o sea quien ostenta el poder de paralizar una investigación en curso o, una vez iniciada, de conceder los beneficios espurios pactados con los sobornadores en los expedientes radicados en el Juzgado a su cargo. En el colectivo delictivo investigado es el Juez Federal quien está investido de imperio para tomar las decisiones últimas en cada cohecho pergeñado por la banda. A él le reportaban los organizadores (particularmente Diego Aliaga y Jaime Alba), mientras que la esfera de actuación de los miembros de la banda (particularmente los abogados) se manifiesta en actos concretos en los expedientes. También se ha demostrado que Luciano Ortego actuaba frecuentemente en los expedientes, sin perjuicio de su rol en la organización delictiva”.

“El Juez Federal es, en suma, el jefe de esta organización ilícita, la persona cuya posición de mando se revela incluso en los diálogos o chats telefónicos intercambiados entre organizadores y miembros de la organización quienes aluden al mismo con distintos apodos que denotan esa posición: ‘Número 1′, ‘Gran jefe’, ‘Jefe de los buscas’ o ‘Rey de reyes’”, se afirmó.

Para el Ministerio Público, “Walter Bento es quien siempre consuma los cohechos pasivos que se incluyen en esta investigación. Incluso cuando actúa en forma individual observa un comportamiento que se repite en sus notas esenciales y que esta Fiscalía ya determinó en el primer dictamen que presentó en esta causa (requerimiento de imputación del 3 de mayo de 2021). Su actuación como jefe del colectivo ilícito o en forma individual se encuentra suficientemente probada en la causa, siendo infructuoso su descargo, efectuado en sus declaraciones indagatorias verbales o en escritos adicionales presentados junto con sus abogados”.

La modalidad delictiva seguida por Walter Bento, para la fiscalía, se daba en varios pasos: 1) Los sobornos se acordaban o pagaban con independencia de la gravedad del delito; 2) las maniobras ilícitas se concretaban en causas penales; 3) para consumar los delitos se valió de la buena fe de prácticamente el resto de los actores judiciales y 4) en esa empresa desnaturalizó dolosamente las formas procesales.

“La banda no necesitaba armar causas, Aprovechaba causas en marcha. El mecanismo de la coima para tener beneficios ilegales. Tenemos probados contactos con presos en la cárceles sino en familiares”, explicó el fiscal al hablar de su escrito. Para los acusadores, esas coimas cobradas fueron a parar al patrimonio del juez y su familia, procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se analizaron sus declaraciones juradas desde 2005. Aparecen cuantiosos bienes y viajes.

La acusación formulada por el fiscal Dante Vega y sus colegas cotitulares de la PROCELAC, Diego Velasco y Laura Roteta, comprende a:

• Jaime Andrés Alba Nortes: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de autor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por cuatro hechos.
• Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho, con relación a su propia intervención como sobornador.
• Juan Ignacio Aliaga Lottero: falso testimonio en calidad de autor.
• Luis Francisco Álvarez López: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real con abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por un hecho.
• Javier Leónidas Angeletti Ratfopol: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cinco hechos, todos a su vez en concurso real.
• Alejandro Matías Armayo Ciacera: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos, todos a su vez en concurso real.
• Walter Eduardo Bardinella Donoso: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
• Carlos Federico Barón Knoll: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
• Martín Rodolfo Bazán Guerra: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho.
• Walter Ricardo Bento Vega: asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo por quince hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; todo a su vez en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor, a su vez en concurso real con abuso de autoridad por diez hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
• Nahuel Agustín Bento Boiza: lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público.
• Marta Isabel Boiza Yorino: enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real.
• Marcos Adrián Calderón Devias: cohecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho respecto de su propia situación como sobornador.
• Mariano Enrique Castro Hoyos: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
• Leandro Emanuel Cirot Maldonado: cohecho activo agravado en calidad de partícipe criminal secundario por un hecho.
• Walter Aníbal Costa Sgró: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Enrique de la Cruz Rodríguez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Daniel Gonzalo Martínez Pinto: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Jessica Melisa Miere Reyna: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de partícipe primaria.
• Jorge Omar Miranda Anaya: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• Juan Carlos Molina Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor.
• José Gabriel Moschetti Retamales: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con violación de secretos, este a su vez en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público.
• Eugenio Javier Nasi Pereira: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• Cristian Oscar Oliva Suárez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• Javier Santos Ortega Pérez: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• Luciano Edgardo Ortego Hernández: asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en siete hechos, todos a su vez en concurso real.
• Leopoldo Antonio Ríos Santander: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor en cuatro hechos, todos a su vez en concurso real.
• Omar Armando Rodríguez Cichinelli: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.
• José María Sanguedolce Cadile: cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.

El principal acusador de Bento fue el diputado del PRO Pablo Tonelli, que hoy ya no integra el organismo que analiza la labor de jueces. Después de casi dos años de debates y postergaciones, en donde se acusaba al oficialismo de brindarle protección, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión en el cargo y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza Walter Bento por presunto mal desempeño de sus funciones por 10 delitos por los que tiene ocho procesamientos firmes. La decisión se tomó el 31 de mayo. Ahora, todo quedó en manos del jury que resolverá su futuro como magistrado.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros que son elegidos por sorteo para un determinado período, por lo que quienes intervendrán en el caso de Bento están designados desde antes que el juez pase a jury. Los integrantes son los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra ; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.

La Constitución Nacional establece que el Jurado tiene 180 días hábiles para procesar desde que recibe la causa. Ese plazo vence a fines de noviembre. Si para ese momento, el juicio no culminó, Bento será repuesto en su cargo. Es probable que por la dimensión que tiene la causa, no llegue a terminarse en ese plazo. Y allí, de ser así, se abrirá entonces otro intenso debate.

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