Narcotráfico: la Procuración habilitó los 27 cargos de fiscal federal penal para Santa Fe

El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal habilitó los veintisiete cargos de Fiscal Federal Penal que fueron creados por el artículo 3° de la Ley N°27.715 de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Los citados cargos se distribuirán a partir del 1° de agosto, de manera provisoria, para coadyuvar con las y los fiscales existentes en la jurisdicción, hasta tanto se pongan en funcionamiento las Unidades y Sedes Fiscales Descentralizadas en ese territorio, de acuerdo con el diseño previsto para la implementación del sistema acusatorio y se designen sus titulares mediante dos concursos en marcha.

Por Decreto N°255/23 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.715 que, entre otras decisiones, dispuso la creación de veintisiete cargos de fiscal: quince para la ciudad de Rosario, siete para la de Santa Fe, uno para cada una de las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas de la provincia de Santa Fe; y otro para San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. También se crearon nueve cargos de defensor oficial y catorce de juez con competencia penal en la Jurisdicción Federal de Rosario.

La implementación de la norma había quedado supeditada al otorgamiento del crédito presupuestario correspondiente. Así, el 1° de junio pasado, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante Resolución Administrativa N°435/23, la ampliación del presupuesto que incluyó los referidos cargos.

Según se informó oficialmente, la decisión del Procurador general de la Nación interino se inscribe dentro del conjunto de acciones que se vienen ejecutando para el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Ello, a fin de lograr condiciones propicias para la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, conforme lo estableció la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Federal de la Nación por Resoluciones Nº2/19 y N°1/20.

De este modo, y sobre la base a de exclusivos criterios de gestión estratégica de los recursos que se derivan de la política de persecución criminal del organismo, se decidió fortalecer la representación del Ministerio Público Fiscal desde la primera instancia. La decisión no sólo implica un refuerzo cuantitativo de estas dependencias, dado que los nuevos cargos de fiscal no tienen asignada actuación exclusiva ante una instancia específica, sino que, por el contrario, conforme al artículo 2 de la Ley Nº27.715, quienes sean designados pueden desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantías, revisión, de juicio y ejecución del distrito correspondiente a la ciudad donde estén asentados.

En tal sentido, las nuevas vacantes se distribuirán para reforzar la actuación de las fiscalías federales que actúan ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás y la de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Asimismo, y como consecuencia de las pautas de reorganización funcional impartidas, se reasignaron auxiliares fiscales para las fiscalías generales ante los Tribunales Orales Federales y para las Unidades que actúan en causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Santa Fe y Rosario.

Además, y en línea con la permanente política del MPF para fortalecer las actividades de investigación referidas al fenómeno del crimen organizado en la jurisdicción, se reforzó con fiscales coadyuvantes las sedes regionales de las Procuradurías de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), para que, desde el propio territorio, coadyuven con sus titulares.

Por otra parte, se dispuso la puesta en funcionamiento, a partir del 15 de agosto, de la Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de San Lorenzo, a fin de concretar la decisión legislativa de otorgarle autonomía jurisdiccional a ese departamento. Ello, para posibilitar la intervención -de modo más directo- en las políticas de seguridad locales que tienen impacto a nivel federal, con una presencia concreta en la comunidad a la que se dirige, lo que facilita el acceso de las víctimas y la inmediación con los testigos, al tiempo que favorece el desarrollo de líneas de investigación que requieren conocimiento del territorio.

Además, se dispuso que, para la designación de los fiscales coadyuvantes, debían considerarse las propuestas de las y los magistrados a cargo de las dependencias que fueron reforzadas, dado que serán las y los encargados de coordinar y distribuir las tareas. Finalmente, la resolución subrayó que el nuevo marco deberá entenderse como un esquema de actuación flexible que se irá adaptando, de acuerdo con el desarrollo de la implementación, a las necesidades institucionales, a las contingencias propias de la actividad y a las decisiones de los demás actores del sistema de administración de justicia, a quienes se notificaron las medidas de modo de continuar promoviendo el trabajo coordinado que exige la grave realidad que atraviesa ese territorio.

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