A 29 años del ataque a la AMIA: el prófugo que escapó a tiempo, los papeles de inteligencia y el cansancio de las víctimas

“La investigación por el atentado a la AMIA fue una carrera de obstáculos desde el día uno”. La frase no la dice cualquier observador. Es Sebastián Basso, actualmente a cargo de fiscal de la UFI-AMIA, el que reconoce ante Infobae las dificultades para dar con los responsables del ataque que en la mañana del 18 de julio de 1994 asesinó a 85 personas en los alrededores de la sede mutual judía, en el barrio porteño de Once. El 29 no es un número redondo, pero es igual de frustrante: 29 años después, el peor atentado terrorista que vivió la Argentina está impune y las víctimas están cansadas de seguir esperando Justicia. Si hasta las últimas novedades sobre la orden de captura de cuatro nuevos sospechosos se oyeron con desgano y recelo.

Y, sin embargo, son las novedades más importantes que tuvo el expediente desde hace tiempo. Hace un mes, el juez federal Daniel Rafecas hizo lugar al pedido que venía motorizando Basso desde fines del 2022 y firmó la orden de captura nacional e internacional de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda, cuatro miembros de Hezbollah, sospechados de haber prestado su colaboración para la voladura de la AMIA. Los tres primeros residirían en las zonas de la Triple Frontera, entre las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este.

El Reda, que ya está declarado prófugo de la Argentina por la voladura de la Embajada de Israel en 1992, se encontraría en El Líbano. Las sospechas sobre la familia “El Reda” no son nuevas, desde siempre estuvo en la mira Salman “Samuel” El Reda, su hermano. Hoy se sabe que oficialmente su nombre es Salman Raouf Salman, más allá de que se movía con varias identidades.

Lo que la fiscalía da por probado es que Salman era un agente operativo en el exterior del Hezbollah libanés, que a la época de los atentados terroristas residía entre la Triple Frontera y Buenos Aires y que tenía vínculos estrechos, a través de su cuñada, con Mohsen Rabbani, el ex agregado cultural de Irán. Rabbani, como se recordará, también tiene un rol clave en el ataque y está prófugo, con circular roja de Interpol.

Su hermano siempre se movió con él como su sombra. El entonces joven ya había tenido problemas con la justicia en los años 90, cuando lo atraparon con “superdólares”, pero logró ser excarcelado gracias a su hermano y nunca más apareció por el país. Para los investigadores está claro que los dos fueron parte de las operaciones de carácter terrorista del brazo armado y clandestino de Hezbollah para concretar los atentados de la AMIA y la Embajada.

Te puede interesar La historia de los hermanos El Reda, prófugos y acusados de haber volado la AMIA: nombres falsos, “superdólares” y Triple Frontera

El mismo día que en los portales de los diarios anunciaban la orden de captura de los cuatro nuevos buscados, uno de ellos, Mouzannar, salió de Paraguay. La noticia había sido adelantada por su abogado a una radio de ese país. Explicó que su cliente no tenía nada que ver con el ataque y que salió de Paraguay “para alejarse del peligro y que nosotros podamos trabajar tranquilos y no bajo presión”.

Según indicaron a Infobae las fuentes consultadas, el reconocido comerciante de la Triple Frontera está en el Líbano. Salió de Paraguay rumbo a Brasil, y de ahí abordó un vuelo con tickets que compró su esposa via Doha a Beirut. Desde allí, y con los movimientos de un abogado argentino, hizo saber en la causa que no se fugó, que viaja habitualmente al Líbano para visitar a su madre enferma y que está a disposición para prestar colaboración.

Pero Mouzannar no quiere declarar detenido. Dificílmente, pueda concedérsele el deseo, dicen fuentes judiciales a este medio. Está acusado de un crimen que implica detención. Las declaraciones vía zoom que se tomaron en la causa fueron testimoniales, no indagatorias y es extraño analizar la sujeción del imputado al proceso si está fuera del país. Por mucho menos, en cualquier caso, se niegan excarcelaciones.

En Paraguay, a pedido de la Unidad de Información Financiera argentina, ya se congelaron sus bienes y la inclusión de sus nombres en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La causa sostiene que la explosión fue ideada y preparada por quienes por entonces ejercían el poder en la República Islámica de Irán, y que fue ejecutada por la organización terrorista libanesa Hezbollah. Hay ocho pedidos de captura sobre los sospechosos que se resisten a ser indagados por los tribunales argentinos. Algunos de esos imputados, sobre los que pesan cinco alertas rojas de Interpol renovadas hasta 2027, circulan por el mundo sin ser atrapados gracias a pasaportes diplomáticos.

La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (por entonces Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).

También figura Imad Fayez Moughnieh, quien estaba a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa y acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer, ya falleció al igual que el ex presidente Rafsanjani y por lo tanto se ordenó sus respectivos sobreseimientos. A esa lista se sumaron ahora los sospechosos del Líbano.

“Los viejos prófugos están en Irán y los nuevos están en el Líbano. Y ya sabemos que, al igual que Irán, Líbano no va a colaborar nunca para que sean juzgados por otro Estado”, admiten a Infobae los investigadores judiciales.

Uno de los problemas con los que se topó una y otra vez la investigación fue con que las fuentes de información son de inteligencia y es muy difícil traducir eso al mundo judicial. Lo decía el propio Alberto Nisman en enero de 2015 tras denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por haber intentado encubrir el atentado a través de la firma del Memorándum y antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en el baño de su departamento.

En el 2015, se ordenó la desclasificación de toda la documentación de inteligencia relacionada a la causa. Pero se trata de una tarea titánica. Y fueron años de idas y vueltas hasta poder acceder. En el medio, apareció la pandemia. Y cuando estaban por llevar los documentos al palacio Barolo, hubo que sacar las ratas y solucionar los problemas de inundaciones y después resultó que el edificio tenía asbesto. Recién hace unos días se logró mudar gran parte de esos archivos que estaban depositados en una sede de la ex SIDE y ahora faltan llevar lo de una segunda base de inteligencia.

El año pasado, el juez Daniel Rafecas exhortó a la fiscalía y al Ministerio de Justicia a entregar la información desclasificada. Hasta que la totalidad de esos documentos no sean revisados, no se resolverá sobre un pedido de 32 sobreseimientos que formuló la fiscalía y que todavía no está resuelto. La expectativa de querellas como Memoria Activa y APEMIA es encontrar más pruebas de la responsabilidad del Estado argentino por la mala investigación, mientras que las entidades descreen que entre ese material pueda estar la clave de los que pusieron la bomba y sus cómplices.

Por lo pronto, los familiares están accediendo a esa documentación de a poco, por la complejidad que es digitalizarla o individualizarla rápidamente. En la fiscalía hay un equipo especializado -varios de ellos vienen de la comisión de la memoria- para poder clasificarla.

El 18 de julio de 1994, a las 9.53, un coche-bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, la combinación entre nitrato de amonio, con el agregado para potenciar el nivel de destrucción de aluminio, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. La explosión provocó la muerte de 85 personas y heridas en 151, además de destrozos en 200 metros a la redonda.

La confirmación llegó a través de una reconstrucción que se hizo al año del ataque, en las instalaciones de una fábrica de pólvoras y Explosivos “FANAZUL”, en Azul. La camioneta Trafic que se usó quedó destrozada, casi en un calco de la que estalló en la AMIA.

Con este peritaje se descartó las teorías que circulaban desde el inicio: desde que pudo ser una implosión hasta que la bomba estaba en el volquete que estaba frente a la AMIA y que, en realidad, se cree que sirvió como señal útil para el conductor suicida. Lo probaron incluso las detonaciones que se hicieron en un volquete. Aún así, al día de hoy, algunos dudan de la existencia de la camioneta bomba.

De las camioneta se logró recuperar el motor. Esa pieza fue la que llevó ya desde los primeros días de la causa hacia Carlos Telleldin, el reducidor de autos que fue juzgado dos veces como partícipe del atentado. En el primer juicio, sentado en el banquillo junto a policías bonaerenses a los que había acusado de haberse llevado la camioneta bomba de su casa, fue absuelto.

El Tribunal Oral Federal 3 dictó la absolución de los policías y de Telleldin, después de establecer que esa acusación fue producto de un pago “espurio e ilegal” de 400 mil dólares que habían salido de la central de inteligencia, para la publicación de un libro que el reducidor de autos decía que iba a escribir. Apelaciones mediante, la Corte dejó en pie la acusación de Telleldín durante los primeros dos años, antes de la llamada “pista Brigadas”, y debió enfrentar un nuevo juicio.

La Fiscalía y las querellas pidieron para él una condena a prisión perpetua y a 20 años de cárcel. Sostuvieron que Telleldín fue la última persona que tuvo en su poder el motor que se encontró en la AMIA. También destacaron que hizo la venta con papeles falsos -estaba a nombre de Ramón Martínez, una persona con la que estaba enemistada, fraguó la firma y puso un número de DNI que empezaba con 41 millones que para 1994 no existía-; y que cuando ocurrió el atentado se fugó a Misiones, donde fue detenido.

En ese segundo juicio también fue absuelto: a fines del 2020, los jueces entendieron que no podía probar que supiera el destino de la camioneta que entregó. La fiscalía apeló. Telleldín también. “Sigo sin entender la imputación veinte años después”, lamentó.

Hoy Telleldín, recibido de abogado en la cárcel, defiende a Brenda Uliarte, la acusada de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1 de septiembre pasado, junto a su novio Fernando Sabag Montiel.

La Cámara Federal de Casación no solo debe resolver si confirma o revoca la absolución de Telleldín. Por cuerda separada, en otra sala, el máximo tribunal penal del país también tiene que revisar las conclusiones del llamado encubrimiento del atentado a la AMIA.

En ese juicio, de los 13 acusados sentados en el banquillo, cinco fueron absueltos. Entre ellos están dos fallecidos: el ex presidente Carlos Menem y Jorge Alberto “Fino” Palacios, ex jerarca de la Policía Federal y primer jefe de la extinta Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. A los dos los acusan por el desvio de la llamada “pista siria” que, para el tribunal oral, no existió. En cambio, sí fueron condenados el ex juez Juan José Galeano -a seis años de prisión- y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy -a cuatro años y seis meses-. También fueron condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -ambos a dos años de prisión- y Telleldín -a tres años y seis meses-.

Tanto la fiscalía y las querellas como las defensas buscan que esa sentencia sea revocada. Reclamando la condena de los absueltos o la inocencia de los condenados, según a quién se le pregunte. Lo que se analizó allí fueron una serie de sucesos que ocurrieron en el marco de la tramitación de la causa.

Las principales irregularidades denunciadas apuntaron al pago de 400 mil dólares que recibió Telleldín, cuando estaba a punto de cumplirse dos años del atentado. En aquel momento, Telleldín decía en los medios lo que no decía en la causa: que policías bonaerenses se habían llevado la camioneta bomba de su casa, una semana antes del ataque. Cuando sus abogados y familiares consiguieron que la SIDE pagara ese dinero, Telleldín dio los nombres de esos policías, encabezados por Juan José Ribelli, uno de los hombres más prometedores de la entonces policía bonaerense, conocida por esos años como “maldita policía”.

Todo esto quedó al descubierto cuando la llamada conexión local llegó a un juicio oral que tuvo lugar entre el 2001 y el 2004. Allí agentes de la SIDE -relevados del secreto por el entonces presidente Néstor Kirchner- contaron cómo se había hecho la entrega del dinero, selló la suerte del debate oral. En septiembre de 2004, los jueces del TOF 3 absolvieron a todos los acusados y ordenaron investigar a los responsables de todas las irregularidades oídas en el debate. Eso fue lo que derivó en un juicio oral que comenzó en 2015 y terminó cuatro años después.

La última de las causas que está bajo la lupa de Casación es precisamente la denuncia que hizo Nisman antes de su muerte. El 14 de enero de 2015, el entonces fiscal de la UFI AMIA acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman (ya fallecido) por encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la sede de la AMIA a través de la firma del Memorádum con Irán dos años antes. Para el fiscal, se buscaba la impunidad de los iraníes prófugos, a través de la caída de las alertas rojas.

Aunque el juez Daniel Rafecas inicialmente desestimó la causa, el caso fue abierto en Casación y, tras idas y vueltas, el 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini -que no figuraba entre los denunciados por Nisman-, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado. A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros.

Sin embargo, el 7 de octubre del 2021 el Tribunal Oral Federal 8 resolvió sobreseer a todos los acusados. La decisión se tomó cuando ya se avanzaba hacia la fijación de una fecha de juicio. Las visitas al ex presidente Mauricio Macri de dos jueces de Casación que ordenaron reabrir la causa fue el ancla de las defensas para solicitar al tribunal oral la nulidad del debate. En ese contexto, los jueces del TOF 8 resolvieron que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013. “El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, dijeron. Es lo mismo que había dicho el juez Daniel Rafecas.

Pero la DAIA y familiares de las víctimas apelaron el cierre de la causa: quieren que el Memorádum se debata en juicio oral. Es por eso que en la audiencia prevista para el 8 de noviembre hablarán los querellantes de la DAIA y el abogado Juan José Ávila, junto a Mario Averbuch, padre de Yamila, una joven de 20 años que murió en el atentado. El fiscal ante Casación Javier De Luca desistió de sostener el planteo del Ministerio Público para apelar la decisión.

La misma está en manos de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. La jueza cumplirá 75 años el 9 de agosto. Si no logra que el Senado la valide por cinco años más, deberá dejar su cargo. La mirada política y judicial está puesta sobre ella y sus colegas. No solo deben resolver el futuro de la causa Memorándum sino también sobre la causa Hotesur y Los Sauces, en donde también está acusada la vicepresidenta y sus hijos.

En octubre del 2022, el Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas. Lo hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del reclamo que llevaron ante esa instancia los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“El Estado es responsable por no haber prevenido el atentado -dijo Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia-. Es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”.

La funcionaria del Ministerio de Justicia reconoció que el Estado es responsable de lo que ocurrió desde la explosión hasta el decreto del 2005 pero también de lo que sucedió hasta ahora. ¿Por qué? “El Estado no atendió sus obligaciones internacionales. Fueron deliberadamente incumplidas, o parcialmente o injustificado retraso”, dijo. Y planteó sugerencias a la espera de una sentencia de la Corte “para superar todos los obstáculos y avanzar en los lineamientos pendientes”.

Al oír eso, uno de los jueces Ricardo Pérez Manrique le advirtió: “Acá tenemos el antecedente del decreto de 2005 que no fue cumplido. Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar un tiempo, que trataremos que sea el más breve posible”. Por eso instó al Estado “a que no espere la sentencia de la Corte para empezar a dar hechos concretos. Esto sería el mejor resultado de esta audiencia”.

El tribunal internacional quedó desde entonces en condiciones de dictar un condena contra la Argentina que incluya reparaciones económica y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista.

“Seguimos intentando identificar a todos los responsables de este ataque y llevarlos a juicio”, dijo a Infobae el fiscal Basso. “¿Y es posible?”, se le preguntó. La respuesta demoró unos segundos en aparecer: “Ya sabemos quiénes lo planificaron y lo ejecutaron y seguimos buscando más responsables. A 29 años del ataque, se ha perdido mucho tiempo. Lo sabemos. Si la justicia es que haya una condena... Sí, estamos en deuda”.

Eso es lo que sienten los familiares de las víctimas frente a este panorama. “Hay una sensación de hartazgo, de cansancio que seguramente se verá reflejada en los actos de este año. Ni siquiera hubo un gran interés por las nuevas órdenes de captura. Hay un gran divorcio entre lo que se podría estar avanzando y lo que sienten las víctimas”, reflejó a Infobae una fuente con acceso a la causa. El malestar no es solo con la Justicia. Es que hace dos semanas en el Congreso se votó un proyecto para declarar como día de duelo nacional el 18 de julio en conmemoración a las víctimas. “¿29 años después se acordaron?”, reflexionó uno de los familiares cuando supo de la noticia.

Seguir leyendo: