Citaron a indagatoria a los directivos de la fintech Wenance

La fiscal de Instrucción Mónica Cuñarro pidió que sean indagados los ejecutivos que encabezan la Fintech Wenance que, en los últimos días, tuvo graves inconvenientes a raíz de reclamos que hicieron varios inversores que pusieron dinero en la empresa.

El pedido de indagatoria no se relaciona con la situación de aquellos que invirtieron en los fideicomisos creados por Wenance a cambio de intereses superiores a los del mercado y que ahora tienen problemas para obtener lo prometido por la empresa. El dinero que captaban de los inversores- que reclaman los pagos- era prestado a clientes que denunciaron que fueron estafados. Y para la justicia, hay pruebas de ello.

El pedido de citación a indagatoria presentado por la fiscal Cuñarro ante el juez Alberto Baños se basa en estafas reiteradas sufridas por personas que -por diversas razones no califican para pedir préstamos o créditos bancarios- a las que Wenance les otorgó dinero por el que le cobró intereses muchísimo más altos que los que cobran los bancos.

También te puede interesar: Sospechas de un nuevo esquema Ponzi y acusaciones de estafa: la angustia de 3.000 ahorristas de Wenance

El juez citó a Alejandro Muszak, Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone para que declaren en indagatoria a partir del 9 de agosto próximo. Muszak es el CEO de la compañía, en tanto Hardie, Molas y Vallone aparecen vinculados a diversas sociedades del mismo grupo económico. Hardie fue secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando al frente de esa cartera estaba Luis Miguel Etchevehere.

La fiscal, en el pedido de indagatoria de Muszak, Hardie, Molas y Vallone al que accedió Infobae, señaló que: “…la maniobra consistió en otorgarles un préstamo de dinero a través de la firma de un contrato de mutuo, el cual sería cancelado mediante el débito automático del dinero de sus cajas de ahorro en cuotas mensuales y consecutivas”. Según determinó la fiscalía las tasas de interés que cobraba CILSA y luego Wenance eran un 55% -promedio- más altas que las del mercado. Además, una vez cancelados los préstamos, seguían debitando dinero de las cuentas, hecho que, en algunos casos, determinó la quita total de fondos de los damnificados.

La fiscal comenzó a investigar el caso en el año 2017 a por la presentación de denuncias de varias personas que habían sido damnificadas a partir de 2016. Con el paso del tiempo se sumaron más denuncias similares. En 2019 Muszak fue indagado a pedido de Cuñarro y en 2020 el juez Baños dictó una falta de mérito.

Pero la investigación continuó y Cuñarro sumó más pruebas en contra de los que describió como “una organización criminal” y es por ello que -en virtud de 19 casos- reiteró el pedido de indagatorias de los cuatro principales imputados.

Los nombres de fantasía con los que operan las firmas prestamistas del grupo Wenance—que antes era Compañía Inversora Latinoamericana S. A (CILSA)- son, entre otras, Presto, Más salario, Mango o Luquitas. Captaban personas a través de avisos y en las redes sociales. En general los préstamos eran destinados por los clientes a pagar deudas o a alquilar inmuebles. Eran pequeñas cifras con enormes intereses. La empresa otorgaba el préstamo de inmediato y casi sin requisitos en efectivo o mediante tranferencias a las cuentas de los clientes. Para cobrar se hacían débitos directos de las cuentas de los clientes: en algunos casos una vez cancelada la deuda, seguían los débitos. Varios de los damnificados fueron a las oficinas donde habían firmado los papeles del préstamo y no encontraron a nadie. Los ejecutivos de cuentas no contestaban los teléfonos. Y fue por ello que recurrieron a la justicia. El problema de los débitos sin control por parte de entidades como Wenance fue tan grande que el Banco Central aplicó restricciones al sistema para regular ese tipo de retiro de dinero de las cuentas de los clientes.

A las denuncias de los particulares que se vieron afectados, en el expediente a cargo de Cuñarro se sumaron las denuncias hechas por la Dirección de Protección Jurídica del Consumidor de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. También se agregaron los casos que llegaron a dos unidades de la Procuración General de la Nación: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO).

Cuñarro detectó, a partir de las causas que se acumularon en la investigación que lleva adelante su fiscalía: “… Un patrón de comportamiento ilícito, sistemático, organizado y reiterado en el tiempo por parte de Wenance S.A. y las empresas relacionadas, respecto a los tomadores de créditos”.

Algunos de los estafados, como ya se dijo, habían hecho los trámites de manera presencial en oficinas que luego eran cerradas. Pero la fiscal describió el modo de captación de clientes de las firmas de Wenance a través de plataformas digitales. Cuñarro señaló que: “Se encargaban de desplegar publicidad engañosa para poder acceder a un crédito personal a través de diversas páginas. Y, mediante medios informáticos, big data, medios publicitarios masivos por redes sociales, manejo de información privada sin consentimiento a través de terceros que recopilan datos por intermedio de Nosis, Veraz, BCRA, Facebook, Instagram, entre otros, orientaban la publicidad hacia los consumidores con el objeto de persuadirlos para que tomen los créditos con el convencimiento de que alguna vez iban a poder cancelarlos. De esta manera, el cliente entra al enlace de la publicidad ubicado en diversos sitios, para lograr ingresar al sitio web oficial de la empresa y, ahí procede a completar un formulario con sus datos personales. En muchas ocasiones, se comunicaban telefónicamente supuestos “empleados” de la empresa quienes le brindaban un análisis de capacidad crediticia y ofrecían la posibilidad de créditos y, de esta manera se generaba el engaño y el error en las víctimas. Una vez que el cliente accedía a una de las opciones entre los créditos ofrecidos telefónicamente, se le solicitan los datos de su cuenta bancaria y, a partir de allí comenzaban los perjuicios económicos para las víctimas”. Las firmas de Wenance les transferían el dinero a los clientes y comenzaban a debitar. Pero les debitaban más de lo pactado o lo debitaban fuera de término y entonces les recargaban intereses por mora. Es decir que los estafaban.

Según estableció la fiscal Cuñarro Los tomadores de los préstamos a intereses “usurarios” que ofrece Wenance son personas de bajos recursos con sueldos medios y hasta beneficiarios de ayudas sociales. El perfil crediticio no les permite acudir a los bancos entonces terminan pidieron dinero a empresas como la que está bajo investigación.

La fiscal señaló que: “Esto pone en evidencia el aprovechamiento de la necesidad, vulnerabilidad e inexperiencia de las personas que contratan con la firma, pactando intereses que resultan abusivos y que no alcanzan a encontrar justificativo en el riesgo que supone un préstamo a personas que no califican para su otorgamiento dentro del sistema financiero tradicional en donde se requiere el cumplimiento de tantos requisitos que es prácticamente imposible cumplirlos”.

En conclusión, luego de haber comprobado el accionar en muchos casos, Cuñarró imputó a Muszak, Hardie, Molas y Vallone: “…Haber integrado una organización criminal -en la que no se descarta la intervención de otras personas- con la finalidad de desplegar distintas conductas delictivas contra la propiedad de manera sistemática y reiteradas en el tiempo, constitutivas de defraudaciones -incluso mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática-, a través de la cual ofrecían y otorgaban préstamos personales obteniendo una ventaja pecuniaria desproporcionada”.

Y por eso les pidió la indagatoria. Los imputados serán interrogados en agosto próximo.

Seguir leyendo: