La Justicia Federal desbarató una banda que se dedicaba a tramitar pensiones por discapacidad truchas ante la ANSES. Luego de una extensa investigación, que incluye escuchas y seguimientos, el juez federal de San Rafael, en la provincia de Mendoza, ordenó ayer la detención de cuatro personas involucradas, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
La causa fue un desprendimiento de una denuncia promovida por el fiscal federal Guillermo Marijuán y quedó a cargo de su colega de San Rafael, Ignacio Sabas. Durante la investigación, a cargo de la Policía Federal, se determinó que una mujer se hacía pasar como gestora y tramitaba las pensiones por discapacidad ante la ANSES.
Los interesados debían pagar entre $40.000 y $60.000
La gestora, identificada como Norma Bravo, en realidad era un eslabón de una organización más grande de la que formaban parte dos empleadas del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos —dos de ellos traumatólogos y un psiquiatra— quienes lo hacían sin evaluar a los pacientes.
No solo se inventaban patologías sino que también aumentaban los porcentajes de discapacidad de aquéllas personas que no llegaran al mínimo requerido para recibir una pensión.
En principio, según surge de las investigación, las autoridades del Hospital Público Teodoro Schestakow de San Rafael y la Policlínica local, desconocían la actividad ilícita que estas personas realizaban, ya que se manejaban de manera independiente.
La investigación duró al menos tres meses. En el expediente hay seguimientos, filmaciones, y escuchas telefónicas, que prueban el rol de cada uno de los miembros de la asociación ilícita, según reveló el sitio El Diario de San Rafael.
Este miércoles, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas ordenó un total de once allanamientos. Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas acusadas de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita.
La gestora, apodada “mamá Norma”, se reunía en las inmediaciones de las oficinas de ANSES, en donde pactaba el punto de encuentro con sus clientes, lo que también le servía para captar nuevos clientes en el lugar y así iniciar los trámites de pensión. Esta mujer era asesorada por dos abogados, quienes le señalaban cómo debía entrevistarse con los “clientes” para no generar sospechas.
La mujer contaba con un grupo de personas que se encargaban de reclutar personas sin trabajo o con trabajo no registrado para presentarse ante la ANSES. Esos “reclutadores” cobraban un porcentaje de los honorarios.
Luego de evaluar las pruebas presentadas por el fiscal Sabas, el juez de San Rafael ordenó los allanamientos y las detenciones requeridas. Durante los procedimientos se secuestró documentación, varios teléfonos celulares de los imputados, notebooks, computadoras y más de 500 mil pesos.
Además de la gestora, también quedaron detenidas Silvina Alejandra (53), Claudia Silvina Bustos (49) y Sonia del Carmen Rodríguez (54). Además están imputados Javier Alberto Hernández (médico), Fernández Damián Paulino (médico psiquiatra), Francisco Navarro (médico), y Eva Antonia Bravo (empleada pública).
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