9-A: la fecha clave para una jueza que tiene agendada en rojo la política y Comodoro Py

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa cumplirá 75 años el próximo nueve de agosto. No solo será un día de celebración para ella y sus familiares sino que está marcado en rojo en el calendario de la política y de los tribunales de Comodoro Py. La Constitución Nacional marca que a los 75 años los magistrados deben dejar el cargo. Hay una excepción: que el Senado le de un nuevo acuerdo por cinco años. Ese proceso está en marcha para Figueroa pero todo indica que no lo obtendrá porque el oficialismo no tiene los votos para convocar a una sesión y tratar su pliego.

Así, por una resolución del Ministerio de Justicia y fallos de la Corte Suprema, Figueroa debería dejar el cargo. Pero algunos antecedentes le juegan a favor y otros en contra. Se podría generar una disputa política sobre su continuidad.

El lugar de Figueroa es clave por dos motivos. Uno es que es una de las juezas que debe resolver dos causas clave para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Son la firma del memorándum de entendimiento con Irán y Los Sauces- Hotesur. Los dos expedientes ya están en condiciones de resolver. Para eso quedan, desde mañana, 12 días hábiles hasta el 9 de agosto porque del 17 al 28 de julio está la feria judicial de invierno.

Figueroa asumió como jueza de Casación en noviembre de 2011. Pidió continuar después de los 75 años y el gobierno de Alberto Fernández lo avaló con el envío del pliego al Senado para que continúe cinco años más. La Comisión de Acuerdos del Senado convocó a Figueroa a una audiencia pública a fines de mayo y luego la mayoría kirchnerista firmó el dictamen para que se trate en el recinto, con el rechazo de la oposición.

La audiencia estuvo cargada de tensión política. La oposición planteó su cercanía con el kirchnerismo y que tenía frenada la decisión sobre la causa de Los Sauces-Hotesur. Figueroa rechazó la objeción y el oficialismo dijo que hay un ensañamiento.

Lo que resta para que Figueroa continúe como jueza de Casación es que el pleno del Senado apruebe su pliego. Pero ahí está hoy el mayor escollo. Para abrir una sesión se necesitan 37 senadores y el oficialismo tiene 33. Juntos por el Cambio ya dijo que no dará los suyos porque no avala la continuidad de la jueza y el kirchnerismo necesita de bloques aliados que tampoco los consigue.

En el medio están las elecciones PASO del 13 de agosto -cinco días después de los 75 años de Figueroa- que tiene a toda la política en campaña y con el eje fuera de lo que ocurre en el Senado. A eso se suma que el cambio de gobierno que ocurrirá en diciembre significará un barajar y dar de nuevo en los reacomodamientos del poder que abre otro panorama en el nombramiento de jueces. Por eso, nadie cree que de acá al 9 de agosto el Senado sesione.

En ese panorama, el 9 de agosto Figueroa dejaría de ser jueza. Quienes sostienen esa postura, principalmente en la oposición, señalan que desde 2017 rige la resolución 521-E del Ministerio de Justicia. La firmó el entonces ministro Germán Garavano durante el gobierno de Mauricio Macri. Es el “Reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años de edad”.

Allí se fija que “en el caso que el Honorable Senado de la Nación no prestare el acuerdo necesario en forma expresa, o no lo hiciera a la fecha que el Magistrado en cuestión alcanzare los setenta y cinco (75) años de edad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos notificará al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a la Procuración General de la Nación, o a la Defensoría General de la Nación -según el caso- a fin de que se sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante”. Es decir que deja el cargo y se abre un nuevo concurso para cubrirlo.

Esa resolución fue validada por el gobierno nacional hace dos semanas. Fue cuando se publicó en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria, el decreto 326 por el cual se aceptó la renuncia del también juez de la Casación Federal Eduardo Riggi por cumplir 75 años. Riggi pidió un nuevo acuerdo para seguir, el gobierno lo envió al Senado -lo que llamó la atención que siempre estuvo enfrentando con el kirchnerismo- pero nunca se trató. Y en ese decreto el Poder Judicial resaltó que el nuevo acuerdo se pidió “en los términos establecidos en la Resolución 521E/2017″.

A eso se suma un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso “Schiffrin”. Es por el ex juez de la Cámara Federal de La Plata Leopoldo Schiffrin. La resolución es de 2017 y allí la Corte reafirmó la vigencia del artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo de la Constitución Nacional de que los jueces que cumplen 75 años deben tener acuerdo del Senado para seguir cinco años más. Lo firmaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en disidencia votó Carlos Rosenkrantz. Es la actual integración del máximo tribunal.

El fallo “Schiffrin” fue ratificado en abril pasado en un caso que se puede aplicar a Figueroa. Es el del ex juez de la Cámara Civil Víctor Fernando Liberman. El magistrado cumplió en abril 75 años y pidió el acuerdo para continuar cinco años más. El gobierno lo envió al Senado pero nunca se trató. Cerca de cumplir los 75, Liberman se presentó en la justicia y pidió una medida cautelar para seguir en el cargo hasta que el Senado se expida. El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa rechazó el planteo en base al fallo del máximo tribunal y a la resolución del Ministerio de Justicia 512E. Quien actuó en la causa fue el propio Ministerio que planteó que si a los 75 años no hay nuevo acuerdo, el juez debe cesar.

Pero hay excepciones. Una ocurrió el año pasado con el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu. En enero del 2022, el Ministerio de Justicia inició el proceso para que siga en el cargo porque al mes siguiente el magistrado cumplía 75 años. Llegó esa fecha y sin embargo el Senado no le dio el acuerdo. A pesar de eso, Ziulu siguió en el cargo hasta el 13 de julio cuando se publicó la aceptación de su renuncia en el Boletín Oficial.

Cuando Infobae preguntó a las fuentes consultadas para esta nota por qué se dio esa excepción ninguna dio una respuesta asertiva. Lo cierto es que el juez continuó a pesar de no tener el acuerdo del Senado, tal como establece la Constitución y lo ratificado por la Corte.

Lo mismo ocurrió con el juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico Luis Imas. En septiembre del 2019, el gobierno de Macri pidió al Senado un nuevo acuerdo por cinco años. Eso se aprobó en febrero de 2021 pero para esa fecha Imas ya tenía 75 años. Una resolución de la Cámara de Casación le permitió seguir porque el trámite en el Senado estaba avanzado y pocos días después fue aprobado.

“Un criterio que se puede aplicar es que si el Senado tiene en tratamiento el pliego, y en el caso de Figueroa ya con dictamen de comisión, se puede esperar el año parlamentario a esa decisión y que la jueza siga”, planteó un hombre del gobierno que sigue de cerca los temas judiciales. “Puede haber varias interpretaciones pero la que prima es que si no hay acuerdo del Senado se tiene que ir”, responde un senador nacional de Juntos por el Cambio.

Figueroa tiene para resolver junto con sus colegas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone los casos Los Sauces-Hotesur y la firma del memorándum con Irán. Allí se discute si se confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner o se lo revoca y se ordena hacer los juicios orales. Los plazos para resolver ya están vencidos luego de las audiencias con todas las partes que se hicieron el año pasado para escuchar sus argumentos.

En el caso de Los Sauces-Hotesur hubo hace poco novedades. Los tres jueces ya intervinieron. Así figura en el sistema de la causa. Primero la tuvo Barroetaveña, luego Figueroa y Petrone. Ahora el caso volvió al despacho de Barroetaveña. Los tres magistrados saben de resolver causas de la vicepresidenta. Fueron los que confirmaron su sobreseimiento en dólar futuro. Y Petrone y Barroetaveña avalaron la validez de las declaración de los arrepentidos en el caso de los cuadernos de la corrupción y Figueroa votó por su nulidad.

Si Figueroa deja de ser jueza sin que los casos se hayan resuelto, la causa tendrá más demora. Se deberá sortear otro magistrado que lo reemplace en los expedientes. Y podría ocurrir que las audiencias que se hicieron se tengan que repetir. Otro caso que quedaría pendiente es el de Oil Combustible. Hace dos semanas terminaron las audiencias sobre la condena de cuatro años y ocho meses de prisión del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y la absolución de los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa.

La eventual salida de Figueroa generaría otra vacante en Casación, un tribunal clave porque por allí pasan las causas de corrupción de todo el país. Se sumaría a la de Riggi y la de Liliana Catucci, quien renunció en septiembre de 2021. Por esas vacantes ya hay un concurso abierto en el Consejo de la Magistratura -el 475- al que podría sumarse este otro lugar. “Cuando más lugares, más para negociar”, repiten en el organismo y para esos lugares el poder de negociación cotiza más alto. Ese concurso está demorado. Se presentaron 44 postulantes al examen, el jurado presentó las notas en junio del año pasado y sin embargo todavía no se conocen los resultados, lo que comenzó a llamar la atención entre los concursantes. Sobre todo porque a pesar de eso en el Consejo se escuchó cómo le había ido a algunos de ellos.

En este escenario de antecedentes, el 9 de agosto se presenta con un día clave para la política y Comodoro Py. La incógnita es qué hará el gobierno nacional porque es quien debe notificar si Figuera sigue en el cargo o lo deja. Todo con las elecciones de fondo y mucho poder en juego.

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