Un monto de 6.776.169.333,12 de pesos es lo que el Estado nacional destinará a los partidos políticos para la impresión de las boletas nacionales, que se utilizarán en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones PASO del próximo 13 de agosto.
Por eso, el juez electoral provincial Alejo Ramos Padilla dispuso que tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, colaboren con medidas para controlar el uso de esos fondos. Además, le impuso a los partidos políticos una serie de requisitos a cumplir.
Así lo explicó el magistrado en una resolución, a la que accedió Infobae, y que siguió los lineamientos que en mayo pasado sacó la Cámara Nacional Electoral. El tribunal tomó medidas para aumentar los controles sobre los gastos de boletas y evitar que tengan otro destino, una sospecha que se da en todas las elecciones, sobre todo, en los partidos que llevan más de una lista, ya que cada una recibe la misma cantidad de fondos.
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La ley establece que los gastos para la impresión de boletas están a cargo del Estado nacional. La Dirección Nacional Electoral fijó para estas elecciones un valor 2,92 pesos para cada tramo de cada boleta a nivel país: presidente, parlamentarios del Mercosur nacional, diputado nacional, senador nacional (en las ocho provincias en las que se elige) y parlamentarios del Mercosur regional. Y la norma establece que, por cada lista que se presente a competir, se debe imprimir un padrón electoral por distrito.
En el caso se la provincia de Buenos Aires se presentaron 54 listas para diputados nacionales, 61 para senadores y 62 para parlamentarios del Mercosur regional. Eso hace un total de 177 listas que, multiplicadas por 2,92 pesos del valor de la boleta y multiplicado por los 13.110.768 de votantes que tiene el padrón bonaerense, da un total de 6.776.169.333,12 de pesos destinados a la impresión. A eso se debe sumar la categoría presidente y parlamentario del Mercorsur nacional, para lo cual se presentaron 27 listas.
El número de postulantes, que compiten en esta elección, es superior a la de 2021 cuando en la provincia de Buenos Aires se presentaron 28 listas para diputados nacionales. Para ingresar en las elecciones generales de octubre, los partidos tienen que obtener en las PASO el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos. Un piso que no muchos pasan. Por eso, en octubre, habrá menos listas para imprimir, pero la ley fija que -para esa elección- lo que se debe llevar a papel no es un padrón, sino dos y medio.
Los partidos no están obligados a imprimir un padrón completo de boletas y quienes no lo hagan tienen 90 días para devolver al Estado nacional los fondos que no utilizaron. Si no, la ley prevé sanciones.
La sospecha recae en que parte de los fondos que no utilizan para imprimir boletas se “dibujan” para que así figuren y muchos partidos tengan plata para otros fines. Por eso se agudizarán los controles.
El juez Ramos Padilla señaló en su resolución que la Justicia Electoral debe controlar que “los gastos que se declaren sean genuinos, que las operaciones que realicen para la contratación de las impresiones estén respaldadas con la documentación fiscal pertinente y que, la misma, sea verificable”. Además sostuvo que “las empresas que se contraten para tal fin se encuentren habilitadas para la actividad ante el Fisco, en situación regular, en sus obligaciones impositivas y previsionales”. Y resaltó: “No existe hasta el momento un registro de empresas habilitadas a realizar la impresión de boletas que permita a la Justicia hacer auditorías”. Por ende, le propuso a la Cámara Electoral crear ese registro.
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A la AFIP le requirió información de todas las imprentas que se inscribieron bajo esa categoría, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, y sobre los trabajos de impresión de boletas que hagan para las elecciones PASO. Por ejemplo, sus responsables, números de CUIT, domicilios, declaraciones juradas, volumen de operaciones, etc.
Al Banco Nación y de la Provincia de Buenos Aires, el juez le solicitó que “extremen las medidas necesarias con el objeto de poder brindar, de modo rápido y eficaz, la información necesaria que les fuere requerida sobre la trazabilidad de los aportes de las listas y agrupaciones políticas y sus egresos de fondos, especialmente en este caso, respecto de la cancelación de los gastos efectuados en la impresión de boletas”. En las cuentas de esos bancos es donde se le depositan a los partidos políticos los fondos para las boletas.
Ramos Padilla también le pidió a los partidos políticos que informen las imprentas en las que confeccionarán las boletas antes de hacerlas efectivas con una copia del presupuesto o de la orden de trabajo. Y antes de presentar las listas que irán a las mesas de votación deberán entregar el remito de la impresión, la factura y el recibo de pago. “En el caso de dudas o inconsistencias en la información brindada, o documentación acompañada, el juzgado podrá requerir la comparecencia de los señores apoderados y/o de los responsables de campaña a fin de que efectúen las aclaraciones pertinentes”, advirtió el juez.
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