Los interrogantes que despierta la investigación por el espionaje a jueces

Los investigadores del caso del espionaje a jueces tienen muchas preguntas y aún pocas respuestas. ¿Qué hilo conductor ligó por un lado a ministros de la Corte Suprema, a integrantes del tribunal oral que juzgaba a Cristina Kirchner, a dos jueces de la Cámara Federal de Casación y a dos jueces de la Cámara Federal que fueron el blanco del oficialismo por haber sido trasladados por el gobierno de Mauricio Macri?

Uno de esos interrogantes tiene que ver con el 8 de septiembre del 2022. ¿Por qué esa fecha? Ese día fue el día que hackearon los teléfonos de Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; y de Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral que en ese momento juzgaba a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los hackeos, estableció la investigación, se activaron en Misiones, con la colaboración de un joven misionero que hoy está detenido y que aseguró que él solo buscó los datos de esos magistrados. También buscó a los jueces Gustavo Hornos y Andres Basso, de Casación y del TOF de CFK respectivamente, del hoy precandidato a gobernador Diego Santilli y del entonces ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro. Todos perdieron el control de sus celulares entre septiembre y octubre.

Ese 8 de septiembre, desde Junín, el ex policía Ariel Zanchetta, detenido hace una semana en esta causa, también estaba activando una búsqueda en la base de datos Sudamerianadata sobre nombres repetidos: ese día buscó a Borinsky y a Hornos, y a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. A estos últimos tres magistrados los rastreó dos veces cada uno. También hurgó en los datos de Ricardo Bustos Fierro, el entonces poderoso juez de Córdoba que se alejó a desgano de su cargo a inicios del 2023, a los 87 años. Así consta en el listado de las más de 2100 búsquedas que reveló este domingo Infobae, lista que incluyó los nombres de ex presidentes, gobernadores, funcionarios y famosos y famosas.

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¿Qué pasaba por esas horas en la Argentina? Una semana antes, el 1 de septiembre, Cristina Kirchner había intentado ser asesinada en la puerta de su casa por Fernando Sabag Montiel, un joven brasileño que vendía copitos de azúcar junto a su novia Brenda Uliarte, que lo había acompañado hasta la Recoleta y que logró escapar entre la muchedumbre cuando un grupo de simpatizantes de CFK lo atrapaba con su arma. Había gatillado al menos una vez pero no había bala en la recámara. Zanchetta buscó los datos de Sabag Montiel esa misma noche. El 8 de septiembre los diarios titulaban que “hubo un plan” para matar a la vicepresidenta, según se desprendía de la imputación que hizo la jueza María Eugenia Capuchetti en el expediente.

La atención mediática estaba puesta precisamente en los alcances de ese intento de asesinato, pero en tribunales pasaban otras cosas sin tener tanta visibilidad.

Según revelaron a Infobae fuentes consultadas, ese 8 de septiembre, Borinsky tenía prevista una audiencia en la llamada “ruta del dinero k” donde entrevistó al empresario Lázaro Báez, al ex contador Daniel Pérez Gadín y a su ex abogado Jorge Chueco.

Pero también en la Sala IV, que integran Borinsky y Hornos, ya se estaban analizado los planteos que había motorizado la defensa de Cristina Kirchner y otros implicados contra los jueces del tribunal de Vialidad Giménez Uriburu y Jorge Gorini y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ¿Por qué los recusaban? A Giménez Uriburu y Luciani los acusaban a ambos de ser integrantes del equipo de fútbol Liverpool que jugó partidos en en los torneos que organiza “Los Abrojos”, la quinta de Mauricio Macri.

Zanchetta concentró las mayores búsquedas el 8 de septiembre. El 1 de agosto, se encargó de averiguar los datos del juez de La Plata Ernesto Kreplak, el juez que llevó la causa de la “mesa judicial bonaerense”. Ese mismo día, el fiscal Diego Luciani comenzaba el alegato en el juicio Vialidad, diciendo que Néstor y Cristina Kirchner instalaron una “matriz de corrupción” en su gobierno.

El interés de Zanchetta por los jueces, al menos ese 2022 y en SudamericanaData, se despertó antes. El 11 de mayo había rastreado los datos de los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Fue a las 8 de la noche. Para esa fecha, en el Senado, se buscaba aprobar el proyecto de ley que proponía una consulta popular como mecanismo para complementar la definición de la ampliación de la Corte Suprema, una iniciativa impulsada por el senador cercano a Cristina Kirchner, Oscar Parrilli. El oficialismo promovía citar a los ministros de la Corte.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales comenzaba a cocinarse la definición sobre los planteos que había formulado la vicepresidenta contra el juicio que enfrentaba a raíz de irregularidades de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En medio de rumores que vaticinaban la suerte de esos cuestionamientos, el rechazo llegó el 21 de junio. El fallo lo firmaron los cuatro ministros. En el oficialismo se comenzó a hablar de impulsar un juicio político al máximo tribunal por la decisión contra CFK.

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Aunque se supo días después, ese 21 de junio, también, en el Consejo de la Magistratura, se descubrió que habían robado declaraciones juradas de un grupo de magistrados. Entre los afectados estaban los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, o los integrantes del tribunal oral que juzgaba en ese momento a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Algunos de esos nombres tendrían después problemas con sus teléfonos. Con una misma mecánica, un mismo lugar y en un mismo período.

Tal como detalló Infobae en abril, una auditoría reveló después que hubo más de 300 sobres abiertos sin justificación y 55 de esos documentos contenían información reservada. La investigación detectó algo más grave: faltaban otros 82 sobres con declaraciones juradas. Hay una causa abierta para analizar qué sucedió, por afuera de la investigación del espionaje a los jueces que tuvieron problemas con sus celulares.

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Las declaraciones de los ministros de la Corte Suprema no se guardan en las oficinas del Consejo de la Magistratura. El ex policía Zanchetta justificó que había buscado la información de los ministros de la Corte para hacer una nota periodística sobre cuánto ganaban los jueces. A los investigadores les llamó la atención que no expusiera la información que encontró en SudamericanaData en esas notas que dijo haber escrito.

¿A qué otros funcionarios judiciales apuntó el ex policía Zanchetta? A Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, lo buscó 13 veces. Probó con diferentes segundos nombres hasta encontrar el indicado. Todo fue el 18 de agosto. Al día siguiente, un diario daba cuenta de la presencia de Robles en un cumpleaños judicial en donde estaba el entonces ministro D’Alessandro. El Gobierno recusó por ese hecho a Rosatti en la causa de la coparticipación, la demanda que impulsó el jefe del Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta contra la Nación. El pedido de recusación fue rechazado a fines de agosto.

A D’Alessandro, desde Misiones, también le hackearon el teléfono. El que intervino en la maniobra fue Ezequiel Núñes Piñheiro, el hacker misionero detenido esta semana quien en su indagatoria dio detalles sobre el misterioso usuario de Telegram que le encargó el trabajo y el momento para espiar al ex funcionario larretista.

“Quiero decir, que después del allanamiento en mi casa que ordenó la Fiscalía de Daniela Dupuy, vi en los medios noticias de que D’Alessandro estaba de viaje en el momento en que había perdido su línea. No puedo precisar de qué era la noticia periodística. A raíz de eso, pienso que no fue coincidencia que esa persona (“ElJuanxd”) había desaparecido. Supongo que esa persona sabía que D’Alessandro estaba de viaje, y por eso me hizo esperar para realizar el sim swapping”, dijo. La causa sobre el hackeo a D’Alessandro permanece por el momento bajo la órbita de la justicia porteña, tras un frustrado pase a Comodoro Py.

Los chats que se difundieron sobre el teléfono de D’Alessandro se conocieron a inicios de diciembre, horas antes del veredicto en la causa Vialidad, en donde Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. De eso habló la vicepresidenta en el Senado tras escuchar el veredicto. Esa situación activó además la causa por el viaje de un grupo de jueces a Lago Escondido, ocurrido el 13 de octubre.

El 21 de diciembre, por unanimidad, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a favor de CABA en el fallo de coparticipación, sin resolver sobre el fondo de la cuestión que aún está pendiente. El Gobierno reaccionó con duras críticas al Poder Judicial. Días después, se difundió, en una página creada a tales fines, una nueva tanda de conversaciones de D’Alessandro, que incluían un presunto diálogo con Robles. El Gobierno Nacional, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, aprovechó para impulsar el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de Corte Suprema, en el que se incluyeron denuncias por el caso de la coparticipación, irregularidades en la obra social o el fallo 2x1.

Entre fines diciembre e inicios de enero se crearon desde Misiones líneas truchas a nombre de los ministros de la Corte Rosatti y Rosenkrantz. Rosatti se enteró de casualidad cuando le llegaron las facturas a su casa para que las pagara. Lorenzetti denunció una maniobra similar, según la causa que investiga el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, encargados de develar tantos interrogantes.

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