Qué declaró el ex policía acusado por el espionaje a jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema

El ex sargento de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta intentó despegarse ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita de la acusación por la que quedó preso el lunes pasado: lo señalan como uno de los presuntos responsables del hackeo y el espionaje a jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia. “Soy periodista”, se justificó el imputado Y aunque aseguró que había consultado los datos de cinco magistrados para una nota periodística, no pudo explicar por qué también buscó los datos de más de 2 mil personas, entre las que hay jueces, fiscales y funcionarios judiciales, junto a políticos y personajes públicos.

Según datos de la causa a los que accedió Infobae, Zanchetta fue acusado de haber consultado el 8 de septiembre de 2022 en la empresa SudamericaData Group SRL datos personales de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Ese mismo día hackearon el teléfono de Borinsky. También el celular del juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral federal que llevaba adelante el juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el Caso Vialidad. Además fue hackeado el juez Andrés Basso, otro integrante del tribunal en ese juicio; y el del Hornos.

Pero la acusación contra Zanchetta sostuvo que el ex policía también consultó los datos de “otros funcionarios del Poder Judicial de la Nación”: la consulta fue el 11 de mayo e incluyó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Luis Lorenzetti, Horacio Daniel Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

A Rosatti y al cuarto ministro Carlos Rosenkratz les generaron líneas “truchas” a su nombre, revelaron las fuentes consultadas por Infobae. También se inventaron líneas a nombre de la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata y de gobernador de Misiones entre 2019 y 2023 Oscar Alberto Herrera Ahuad, quienes declararon en la causa.

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El martes, Infobae reveló la detención de cuatro personas por la megacausa del espionaje a jueces. En Misiones fueron detenidos Nelly Soledad Valdés y Santiago Machado, quienes activaron líneas desde el mismo IMEI en donde se usaron las líneas inventadas a Rosatti. En Junín fue detenido Zanchetta, el ex policía que hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema.

La policía también fue a buscar y allanó a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces, al diputado y precandidato a gobernador Diego Santilli y al entonces ministro de Seguridad de la CABA Marcelo D’Alessandro. Tras la intrusión al teléfono de este ex funcionario, trascendieron supuestos chats que activaron la investigación conocida como Lago Escondido y sirvieron para impulsar el juicio político de la Corte Suprema.

“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, dijo a Infobae Nuñes Pinheiro cuando en la mañana del martes se entregó en Comodoro Py junto a sus abogados Sebastian Noguera y Marcos Kapko a Comodoro Py 2002.

En la declaración a la que accedió este medio, el joven repitió la versión que había dado al declarar en la causa D’Alessandro y Santilli: que un misterioso usuario de Telegram identificado como “ElJuanxd” le encargaba cambiar chips de clientes de la firma Movistar, que él no tenía en claro quiénes eran sus víctimas, y que cuando lograba duplicar las tarjetas SIM era “ElJuanxd” el que tomaba el control de los teléfonos. Luego cobraba unos 15 mil pesos por víctima a través de billeteras virtuales.

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“Él me mandaba número de teléfono y DNI, o número de teléfono, N° de DNI y N° de trámite de la persona. Ahí yo consultaba en NOSIS. No me acuerdo si alguna vez me dio algún informe de NOSIS. El primer paso era entrar a Nosis y con dicha información respondía la trivia, respondía todo correctamente, y me decía que la operación era exitosa. En los casos en los que no daban los datos del trámite del DNI, ese dato lo consultaba y obtenía en DARK PFA”, relató.

Y afirmó: “quiero decir, que después del allanamiento en mi casa que ordenó la Fiscalía de Daniela Dupuy, vi en los medios noticias de que D’Alessandro estaba de viaje en el momento en que había perdido su línea. No puedo precisar de qué era la noticia periodística. A raíz de eso, pienso que no fue coincidencia que esa persona (“ElJuanxd”) había desaparecido. Supongo que esa persona sabía que D’Alessandro estaba de viaje, y por eso me hizo esperar para realizar el sim swapping.” Dijo además que no conocía a los otros detenidos.

Nuñez Pinheiro buscó subrayar: “Yo empecé a trabajar entre finales de agosto y septiembre del 2022, hasta que me llamaron a testimonial en la causa de Santilli. Posteriormente yo desinstalé todo y no mantuve contacto con ninguno de ellos. En ningún momento accedí a ninguna de las redes sociales de las personas, sólo facilité códigos de acceso”. Sigue detenido.

¿Quién es Zanchetta? Sus datos formales dice que nació en Junín en 1966, está casado y tiene hijos. Cuando le preguntaron su ocupación, dijo “periodista”. Se jubiló como sargento de la Policía Federal. Había ingresado en 1988 en la Delegación Junín de Policía Federal Argentina y se retiró en 2013.

“Siempre trabajé allí, me retiré de Sargento Primero. Como yo era de Junín y conocía a mucha gente, y como los comisarios que venían de Buenos Aires, cumplía tareas de relaciones públicas, hablaba con funcionarios públicos, entablaba las conversaciones con los juzgados provinciales y el juzgado federal de Junín. Asimismo, cuando se requería colaborar con una tarea, cumplía las funciones en los allanamientos o colaboración con una brigada para alguna investigación”, aseguró en su indagatoria.

Entre 2013 y 2016 trabajó en el Diario La Verdad de Junín y que fue director de la Radio LT20 Radio Junín. Afirmó que actualmente trabaja para una agencia de noticias de la ciudad de la Plata, llamada Realpolitik; otra agencia de noticias para la que trabajo se llama Agencia Nova, y para el sitio Dixitp. Precisó que cobra sus notas por transferencias bancarias.

En tribunales trascendió que estaría vinculado a los servicios de inteligencia. Cuando el juez le preguntó si alguna persona y/o entidad pública o un servicio de inteligencia le ha solicitado información respecto de los jueces Hornos, Borisky, Giménez Uriburu y Basso, el acusado respondió: “No, todas las solicitudes fueron con fines periodísticos. No tengo contacto con servicios de inteligencia u otro organismo gubernamental.”

Según explicó, durante 2022 tenía un abono básico de 400 consultas mensuales en la empresa SudamericanaData. “Tenía un usuario que lo registré y declaré que era para la actividad periodística”, afirmó. Le preguntaron si tenía vínculo con Mario Fernando Ares, un ex policía que aparece como dueño de esa firma. Zanchetta afirmó que lo vio algunas veces. “No lo vi, ni hablé con el en el año 2022. Si bien no lo vi personalmente desde el año 2022, ese año recuerdo que lo habían escrachado y yo me solidaricé con él por ello”, dijo.

Acerca del hackeo a los jueces, Zanchetta aseguró: “sobre las personas mencionada por el tema de los teléfonos no los conozco ni tengo contacto con ellos, nunca los conocí, hablo de Pinheiro y de una mujer. No tengo nada que ver con el tema del hackeo, no se nada de informático, sólo lo básico para la utilización de la computadora y el celular”, afirmó en su indagatoria.

El ex sargento afirmó que la base de datos de Sudamerica Data la consultó por su labor como periodista. “Si bien no me he recibido como tal, ejerzo dicha labor, con esos datos se ha publicado una nota sobre los sueldos de los jueces que se hablaba en ese momento, sobre que no pagaban el impuesto a las ganancias”, aseguró.

Dijo que el tema lo trató en 2021 en el medio RealPolitik y la segunda nota fue en agosto o septiembre de 2022 aproximadamente, en el sitio enclave.ar. “Los pedidos de informes únicamente se circunscriben a la labor como periodista y para los portales que trabajo”, dijo. Cuando le preguntaron de dónde obtenía la información previa para solicitar los datos personales en Sudamérica Data, Zanchetta manifestó “Por lo general acudía a fuentes públicas”, incluso el Boletín Oficial.

En la indagatoria, Zanchetta aseguró que no conocía a los otros detenidos. Al igual que la estrategia del “hacker”, el ex policía decidió no solicitar excarcelación a la espera de los próximos pasos que fijarán el juez y el fiscal.

El tercer detenido Santiago Machado también declaró. Es un albañil de Misiones que dijo que no tenía idea de en qué lo estaban involucrando. Afirmó que le prestaba su teléfono a un amigo y que éste le cambiaba el chip usando su equipo porque él tenía mejor señal. Subrayó que no sabía a nombre de quién estaba el chip que su amigo usaba. Dijo que era inocente y pidió la libertad. La cuarta acusada es Nelly Soledad Valdes, que aún no declaró por trámites pendientes de su defensor.

La causa sostiene que “desde al menos el mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados del Poder Judicial de la Nación, en el caso, los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Marcelo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, como así también, los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, generando un perjuicio sobre la intimidad, privacidad y patrimonio de los aludidos funcionarios públicos, como así también, un beneficio económico indebido a los involucrados”.

“En este contexto, las conductas que pudieron acreditarse y que se materializaron consistieron, sintéticamente, en el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, la toma de control de las cuentas telefónicas y de aplicaciones, como el requerimiento de sumas de dinero en nombre de Magistrados; todo lo cual les permitió conocer a los autores y/o partícipes de esas maniobras ilícitas y sobre las víctimas damnificadas, su historial de conversaciones y demás documentos, datos e información existente en las plataformas Telegram y WhatsApp (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (enviando mensajes a su nombre y solicitando dinero a tercero) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”, agrega.

En la causa conexa “se pudo establecer la existencia de maniobras/conductas -con la presunta intervención de, al menos, Nelly Soledad Valdés y Santiago Abel Machado- mediante las cuales se obtuvieron de manera ilegítima líneas telefónicas de la empresa Telecom Argentina, simulando la identidad de otras personas públicas -de los Dres. Horacio Daniel Rosatti, María Verónica Skanata, Carlos Fernando Rosenkrantz, y Oscar Alberto Herrera Ahuad-, a cuyo nombre se dieron de alta dichas líneas y sin su consentimiento, las que fueron utilizadas, generando un perjuicio a los antes nombrados y a la aludida empresa prestataria de telefonía, como así también un beneficio económico indebido a los involucrados”.

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