La jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó el procesamiento de cinco personas sospechadas de formar parte de una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes ligados a reclamos por leyes reparatorias. Uno de ellos impostaba su identidad y se hacía pasar por un hijo de desaparecidos para lograr el cobro de las reparaciones pensadas desde el Estado para las víctimas y familiares de la última dictadura militar.
El presunto organizador de esta banda se trata de Adrián Martínez Moreira, quien fue procesado penalmente por ejercer ese rol dentro de la asociación ilícita y por otras clases de delito como falso testimonio, fraude a la administración pública en 62 hechos y estafa. Se lo acusa entre otras cosas de presentarse bajo una falsa identidad como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos. También se hacía pasar como un facilitador o gestor de trámites administrativos ligados a las políticas estatales de reparación.
A su vez, el juzgado federal 5 porteño, encabezado por la jueza María Eugenia Capuchetti, por medio de una resolución dictada este miércoles ordenó el procesamiento del abogado Omar Enrique Ramón García, de Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman. Todos sospechados de participar como supuestos integrantes de la organización criminal dedicada a defraudar al Estado.
Según fuentes oficiales, la causa en curso investiga diferentes hechos realizados por esta asociación tendientes a conseguir beneficios económicos a través de ciertas falsedades. De acuerdo a las actuaciones del caso, que motorizó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), sus integrantes se presentaban en diferentes causas judiciales por crímenes de lesa humanidad a través de denuncias y múltiples pruebas falsas. Hacían lo mismo también en expedientes administrativos relacionados al cobro de indemnizaciones fijadas en las distintas leyes de carácter reparatorio por graves violaciones a los derechos humanos.
En las actuaciones participa la Secretaría de Derechos Humanos bajo el rol de querellante. Bajo ese carácter podrá ejercer la acción penal e impulsar el proceso junto al Ministerio Público Fiscal en un caso donde está en juego el fraude al Estado. En un comunicado este jueves, la entidad a cargo del secretario Horacio Pietragalla Corti explicó que “se presentó -en el expediente- en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación del Estado”.
Y en ese marco el comunicado del organismo en cabeza de Pietragalla Corti agregó: “De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia”.
El delito de asociación ilícita está sancionado en el Código Penal por menoscabar el “orden público” y conlleva una pena de entre tres a diez años de prisión para todo aquel que “tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Por su parte, para los jefes u organizadores de la banda el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.
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