Espionaje a jueces: se entregó el hacker misionero y ya son cuatro los detenidos, entre ellos un ex policía

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a jueces, entre ellos los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, revelaron a Infobae fuentes del caso.

El lunes se concretaron tres detenciones y el cuarto se entregó esta mañana, pasadas las 10, en los tribunales de Comodoro Py 2002, detallaron las fuentes. En la causa se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para sustituirles la identidad para hacerse de líneas a su nombre con el fin de cometer delitos.

Uno de los imputados es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios. El sospechoso de 22 años, confirmó a Infobae su defensa, no fue encontrado en un allanamiento porque estaba en viaje hacia Buenos Aires para ampliar una declaración indagatoria en la justicia porteña. El joven prometió entregarse esta mañana en Comodoro Py. Así lo hizo.

“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, dijo a Infobae esta mañana Nuñes Pinheiro cuando llegó con sus abogados Sebastian Noguera y Marcos Kapko a Comodoro Py 2002. Había llegado a las 10 de la mañana sabiendo que quedaría detenido.

Un detalle de color del que Infobae fue testigo: subieron a un ascensor lleno de personas. Entre los ocupantes estaba la jueza de Casación Angela Ledesma que, como quedó al lado del tablero, preguntó cortés al pasaje a qué piso iban. A esa hora, los jueces que habían sido espiados también circulaban por los pasillos de tribunales.

Nuñes Pinheiro no solo está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales. También reconoció, en otra causa, haber participado del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.

Pero hay más imputados en la megacausa del espionaje: en la ciudad de Junín fue allanado y arrestado ayer, lunes un ex policía llamado Ariel Zanchetta. Según pudo saber Infobae, el ex policía pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos la empresa Sudamericana Data un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares. Eso surge de la investigación que llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a pedido de Pollicita.

De ese análisis de comprobó que Zanchetta hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema, revelaron las fuentes a Infobae. Trascendió que el ex policía justificaba sus solicitudes en esa base de datos diciendo ser periodista en busca esta información.

En tanto, los otros dos detenidos por orden del juez Martínez De Giorgi tienen que ver con el capítulo que involucra a los jueces de la Corte Suprema y las líneas que se crearon simulando sus identidades. Una de las sospechosas es una mujer que vive en Posadas: Nelly Soledad Valdes. Desde el mismo IMEI que se activó una de las lineas inventadas a Rosatti aparece la activación de tres líneas a nombre de la mujer. El otro detenido es Santiago Machado. Al igual que Valdés, vive en Posadas y también aparece ligado a una de las lineas del presidente de la Corte.

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Las tres personas que ya fueron allanadas y detenidas serán indagadas en el curso de las próximas horas. Las primeras indagatorias serán para Nuñes Piñeiro y Zanchetta. Los dos detenidos en Misiones aún estaban en viaje hacia Buenos Aires.

Nuñes Piñeiro no había sido encontrado en los allanamientos que se concretaron en la mañana de ayer. El joven había viajado a Buenos Aires y tenía previsto ampliar hoy su declaración indagatoria ante la fiscal porteña Daniela Dupuy a raíz de una serie de pruebas que habían aparecido en el marco de la investigación. Su defensa lo había solicitado porque aún no fue procesado y quería aclarar algunos puntos.

Vale recordar que la justicia porteña envió el caso a Comodoro Py, puntualmente al juez Sebastián Ramos, que investiga la causa conocida como Lago Escondido. Pero el juez federal rechazó ser competente en esa investigación y volvió a su tribunal de origen. El conflicto entre ambos juzgados debe resolverlo la Corte Suprema de Justicia, el tribunal común superior entre ambos.

“No sé por qué ordenan la detención de un joven que se mostró predispuesto a colaborar y dijo todo lo que sabía, cuando en esa causa todavía no está ni indagado. Es el pato de la boda”, se quejó en diálogo con Infobae el abogado Sebastián Noguera, defensor del hacker.

El juez y el fiscal quieren escuchar a los detenidos en indagatoria tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa. No solo se busca esclarecer el fin de la maniobra sino quiénes habrían estado detrás.

Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte. En la primera de las causa se comprobó que Nuñes Pinheiro fue el responsable de haber buscado por encargo y previo pago datos sobre la identidad de jueces y funcionarios. Luego llevó adelante maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. Así, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos y aplicaciones.

Al hacker también le adjudican haber ingresado al celular del diputado del PRO y precandidato a gobernador Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteño. De esa intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de supuestos chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Esas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.

La segunda parte de esa investigación nació a fines de marzo pasado cuando Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) pidió los primeros informes se encontró que con que en realidad eran cinco abonados adjudicados a Rosatti que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas. Entre ellas dos eran funcionarios judiciales: la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El 8 de mayo, el fiscal Pollicita le pidió al juez Martínez De Giorgi que llamara a indagatoria a Nuñes Pinheiro por el hackeo a cuatro jueces federales. “Se encuentra acreditado con elementos probatorios objetivos que fue él quien creó los usuarios de NOSIS y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del RENAPER, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, sostuvo el fiscal Pollicita.

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Para el fiscal, las maniobras comenzaron desde “al menos desde febrero de 2022, por un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos —entre ellos, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas— tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación, para con ello acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.

Su indagatoria no se concretó en ese momento porque el juez esperó una serie de informes y un análisis más exhaustivo de la causa. Ahora, ordenó la detención junto a otros tres nuevos involucrados. La defensa de Nuñes había solicitado que todas las causa contra su cliente se concentraran en este juzgado.

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