La querella que representa al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y la del empresario Horacio Homs pidieron hoy que se confirmen los procesamientos de los ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa por llamada “Gestapo antisindical” y que se revoque la falta de mérito y se procese a los empresarios que participaron de esa reunión en 2017 en el Banco Provincia por armarle una causa al gremialista que terminó en su detención.
Lo hicieron en una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Py que ahora debe resolver el expediente. En el encuentro estuvo Medina. “Lo que quiero es que esa mesa diabólica pague por lo que hicieron porque yo estuve preso tres años y cuatro meses”, le dijo a los jueces Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi.
La causa se inició en diciembre de 2021 cuando la AFI presentó en la justicia federal de La Plata una filmación encontrada en sus oficinas que daba cuenta de una reunión ocurrida el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo en ese encuentro Marcelo Villegas, entonces ministro de trabajo de Vidal.
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Junto con Villegas de la reunión participaron el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano -actual funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.
Todos hablaron de los aprietes y extorsiones que sufrían de parte de Medina y que la justicia no hacía nada. Allí Villegas le pidió a los empresarios que presenten notas contra el gremialista para después judicializarlas y que para eso ya tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez”. Y todo siguió como había adelantado Villegas: las notas se presentaron, hubo denuncias anónimas y Medina fue detenido y procesado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, junto a otros acusados.
En abril del año pasado, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a Villegas, Garro, Grassi, Alan y los tres ex agentes de la AFI por los delitos de tareas de inteligencia ilegal y prevaricato. Además les trabó un embargo de 10 millones de pesos. Gigante y los empresarios recibieron una falta de mérito. Garro y Alan atraviesan una particularidad: están imputados en la causa y son rivales políticos. Los dos se presentan como candidatos a intendentes de la ciudad de La Plata por Juntos por el Cambio. Garro va por la reelección en la lista presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y Alan compite en la boleta de Patricia Bullrich.
Los procesados apelaron los procesamientos. Señalaron que no cometieron ningún delito, que la reunión no fue para armarle una causa a Medina sino para tratar una situación de mucho tiempo y que eran las extorsiones y amenazas que los empresarios de la construcción de La Plata sufrieron de parte de la UOCRA de esa ciudad. Dijeron que no sabían que la reunión fue grabada y sobre la presencia de los agentes de la AFI señalaron que desconocían quiénes eran ni que eran funcionarios de ese organismo.
Lo más destacado de las indagatorias fue lo que dijo Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI y procesado por espionaje ilegal en la causa de los “Super Mario Bros”. Sostuvo que fue a la reunión por pedido de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de la AFI, y que ellos le solicitaron que grabe ilegalmente el encuentro.
La causa pasó de La Plata a los tribunales de Comodoro Py a pedido de las defensas. El expediente corrió la misma suerte que el resto de las investigaciones por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri: se iniciaron en provincia por el kirchnerismo y a pedido del macrismo pasaron a Comodoro Py.
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Así, la Cámara convocó a una audiencia oral para tratar dos temas. Uno es el pedido de la defensa de Grassi de que se anule la causa porque se inició con una grabación ilegal. Y el segundo los procesamientos de los causas. De todas las partes solo estuvieron los abogados querellantes César Albarracín-de Medina- y Mariano Cúneo Libarona -de Homs- y Rolando Carbone -de Gigante. Medina y Homs estuvieron presentes en la audiencia que se hizo en el segundo piso de los tribunales de Comodoro Py.
“Es un caso de tremenda gravedad. No hay nada más perverso que desde el estado y con un juez metan presa a una persona. Eso lo recuerdo de las causas de Guillermo Coppola, de la AMIA y ahora de esta”, comenzó Cúneo Libarona. El abogado recordó que su cliente estuvo preso ocho meses con una denuncia anónima y pruebas falsas. En ese momento, Homs -sentado en uno de los sillones de la sala- se puso a llorar y fue consolado por su hija y su mujer -quien también estuvo detenida- y que lo acompañaron.
Tanto Cúneo Libarona como Albarracín defendieron el video como prueba de la causa: fue una reunión de funcionarios públicos, por temas públicos que no podían desconocer la gravedad de lo que se hablaba ni de que en ese encuentro había tres agentes de la AFI. De hecho, Albarracín marcó que durante la reunión Alan le dice a uno de los empresarios: “esos son los de los servicios” . “La evidencia es gravísima frente a las delitos cometidos”, agregó el abogado de Medina.
Por su parte, Carbone pidió la nulidad del video. “No se puede convalidar una grabación cuando las víctimas no lo consintieron ni sabían que estaban siendo grabadas. Es prueba ilícita”, sostuvo.
Los abogado querellantes relataron cómo se pergeñó lo que consideraron una persecución a Medina: la inteligencia ilegal previa, la reunión del Banco Provincia, los llamados entre los funcionarios, agentes de inteligencia y el juzgado de Armella y las detenciones. De hecho, resaltaron que por la filmación la justicia anuló la causa por lavado de dinero y extorsión en la que Medina fue elevado a juicio oral. Esa nulidad fue ratificada por la Cámara Federal de Casación y fue apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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En este contexto electoral la política nacional tuvo su momento. “Hasta la reunión en el Banco Provincia Medina llevaba 30 años de dirigente gremial y solo había sido perseguido en 2001 cuando la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich, lo que fue rechazado por la Cámara Federal de La Plata”, dijo Albarracín.
Las querellas pidieron que se confirmen los procesamientos. Y la de Medina también que se revoque la falta de mérito de los empresarios y de Gigante. “Los empresarios hicieron lo que se acordó en la reunión. Todos mandaron notas al Ministerio de Trabajo y declararon en la justicia como se les había pedido”, sostuvo y que Gigante con su presencia y silencio en la reunión convalidó todo, además que después funcionarios de su Ministerio tuvieron encuentros con quienes estuvieron en la reunión.
La defensa del ex ministro pidió que se confirme su falta de mérito. El abogado Carbone planteó que no tiene llamadas con quienes tuvieron la causa judicial en contra de Medina ni los empresarios y con las comunicaciones con los funcionarios son en la misma cantidad que antes y después de la reunión en el Banco Provincia.
Para cerrar la audiencia Medina quiso hablar. El juez Farah le explicó que era una audiencia técnica, para que los abogados expresen agravios. “No es mi intención agraviar a nadie”, le aclaró el sindicalista, a lo que el magistrado le explicó que con agravios se refería a las apelaciones pero que a pesar de eso le permitía hablar unos minutos.
“Me duele mucho por mi querida república Argentina. Vive los años 70 con 30 mil desaparecidos. Lo que me ocurrió me recordó a los golpes de estado con el hecho de querer meter preso a un dirigente nacional y popular y lo lograron y me pone triste. Todo el estado se preocupó por mi”, dijo Medina. El sindicalista se quejó de que en la causa judicial hayan aparecido los documentos de identidad y las partidas de nacimiento de sus nietos de un mes y dos años y de su hijo de seis años.
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“Quiero volver a creer en la justicia argentina. Que el poderoso o el marginado paguen por el delito. Lo que quiero es que esa mesa diabólica pague por lo que hicieron porque yo estuve preso tres años y cuatro meses. Que Dios proteja a los jueces y que los ayude a hacer justicia”, concluyó el sindicalista.
Las partes que no estuvieron presentes en la audiencia hicieron sus defensas por escrito. Ahora la Cámara quedó en condiciones de resolver si confirma los procesamientos -lo que hará que la causa pase a juicio oral- o si los revoca.
Los mismos magistrados que deben resolver ya tuvieron una intervención en otra causa por espionaje ilegal durante el macrismo que repercutió. Fue cuando Llorens y Bertuzzi entendieron que el espionaje de funcionarios, dirigentes sindicales y políticos y periodistas en la causa de los “Super Mario Bros” fue hecho por agentes de la AFI en un rol de cuentapropistas y no con una orden de los jefes de la AFI. Así mantuvieron los procesamientos de los agentes por espionaje ilegal y revocaron el de Arribas y Majdalani por ese delito.
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