A nueve años del procesamiento de Boudou por el Caso Ciccone: el fallo que generó una conmoción política

El 25 de junio de 2014 el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi, hizo dos goles en el estadio Beira Río de Porto Alegre para el triunfo de la selección argentina por 3 a 2 contra Nigeria. Con ese resultado, el equipo que dirigía Alejandro Sabella pasó a octavos de final del Mundial que se jugó hace nueve años en Brasil.

Buena parte del país estaba pendiente de lo que hacía Messi en Brasil. Por aquellos días, el dólar oficial se cotizaba a 8,15 pesos y el blue a 12,15. Un ejemplar de un diario porteño costaba el viernes 27 de junio 8,50 pesos. En medio del clima mundialista se vendían televisores de 55 pulgadas a 32.199 pesos al contado o en 18 cuotas fijas sin interés de 1.788,83 cada una. El último viernes de junio de 2014, por ejemplo, un supermercado ofertaba un kilo de vacío de novillo a 49,90 pesos. La inflación de aquel mes fue -según el INDEC- del 1,3% y acumulaba un 15% en la primera mitad de 2014.

Cristina Kirchner estaba al frente de la Casa Rosada, el ministro de Economía era Axel Kicillof y Amado Boudou ocupaba la vicepresidencia de la Nación. Mientras se jugaba el Mundial, el sistema político estaba a la espera de una decisión judicial que se tomó por aquellos días. El viernes 27 de junio sucedió algo inédito: el vicepresidente en ejercicio fue procesado por un delito de corrupción. La noche de aquel lejano junio de 2014 el juez federal Ariel Lijo firmó el procesamiento de Amado Boudou por los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo hizo como resultado de una investigación de más de dos años sobre el modo en que la firma The Old Fund -vinculada al círculo de negocios de Boudou- compró la empresa Ciccone Calcográfica que imprimía papel moneda.

El caso había comenzado en 2012 y el oficialismo había respaldado de todas las maneras posibles a Boudou. Eran épocas en la que la palabra lawfare no se habían incorporado al corpus discursivo del kirchnerismo. Tan es así que Boudou -respaldado políticamente por su jefa- consiguió apartar de la investigación al juez y al fiscal que intervinieron originariamente en el caso: Daniel Rafecas y Carlos Rívolo. Y fue tanta la presión política que se ejerció para proteger a Boudou que también el vicepresidente de entonces logró forzar la renuncia de Esteban “Bebe” Righi -camporista décadas antes de que naciera “La Cámpora”- a la Procuración General de la Nación. No era lawfare. Era otra cosa.

El caso quedó en manos de Lijo y del fiscal Jorge Di Lello -fallecido en 2021- y el 9 de junio de 2014 Boudou se tuvo que presentar en indagatoria en el tercer piso del edificio de Comodoro Py 2002. Aquella tarde hubo unos pocos manifestantes a favor del vicepresidente que habían llegado en micros desde el conurbano. Con el paso de las horas no había quedado nadie. Avanzada la noche, Boudou salió y fue abordado por una maraña de periodistas.

Antes de la indagatoria, el ex ministro de Economía había acusado a los “medios hegemónicos y a los poderes concentrados” de fogonear la historia y había “mandado a estudiar” al juez Lijo. En el despacho del juez -hace más de nueve años- las cosas fueron diferentes. El trato fue respetuoso y el magistrado convidó empanadas y café. Los abogados de Boudou también aportaron alimentos varios para sobrellevar las largas horas que duró la indagatoria. Como era de esperar, Boudou negó los hechos y también hizo algunas consideraciones políticas. Aún no había empezado el macrismo para poder culparlo por sus problemas judiciales: gobernaba Cristina Kirchner.

A Boudou lo defendían su amigo Eduardo Durañona y Diego Pirota, integrante del estudio de Darío Richarte, quien fuera subsecretario de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Su paso por la SIDE determinó que hiciera muy buenas migas con quien fuera Director General de Operaciones de “La Secretaría” y hombre fuerte del espionaje durante los casi doce años que gobernaron los Kirchner: Antonio “Jaime” Stiuso.

En diciembre de 2014, echaron a Stiuso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se produjo algo llamativo: Richarte y Pirota renunciaron a las defensas de muchos funcionarios del kirchnerismo a los que defendían en Comodoro Py, entre ellos Boudou. Es que Stiuso tenía cierto poder de convicción en los tribunales federales, lo que les permitió a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner manejar un nada despreciable nivel de control de daño en las investigaciones judiciales, básicamente las de corrupción.

Años más tarde. el actual oficialismo -que también lo era en 2014- hablaría de la promiscua relación entre los servicios de inteligencia y la justicia: pero la circunscribiría a los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Claro que en esa época existió esa situación -y hay varios casos judiciales en desarrollo que así lo demuestran- pero también había sido una práctica común y permanente entre 2003 y 2015. No era lawfare, era otra cosa.

Dieciocho días después de la indagatoria, y cuando la noche del viernes 27 estaba promediando, Lijo firmó una resolución de 333 páginas por la cual procesaba al vicepresidente en ejercicio. Y también a varios involucrados en la maniobra, como Nicolás Ciccone, dueño de la empresa que imprimía papel moneda. José María Núñez Carmona -socio y amigo íntimo de Boudou- también fue procesado. Al igual que Alejandro Vandenbroele, quien presidió la sociedad The Old Fund, que compró Ciccone. Vandenbroele tuvo durante los primeros años del caso la misma estrategia que Boudou: negar que tenían relación, algo que cambió más tarde cuando declaró como arrepentido en el juicio oral y público.

En aquella resolución del 27 de junio de 2014, Lijo concluyó: “Se verificó en estas actuaciones que Amado Boudou, como Ministro de Economía, junto a José María Núñez Carmona, adquirieron -a través de la empresa The Old Fund- el 70% de la firma Ciccone Calcográfica de parte de Nicolás y Héctor Ciccone. En este sentido, no sólo se probó el vínculo de Amado Boudou y José María Núñez Carmona con Alejandro Vandenbroele sino que se logró acreditar que ellos eran los verdaderos dueños de The Old Fund y, en consecuencia, de la empresa Ciccone Calcográfica. Así, se han demostrado todos los nexos comerciales, económicos y sociales que los unen, como también, el papel que le asignaron a Vandenbroele de persona interpuesta en la maniobra. De esta forma, se reunieron elementos probatorios suficientes que demostraron el desdoblamiento de funciones entre Amado Boudou y José María Núñez Carmona para llevar a cabo la maniobra ilícita; uno aportando su condición de funcionario público, primero como Ministro de Economía y luego como Vicepresidente de la Nación, y ejerciendo con ello toda la influencia que implicaban sus cargos estatales y el otro llevando a cabo actos, como privado, que Boudou no podía, justamente por su cargo”.

El procesamiento dictado por un juez federal designado por Néstor Kirchner y durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner generó una enorme conmoción política.

El caso siguió su derrotero rumbo al juicio oral y público. En 2015, antes del cambio de gobierno, la Cámara Federal confirmó el procesamiento. En mayo de 2017, se sorteó el Tribunal Oral Federal 4 para llevar a cabo el juicio. En octubre de 2017 la fiscalía pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para Boudou. En noviembre 2017, Vandenbroele, abogado que asumió el control de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS) -el nombre con el que rebautizaron a Ciccone luego de la compra- declaró como arrepentido y dijo que Boudou era el verdadero dueño de la imprenta. Lijo había procesado a Boudou -y a Vandenbroele- sin la necesidad de la declaración que el arrepentido hizo en el juicio. Según el juez estableció en 2014, había pruebas suficientes para demostrar la maniobra. El 7 de agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal 4, condenó a Boudou a una pena de cinco años y diez meses de prisión. Ese mismo día Boudou fue detenido. En julio de 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, dejó firme la condena de Boudou. Luego llegó el turno de la Corte que en diciembre de 2020 confirmó la sentencia que había comenzado a escribirse aquel 27 de junio de 2014 del procesamiento. Hace nueve años, cuando fue procesado por corrupción el vicepresidente de la Nación mientras ocupaba su cargo.

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