La Cámara Federal ratificó este miércoles al fiscal Carlos Rívolo, ante el pedido de recusación que había motorizado la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la investigación del atentado en su contra ocurrido el 1 de septiembre pasado cuando llegaba a su casa, en el barrio de La Recoleta. La querella responsabilizaba al fiscal de la filtración de una presentación que había hecho una de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman para ampliar su declaración testimonial. Pero el juez Leopoldo Bruglia sostuvo que el representante del Ministerio Público no estaba en funciones cuando eso ocurrió, afirmó que esa información pudo haberse filtrado de otras maneras y ratificó la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de confirmarlo al frente a la investigación.
El tramo central de la investigación por el ataque a CFK ya fue enviado a juicio oral. La querella se oponía a elevar por tramos el expediente. Pero tanto la fiscalía, como las defensas y la jueza entendieron que la investigación sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta, esta completa. En su dictamen, el Ministerio Público advirtió que “la actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”.
El Tribunal Oral Federal 6 fue sorteado para sustanciar el juicio oral contra Sabag, Uliarte y Carrizo. Mientras tanto, Rívolo seguirá profundizando las pistas abiertas, como el rol de la custodia y el caso de Milman. De hecho, mañana, está prevista en la Cámara Federal una audiencia para debatir si se hace lugar al pedido del fiscal Rívolo para secuestrar el teléfono de Milman que se autoimputó al presentar a un abogado defensor en la causa. La querella acompañó el pedido del fiscal para inspeccionar el celular del diputado que, para cumplirlo, implicaría un trámite de desafuero en la Cámara de Diputados.
Te puede interesar Ataque a Cristina Kirchner: la jueza rechazó secuestrar el celular de Gerardo Milman por no estar imputado
Todo se enmarca en la llamada pista “Casablanca”, que nació a fines de septiembre del año pasado cuando José Abello, un asesor legislativo del Frente de Todos, se presentó en la causa para decir que Gerardo Milman sabía lo que iba a ocurrir. Según Abello, 48 horas antes del atentado escuchó que el diputado del PRO y ex funcionario macrista dijo: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. Estaba con dos mujeres en el bar Casablanca, frente al Congreso.
Capuchetti abrió un legajo reservado: ahí, a través de filmaciones, confirmó que el legislador estuvo en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos colaboradoras y las llamó a declarar. Las dos dijeron como testigos que Milman no había dicho eso. Cuando la querella pidió secuestrarles el celular y la jueza se negó, la querella activó las recusaciones contra la magistrada.
Una de las secretarias Ivana Bohdziewicz apareció a fines de mayo en tribunales pidiendo ampliar su declaración: era para confirmar que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado. Pero reveló que todo sucedió en las oficinas de Patricia Bullrich, a donde fue junto a Carolina Gómez Mónaco y donde la esperaban Milman y un perito. Allí también dijo que Gómez Mónaco tenía un segundo celular y que se había sentido presionada por su ex amiga en los últimos días. Así lo declaró ante la fiscal Alejandra Mangano, que reemplazaba a Rívolo por esos días de licencia.
La declaración de Bodziewicz generó inmediatas reacciones. La presidenta Cristina Kirchner insistió en que detrás de su atentado hay una pata política mientras que Patricia Bullirch rechazó una vinculación con el ataque. “Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”, dijo.
En el mientras tanto, en la causa se impuso el secreto de sumario. Nadie podía saber qué estaba pasando. Trascendió, sin embargo, que la querella decidió recusar al fiscal Rívolo acusándolo de pérdida de objetividad. Era lo que los abogados de la vicepresidenta venían anunciado en algunos medios. Hasta ahora, las críticas y recusaciones habían sido dirigidas solo a la jueza. Pero ahora el cuestionamiento era porque se habría filtrado que la secretaria de Milman tenía intenciones de declarar. Rívolo estaba en el exterior cuando todo sucedió. La jueza Capuchetti rechazó la recusación in limite.
Eso fue lo que fue apelado ante la Cámara Federal. La querella dijo que la resolución de Capuchetti desconocía el derecho vigente, carecía de toda fundamentación y afirmaron que el pedido de remoción del fiscal no eran “afirmaciones meramente conjeturales”. Pero el juez Bruglia, a cargo de la decisión unipersonal, rechazó el reclamo.
“Si bien coincido con los letrados impugnantes en cuanto al carácter genérico que puede comprender una causal de recusación cuando se invoca temor de parcialidad, y que no se exige un estándar probatorio de certeza sobre su potencial existencia, lo cierto es que éstas tienen operatividad -incluso bajo un enfoque netamente objetivo- a título personal. Es decir, deben estar dirigidas contra una persona en concreto, la cual por su proceder genera en la parte determinada sospecha”, afirmó. “En esta inteligencia, el no haber tenido intervención el Magistrado que se pretende apartar en el trámite que origina la incidencia es una arista fáctica que no se puede soslayar a la hora de dirimir la cuestión, toda vez que lo aleja de una hipotética injerencia en los hechos examinados”.
Según dijo, “desde este parámetro y con el criterio de aplicación restrictivo que impera en esta materia no se advierten elementos objetivos eficientes que puedan poner en crisis su actuación, ni aún bajo el grado de convicción indicado por la parte; por lo que la decisión apelada será validada”. Y añadió: “tampoco se puede descartar que la información haya sido obtenida desde otras fuentes. De lo obrado en la encuesta, se alcanza a apreciar algunos extremos que tornarían plausible esta conjetura, tal como la referencia sobre qué tipo de declaración pretendía ampliar la testigo, teniendo en cuenta que al tiempo de la presentación del escrito en la Fiscalía ya se encontrara efectuada la tachadura de la palabra ‘indagatoria’ e inserto el término ‘testimonial’”.
Seguir leyendo: