Jueces de la Cámara de Casación se reunieron con magistrados de los tribunales orales de Salta y Jujuy

La Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, junto con los jueces Daniel Petrone, Angela Ledesma, Mariano Borinsky y Gustavo M. Hornos, miembros del Tribunal de Superintendencia, mantuvieron una reunión presencial y virtual con los miembros de los Tribunales Orales Federales de la jurisdicción de Salta y Jujuy.

Además, participaron del encuentro magistrados de las jurisdicciones de Rosario, Comodoro Rivadavia, Mendoza y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Presidenta del máximo tribunal penal del país se conectó desde la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy para encabezar la reunión. En el encuentro, los jueces analizaron la necesidad de cubrir las vacantes de los tribunales orales federales de todo el país. Con relación a este tema, los magistrados pusieron el foco especialmente en aquellos que cuentan con un solo juez titular.

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También fue tema de la reunión la implementación del Código Procesal Penal Federal en nuevas jurisdicciones, como la de Mendoza.

Asimismo, se puso de resalto el avance en la puesta en funcionamiento de las delegaciones de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal a partir de la resolución nro. 3.408 del año 2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de dicha resolución, el máximo tribunal dispuso la creación de 20 cargos de prosecretario administrativo, 27 oficiales mayores y 51 jefes de despacho. Además, autorizó la puesta en funcionamiento de las delegaciones de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal en todas las jurisdicciones federales con asiento en las provincias.

Según la citada resolución la puesta efectiva en funcionamiento de las delegaciones quedó sujeta al cronograma y prioridades que establezca la Comisión de Supervisión en uso de sus facultades, conforme se verifiquen los recursos logísticos y de infraestructura necesarios.

Asimismo dispuso que la dotación de personal de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal (DCAEP), tanto existente como creada por la resolución 3408/2022, debería ser distribuida o redistribuida entre la sede central y las delegaciones, en función de una planificación equitativa basada en las necesidades de cada jurisdicción, asegurando una dotación mínima que permita el funcionamiento permanente del organismo en todas ellas.

Además en la norma analizada durante el encuentro se ordenó que se le haga saber al Consejo de la Magistratura de la Nación para que, a través de los órganos competentes, se provean los recursos logísticos, de infraestructura y de tecnología necesarios para el funcionamiento de la DCAEP.

El encuentro finalizó con la decisión de permanecer en contacto y de acompañar los requerimientos efectuados.

Psicólogos y psiquiatras conjuntamente con la Cámara Federal de Casación Penal se reunieron para diseñar protocolos para la atención a las personas privadas de libertad. La presidenta del máximo tribunal penal del país, Ana María Figueroa, junto con el vicepresidente 1°, Mariano H. Borinsky, mantuvieron un encuentro con los miembros del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal. Este grupo está conformado por una Coordinadora abogada y diez profesionales entre los que hay psicólogos, psiquiatras, médicos y asistentes sociales.

Los magistrados participantes hicieron hincapié en el plan de fortalecimiento que está llevando adelante la Superintendencia de la Cámara para con los distintos actores que conforman la ejecución penal federal de los internos alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal bajo la supervisión de los Juzgados de Ejecución Penal.

Durante la reunión se hizo énfasis, en especial, en la necesidad de optimizar el trabajo. Asimismo, se hizo alusión a la necesidad de redactar un nuevo Protocolo de actuación, que incluya los avances que se han logrado en el último tiempo. En este sentido, se mencionó como ejemplo la incorporación al Sistema de Gestión Judicial Lex 100, la reducción en los tiempos de producción que en la actualidad son de 20 a 30 días.

Además de los ateneos y capacitaciones periódicas sobre temas como la Ley Micaela, violencia de género y violencia laboral. También formaron parte del temario del encuentro las visitas a las unidades penitenciarias, la sistematización de los informes de los profesionales para optimizar los recursos y así evitar la superposición de tareas.

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