AMIA: ordenaron nuevas capturas para cuatro libaneses del Hezbollah por el atentado a la mutual judía

A casi 29 años de la voladura de la mutual judía AMIA que mató a 85 personas, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura nacional e internacional de cuatro sospechosos de haber participado en el atentado. Según revelaron a Infobae fuentes del caso, los buscados son miembros del Hezbollah: Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda. Los tres primeros residirían en las zonas de la Triple Frontera, entre las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este. El Reda, que ya está declarado prófugo de la Argentina por la voladura de la Embajada de Israel en 1992, se encontraría en El Líbano.

Según pudo saber este medio, el fiscal de la UFI AMIA Sebastián Basso reclamó las detenciones para poder tomarles declaración indagatoria como sospechosos del ataque. A su criterio, está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominaré brazo armado del ‘Hezbollah’”.

“He de hacer lugar y autorizar la medida cautelar solicitada a los fines del cumplimiento de las indagatorias dispuestas. Ante ello, dispónese la captura nacional e internacional de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Abdallah Salman y Farouk Abdul Hay, consecuentemente, líbrense las correspondientes órdenes”, dispuso la resolución firmada en las últimas horas por el juez Rafecas.

Su notificación ya fue girada a la Dirección de Migraciones y las fuerzas de seguridad. En la misma resolución, el juez no hizo lugar al pedido fiscal para ordenar el congelamiento de bienes y la inclusión de sus nombres en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El próximo 18 de julio se cumplirán 29 años de que una bomba estalló en la sede de Pasteur 633, en el barrio de Once, y terminó con 85 vidas. No hay ningún detenido por esa masacre.

La causa sostiene que la explosión fue ideada y preparada por quienes por entonces ejercían el poder en la República Islámica de Irán, y que fue ejecutada por la organización terrorista libanesa Hezbollah. Hay ocho pedidos de captura sobre los sospechosos que se resisten a ser indagados por los tribunales argentinos. Algunos de esos imputados, sobre los que pesan cinco alertas rojas de Interpol renovadas hasta 2027, circulan por el mundo sin ser atrapados gracias a pasaportes diplomáticos.

La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).

A esa lista se sumó Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa y acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer, ya falleció al igual que el ex presidente Rafsanjani y por lo tanto se ordenó sus respectivos sobreseimientos.

Hay un último sospechoso sobre el que la Justicia argentina ha puesto todas las miradas: Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, un miembro activo del Hezbollah que vivía en la Triple Frontera y estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 cuando ocurrió el atentado. A él se le adjudica haber transmitido información indispensable para la concreción del ataque. Se cree que fue un nexo de los agentes internacionales que actuaron en territorio argentino.

Los buscados ya estaban en la mira del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza en enero del 2015. Los primeros informes de la inteligencia, luego del atentado contra la AMIA, aseguraron que los “principales activistas” sospechados de ser miembros de una organización terrorista islámica incluían a esto cuatro libaneses, entre otros. Se los sindicó como agentes activos del Hezbollah en la zona de la Triple Frontera.

Según esa información, Mohammad Abdallah era considerado el “líder principal del Hezbollah en la región”. Fue uno de los primeros en instalarse en Ciudad del Este. Abdallah es una de las personalidades del mundo islámico más influyentes en la zona y el constructor de la principal mezquita: Profeta Mahoma. Es sindicado por los estudiosos del fenómeno islámico en la región como uno de los miembros más antiguos de Hezbollah en América Latina.

Otro de los personajes claves en la red fundamentalista es Farouk Abdul Omairi. Señalado también como uno de los líderes del grupo terrorista en la zona, es uno de los más encumbrados comerciantes de la Triple Frontera y también activo religioso. Su vínculo con la mezquita Husseinia y con la Sociedad Benéfica Islámica sirve como contacto con la comunidad y puerta de entrada para coordinar sus tareas. Incluso es considerado el “gran coordinador” por los libaneses de ese triángulo geográfico. A Omairi se le atribuyó haber montado un esquema de narcotráfico desde la Triple Frontera. Omairi estuvo preso pero “consiguió escapar de la cárcel pública local de Foz de Iguazú, en un extraño y, hasta hoy, mal explicado equívoco de cumplimiento de órdenes”, según describió la jueza que lo investigó.

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Bajo una sigilosa reserva, el 30 de noviembre pasado, el fiscal Basso formalizó su acusación: imputó por asociación ilícita armada agravada por su finalidad discriminatoria, y requirió que se convoque al proceso a Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Abdallah Salman (a) José El Reda y Farouk Abdul Hay Omairi, al considerar “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominaré brazo armado del ‘Hezbollah’”. La fiscalía sostuvo que debían responder penalmente como “coautores” del atentado “por su pertenencia y colaboración con una banda armada, agravada por su finalidad discriminatoria”.

En ese contexto, la UFI AMIA pidió su captura. El fiscal Basso estaba convencido que los imputados no iban a presentarse “voluntariamente a una citación judicial y seguramente intenten entorpecer el curso del proceso”. No es un detalle al pasar: no solo están “fuera de las fronteras de la Argentina”; integran “una agrupación armada de carácter militar que aún permanece vigente y que incluso tiene influencia política en los destinos de la República del Líbano. Es indudable que recibirán todo el apoyo de la red clandestina que la organización tiene montada a nivel global para evadir las citaciones que se les puedan efectuar”, sostuvo el fiscal según el dictamen al que accedió Infobae.

Ya un fallo de 2007 de la jueza Rafaela Santos Martins, del Juzgado Federal Criminal de Foz de Iguazú, había advertido que “el profesionalismo de la organización delictiva encabezada por Farouk Omairi y sus hijos Khaled y Ahmad, con contactos en varios países, empezando por el vecino Paraguay, autoriza a temer su evasión del distrito de la culpa”.

Ese poderío, dijo ahora el fiscal Basso, se mantiene. Viajó a las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este y tomó declaraciones por zoom. “Noté el temor que infunden en ellos las posibles represalias de los integrantes de la organización que aún operan en la zona, lo que redunda en un serio peligro de entorpecimiento”, advirtió.

Pero si esas sospechas no eran suficientes, las últimas diligencias encomendadas al Comando Tripartito de la Triple Frontera lo ratificaron. Se trataba de obtener el último domicilio de una testigo. Su padre dijo que no sabía donde vivía y que él era el que se ocupaba de la crianza de su nieto. “Sin embargo, la Policía Federal de Foz de Iguazú estableció que la mujer efectivamente reside con su familia en el mismo domicilio donde fue citado su padre, situación que pone de resalto la influencia que los imputados aún ejercen sobre los testigos pese al tiempo transcurrido”. Según los funcionarios judiciales, los convocados tenían más miedo de “las represalias de los demandados Omairi que el hecho de verse procesada por falso testimonio”.

“Debe tenerse en cuenta la gravedad del hecho principal que aquí se investiga, el cual fue declarado por el juzgado crimen de lesa humanidad en la resolución de 2006 que ordena las capturas -sostuvo el dictamen-. No caben dudas de que el atentado aquí investigado constituye un hecho aberrante que daña los principios fundamentales custodiados por la democracia y por tanto se impone la persecución de todos los involucrados hasta las últimas consecuencias. Dicho ello, el peligro de que los sospechosos se evadan no es meramente especulativo, ya que los antecedentes que obran en la causa permiten presumir fundadamente que no estarán a derecho”.

Abdallah Salman no sólo fue declarado rebelde en la causa que se le instruyó en Rosario por intentar cambiar los llamados “superdólares”. Cuando se lo logró localizar, dio varias versiones de su domicilio. “Tampoco debe pasarse por alto que, según informes agregados a la causa, Abdallah Salman se encontraría residiendo en El Líbano, y es la propia legislación de ese país la que deja entrever la imposibilidad de que un imputado que allí resida pueda ser extraditado. Y desde una perspectiva mayor, el contexto político actual de ese país también permite vislumbrar serios obstáculos a la hora de obtener cooperación por parte de sus autoridades judiciales para el avance del caso”.

Sobre El Reda, la fiscalía subrayó que la Corte Suprema ordenó su captura y lo declaró prófugo en la causa por la voladura de la Embajada de Israel. El 23 de diciembre de 1999, la Corte denominó al ataque contra la sede diplomática israelí como un hecho terrorista, y se lo atribuyó a la Jihad Islámica, a la que identificó como “brazo armado” del Hezbollah libanés y la investigación apuntó hacia la Triple Frontera.

“Se supo que durante 1992, José El Reda (cuyo nombre real sería Abdallah Salman) había sido detenido y procesado por la justicia federal de Rosario por habérsele secuestrado una importante cantidad de dólares falsificados, junto con otra documentación. Ha destacado la propia Corte Suprema que con este tipo de dólares falsificados se financiarían actividades terroristas. Y al incorporarse aquella causa a la investigación del máximo tribunal se libró una orden de captura contra José El Reda (a) Abdallah Salman, que continúa vigente en la actualidad”, advirtió el dictamen.

En marzo pasado, Rafecas coincidió en disponer las indagatorias. pero a expresó que “previo a dar curso a un proceso de extradición, debe agotar el señor instructor los medios conducentes a fin de interrogar a éstos en sus lugares de residencia, a través de los canales procesales pertinentes”.

La fiscalía advirtió que “luego del análisis de la legislación paraguaya y la brasileña, el intercambio de información realizado con funcionarios de los Ministerios Públicos de ambos países y una evaluación fáctica de la posibilidad de una concurrencia voluntaria de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi a declarar a una sede judicial; al día de la fecha, ello aparece de casi imposible concreción”. “Para evitar que el paso del tiempo frustre el propósito de convocar al proceso a los cuatro acusados por este Ministerio Público Fiscal, se estima que se debe requerir su comparecencia mediante el uso de la fuerza policial”, añadió. El juez firmó la orden de captura nacional e internacional.

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