La Corte Suprema clausuró uno de los tantos recursos que presentó durante estos años Sergio Schoklender para intentar esquivar el juicio oral por la causa conocida como “Sueños Compartidos”. El ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo sostenía que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo. Ese planteo había sido rechazado en todas las instancias judiciales hasta llegar al Máximo Tribunal.
El escándalo “Sueños Compartidos” arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Esa investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.
En mayo de 2019, ese magistrado terminó elevando a juicio el tramo principal de la causa. Además de Sergio y Pablo Schoklender, deberían ser juzgados ex secretario de Obras Públicas José López y Abel Fatala, dos de los subordinados de De Vido. La maniobra tuvo otros personajes clave como el contador Alejandro Gotkin, que estuvo detenido junto a los Schoklender, y Fernando Caparrós Gómez, dueño de la financiera donde se cambiaron la mayor cantidad de cheques.
En cambio, quedaron sobreseídos los ex gobernadores e intendentes que recibieron las obras de la Fundación: Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y Julio Zamora, entre otros.
Desde la elevación a juicio, el expediente solo acumula planteos y chicanas de las defensas. Todavía no se fijó una fecha para comenzar el debate, tal como reveló Infobae, y tampoco avanzaron las pericias que ordenó el Tribunal Oral Federal 5. En ese contexto, el fiscal Diego Velasco reclamó en marzo que se fije una “fecha límite” para esos estudios, lo que permitiría arrancar el juicio.
La causa está a cargo del TOF 5, el mismo que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur, aunque en este caso lo preside Adriana Palliotti, una jueza de bajo perfil que tuvo varios fallos resonantes contra el kirchnerismo.
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El Programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En concreto, se desviaron $206.438.454, es decir, un 23,54% de los fondos transferidos.
Según un extenso informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados ($52.149.459), en empresas agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). También se comprobó un desvío “hormiga” a través de cheques de menos de 50.000 pesos. Con esa maniobra se obtuvieron 31.212.221 pesos.
Durante la investigación, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. “En todos los casos en los que la Fundación resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal”, escribió el juez en 2019 cuando elevó la causa a juicio oral.
En estos años, Sergio Schoklender se cansó de presentar recursos en todas las instancias posibles. También hay una nulidad del ex ministro de Planificación Julio De Vido que llegó hasta la Corte Suprema y obligó a enviar el expediente principal.
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Uno de los planteos de Schoklender apuntaba a la prescripción. Al declarar inadmisible ese reclamo, la Sala IV de la Cámara de Casación había dicho que “Julio De Vido coimputado del nombrado en estas actuaciones revestía la condición de funcionario público, desempeñándose como Ministro de Planificación Federal desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre del 2015 y como Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, desde esa última fecha hasta su desafuero ocurrido el día 25 de octubre de 2017, por lo que conforme lo establecido en el art. 67 párrafo segundo del Código Penal, el curso de la prescripción de la acción penal respecto de Sergio Schoklender como la de todos los imputados en esta causa, deberá comenzar a contarse desde el 25 de octubre de 2017, es decir que la suspensión finaliza cuando los que habrían participado del delito ya no ejercen funciones públicas”.
En su recurso extraordinario, la defensa de Schoklender planteó que se había afectado el derecho a recurrir, a ser oído y juzgado en un plazo razonable.
El caso llegó a la Corte por vía de queja, y ahora el Máximo Tribunal, por unanimidad, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, también desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva o equiparable. Tarde o temprano, Schoklender deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
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