El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña fue elegido hoy por sorteo para integrar la sala IV de ese tribunal que tiene que revisar si confirma o revoca la condena de seis años de prisión a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el caso de la obra pública. El magistrado reemplazará a Javier Carbajo, que se excusó de intervenir en el expediente. Así el tribunal que tendrá a su cargo el caso estará compuesto por Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Barroetaveña se transforma en un juez clave para el futuro judicial de Cristina Kirchner. Además del caso de la obra pública tiene que resolver si confirma el sobreseimiento de la vicepresidenta o lo revoca y ordena que se haga el juicio oral en las causas “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Esa decisión la debe tomar con sus colegas de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.
Y ya intervino en otros dos expedientes que involucran a Cristina Kirchner. En la causa por dólar futuro votó por el sobreseimiento de la vicepresidenta y en el los cuadernos de la corrupción lo hizo por avalar la validez de la declaración de los arrepentidos que involucraron a la ex presidenta en las hechos.
Barroetavaña es un juez de la Cámara de Casación de 2018 cuando juró la última cámara. Es un magistrado con militancia política en el mundo judicial. Integra la lista Bordó, la más crítica del kirchnerismo y es uno de sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y el más político dentro de la justicia porque está integrado por senadores, diputados y un representante del Poder Ejecutivo.
El sorteo se realizó esta mañana en Comodoro Py. La defensa de Cristina Kirchner había pedido estar presente, lo que fue aceptado por Casación. Estuvieron presentes todos los jueces de Casación -excepto Juan Carlos Gemingani que está excusado de participar- y los abogados Alberto Beraldi, defensor de la vicepresidenta, y Lucio Simonetti, quien en el juicio oral representó al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, quien fue absuelto.
La designación de Barroetaveña será informada a todas las partes de la causa que puede objetar su designación y recusarlos.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner, a Lázaro Báez, al ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex secretario de Obras Públicas José López, y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos Fatala, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex funcionario de esa cartera Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
Los condenados apelaron sus penas y el fiscal Diego Luciani las absoluciones y el rechazo de condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita. En Casación todas las partes mantuvieron sus apelaciones. El fiscal Mario Villar ratificó que buscará que se agrave la condena por el delito de asociación ilícita. En el juicio, Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la ex presidenta.
En Casación el juez Carbajo se excusó de intervenir. En febrero pasado, el magistrado confirmó la condena a Báez en la causa por lavado de dinero -se redujo la pena de 12 a 10 años- y en su resolución sostuvo que uno de los delitos precedentes del lavado fue la obra pública que recibió durante el kirchnerismo para su empresa Austral Construcciones. Dijo que si bien no había condena -cuando Báez recibió la pena el juicio por la obra pública estaba en pleno trámite- los procesamientos dictados alcanzaban, ya que así la ley lo permite, para afirmar que los fondos de las obras fueron lavados. Ese fallo también lo firmó Borinsky pero no opinó sobre la obra pública.
Borinsky y Hornos aceptaron la excusación de Carbajo y así quedó un lugar libre en la Sala IV de Casación que ahora fue ocupado por Barroetaveña.
Ahora el tribunal se tiene que abocar al análisis de la causa y fijar una fecha de audiencia para que todos las partes expongan sus argumentos. La expectativa es que Casación no resuelva este año de elecciones presidenciales si confirma o revoca la condena de la vicepresidenta, sino que quede para el 2024.
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