Atentado a Cristina Kirchner: el jefe de los copitos también pidió ir a juicio oral

Como lo hicieron las defensas de Fernando Sabag Montiel y de Brenda Uliarte, Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los “copitos” que está preso acusado de ser partícipe secundario del atentado a Cristina Kirchner, también aceptó avanzar hacia el juicio oral. La vicepresidenta no quiere que el caso vaya a debate porque quiere que se profundicen las otras pistas de la causa, que apuntan a los autores intelectuales. Incluso pidió la suspensión del proceso de elevación. La fiscalía, a cargo de Carlos Rívolo y quien tiene delegada la causa, entendió que esta parte de la investigación está completa. Ahora, será el turno de la jueza María Eugenia Capuchetti de resolver la cuestión.

Habrá que ver sin embargo qué jugada despliega la nueva defensa de Brenda Uliarte. Desde el viernes está representada por Carlos Telleldín, el ex reducidor de autos que estuvo preso en la causa AMIA, fue absuelto dos veces por la voladura de la mutual judía y ahora se dedica a la abogacía, tras recibirse en la cárcel.

La opinión de Carrizo, a cargo del abogado Gabriel Marano, se había demorado unos días porque el defensor pidió tener acceso a legajos reservados del expediente usados por la querella de la vicepresidenta para acusarlo. Capuchetti aceptó el pedido, ya que la querella también había tenido dos prórrogas para fijar su postura de cara a la clausura de esta parte de la instrucción. Tenía tiempo hasta el miércoles pero la respuesta llegó hoy en un breve escrito.

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“Habiendo sido notificado en los términos del artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación del requerimiento de elevación a juicio propiciado por el representante del Ministerio Público y por la querella, vengo a manifestar lo pertinente. Sin que lo aquí peticionado implique conformidad con la forma en que se ha requerido de juicio -en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella-, y sin que implique tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa, constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, dijo Marano, según el escrito al que accedió Infobae.

La causa por el atentado contra la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado en la puerta de su casa, se encuentra en un momento clave. La Justicia debe resolver si está concluida la parte de la investigación que encarceló a Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, acusados de ser coautores del intento de homicidio; y a Carrizo, el jefe de ambos que fue detenido luego de que entregara su teléfono como testigo y sus mensajes terminaran involucrándolo en el ataque.

“Recién intentamos matar a Cristina”; “el arma es mía” y “mi empleado le quiso disparar”, son algunos de los mensajes que envió Nicolás Carrizo la noche en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló a la presidenta del Senado. El joven aseguró que se trataba de humor negro y que solo quiso darse corte con sus conocidos, pero la justicia no le creyó y lo procesó.

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El fiscal Carlos Rívolo pidió la opinión de las partes de cara a resolver la elevación a juicio. La vicepresidenta, la primera en opinar, se opuso. No quiere que se divida la investigación y sostiene que debe seguir profundizando en otras pistas, como la que salpica al diputado del PRO Gerardo Milman. Subsidiariamente, sin embargo, acusó y promovió el debate. Pero días después pidió la suspensión del proceso de elevación a juicio en base a nuevas pistas.

El Ministerio Público, en tanto, repasó las pruebas del expediente y promovió pasar a la próxima etapa del caso a los detenidos. En ese dictamen, también descartó la hipótesis de un financiamiento para los acusados y apuntó al rol de la custodia de la vicepresidenta, que está siendo investigada, tal como reveló Infobae hace dos semanas.

El lunes pasado, las defensas oficiales de Brenda y Sabag Montiel opinaron. En apenas unas líneas, el abogado del atacante de CFK dijo que no se oponía a ir al banquillo. El defensor de Brenda, Gustavo Kollman, coincidió y dio una pista sobre lo que podrá ser la estrategia en el momento de analizar si puede haber condenas. Será en el debate oral donde “no podrá eludirse el análisis sobre si existió posibilidad material -real y concreta- para que se culminara con la ejecución del principal ilícito”, afirmó. Aunque no lo explicitó, la defensa aludió al arma que se usó para matar a CFK: si no había bala en la recámara de una pistola automática, ¿podría haberse concretado el asesinato?

Al último que le tocaba opinar era a Carrizo. Pero el abogado Gastón Marano pidió una prórroga. En esta etapa, no está previsto esa posibilidad para las defensas, pero la querella había conseguido dos prórrogas y en base al principio de “igualdad de armas” la jueza se lo concedió, confirmaron a Infobae las fuentes consultadas. El defensor justificó su reclamo diciendo no tenía “acceso a legajos restringidos lo cual ha cercenado la posibilidad de controlar la legalidad de los actos realizados en ellos” y por ello le resulta “imposible” contestar a los acusadores. Entre ellos habló de la pista Milman, de Hernán Carroll y de Jonhatan Morel, a los que había aludido la querella.

La sospechas sobre las actividades de Revolución Federal no forman parte de esta causa porque se investigan aparte. La hipótesis sobre el integrante de “Nueva Derecha” Hernán Carrol pareció desinflarse apenas saltó a la luz pública con las aclaraciones del propio interesado. El legajo que más creció fue la llamada “pista Casablanca”, en donde un asesor legislativo, Jorge Abello, dijo haber escuchado al diputado del PRO Gerardo Milman dos días antes del atentado asegurar: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

Después de idas y vueltas, declararon las secretarias de Milman, una de las cuales afirmó hace una semanas que había ido a una oficina de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich en donde Milman y un perito informático le borraron el contenido de su teléfono porque ella temía que se filtraran sus fotos íntimas. El material, de todas maneras, se recuperó. El análisis del área de escuchas de la Corte determinó que no hubo llamados entre los llamados “copitos” y Milman o sus secretarias desde inicios de agosto hasta inicios de septiembre.

Hace 10 días Milman se auto imputó. Presentó un defensor y pidió tener acceso al expediente, a través de un escrito en donde desmintió las acusaciones en su contra. Si Sabag, Uliarte y Carrizo son enviados a juicio, en instrucción seguirán profundizándose las pistas abiertas.

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