En la tercera parte de la investigación en la causa conocida como “Vialidad” en la que fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner, el juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes el llamado a indagatoria de un grupo de funcionarios y ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz y dos personas ligadas al grupo de Lázaro Báez. En esta causa también fueron imputados tres ex gobernadores de la provincia de Santa Cruz.
La primera parte de la causa fue la que llevó al banquillo a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, ambos condenados a seis años de prisión, junto a ex funcionarios de Vialidad Nacional. La segunda parte, ya elevada a juicio, también abarca a exfuncionarios de Vialidad Nacioal y a los empresarios Martín Báez, Sergio Passacantando, Sandro Férgola y Myriam Costilla, entre otros. La tercera parte es la que se refiere a lo sucedido en Santa Cruz con las licitaciones que permitieron que empresas de Lázaro Báez consiguieran contratos millonarios para realizar obra pública vial.
“Existe mérito suficiente como para realizar las convocatorias solicitadas por los señores fiscales y dada la cuantía de elementos probatorios, la complejidad de los hechos de la causa, la diversidad de personas y roles, corresponde iniciar la primera etapa de citación a indagatoria”, dijo el juez en su resolución. Los convocados a prestar declaración son Juan Carlos Pistan y Manuel Parras, del grupo Báez. Y los ex funcionarios de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Santa Cruz: Manuel Angel Diaz, Carlos Mancilla, Jorge Paciecznik, Orlando Taboada, Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio Gonzalez, Victor Paniagua, Daniel Lopez Geraldi, Guillermo Torres, Miguel Salazar, María Lencina Albornoz, Guillermo Cantero, Juan Carlos Cerrato, Juan Gelves y Roberto Lillo. El cronograma de audiencias fue fijado inicialmente por videoconferencia entre el 6 de julio y el 19 de octubre, según detallaron a Infobae fuentes judiciales.
Este nuevo capítulo analiza lo sucedido en Santa Cruz, que aún no fue elevado a juicio. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido la indagatoria de los ex gobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta porque formaron parte de una organización que en Santa Cruz replicó lo que describieron cuando habían acusado a autoridades del gobierno kirchnerista de armar una matriz favorecer a las empresas del amigo y socio de Néstor y Cristina Kirchner.
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En el capítulo santacruceño del Caso Vialidad los fiscales habían señalado que la responsabilidad por haber entregado negocios a Báez recayó no solo sobre los ex gobernadores de Santa Cruz sino también sobre ex ministros de Economía y Obras Públicas, sobre funcionarios del área de Vialidad provincial y sobre integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. Y obviamente también la de integrantes de las empresas de Báez que no fueron juzgados en el caso por el que el empresario también fue condenado.
Cuando pidieron las indagatorias los fiscales habían señalado que:”…Desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron —con los aportes específicos por acción y omisión que sus respectivos roles les permitían— al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y que demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y sostenimiento en el tiempo; todo ello a sabiendas de los alcances de la maniobra y brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito”.
Y agregaron: “En otras palabras, para que la maniobra criminal investigada pudiera desarrollarse y extenderse en el tiempo conforme había sido planificada por los ex titulares del Poder Ejecutivo Nacional, fue necesario que la matriz de corrupción instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial, en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial durante el período de 2003 a 2015 contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.
Según esa hipótesis, se habría acordado previamente “contribuir con el ilegítimo objetivo a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercitar sus funciones de auditoría y control, puesto que durante los años en los que duró la maniobra el organismo no había efectuado auditorías sobre las obras viales adjudicadas al grupo Báez, lo que se sumaba a la aprobación de la mayoría de los ejercicios de la AGVP sin ningún tipo de objeciones u oposiciones”
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner por las irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. También fueron condenados el empresario Periotti, el ex secretario de Obras Públicas José López y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
“Tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, dijeron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso.
Las condenas se dictaron por el delito de administración fraudulenta y por mayoría rechazaron hacerlo por asociación ilícita. El fiscal Diego Luciani había pedido condena por los dos delitos. Las condenas y las absoluciones fueron apeladas y el caso llegó a Casación. Con el rechazo de las recusaciones y la integración de un tercer magistrado, el tribunal comenzará a analizar el caso.
El conocido como Caso Vialidad II es en el que están implicados Martín Báez, hijo del empresario y funcionarios intermedios que revistaron en la Dirección Nacional de Vialidad y que participaron de la maniobra por la cual las empresa de Báez obtuvieron contratos por 46 mil millones de pesos. Esa parte de la investigación ya fue elevada a juicio oral y público. El debate aún no tiene fecha de realización.
Pero en el mientras tanto la causa siguió avanzando sobre otras aristas en instrucción. Y ahora llegó el momento de analizar el capítulo Santa Cruz.
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