La Corte Suprema puso en marcha la causa contra la re-reelección de los intendentes bonaerenses

El máximo tribunal sacó su primera decisión, que fue pedirle opinión a la Procuración General. Fue ayer luego de resolver que Sergio Uñac no puede ser candidato en San Juan

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El ministro del Interior, Eduardo
El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, junto a intendentes peronistas del conurbano de la provincia de Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha la causa judicial en la que se reclama que se declare la inconstitucionalidad de la re reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Dio un paso formal que es que la Procuración General de la Nación dictamine si el máximo tribunal debe intervenir o no. Pero que tiene mucha significancia política en este año electoral y luego que la Corte resolvió ayer que Sergio Uñac no puede ser candidato a gobernador en San Juan.

“A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación”, dice el breve proveído que dictó ayer la Corte Suprema al que accedió Infobae.

Ahora el procurador general, Eduardo Casal, tiene que decir si entiende que en el caso debe intervenir o no la Corte. En otras causas en las que se reclamó por la inconstitucionalidad de elecciones, la Procuración dijo que el máximo tribunal no es competencia originaria de esos planteos. Así lo señaló en los recientes reclamos por Uñac en San Juan, por Juan Manzur en Tucumán y por Gildo Insfrán en Formosa.

Sin embargo, la Corte Suprema aceptó intervenir en los expedientes de San Juan y Tucumán y todavía no resolvió que hará en el de Formosa. En los tres se reclama la inconstitucionalidad de las reelecciones de esos gobernadores. En el caso de Uñac el máximo tribunal resolvió ayer que no puede ser candidato; Manzur bajó su candidatura; y está pendiente el caso de Insfrán que buscar ir este año por su octavo mandato como gobernador en una provincia cuya Constitución permite la reelección indefinida.

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A esos expedientes, la Corte sumó el que apunta contra los intendentes bonaerenses. Lo inició el lunes Oscar Alva, presidente del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, con el abogado Andrés Gil Domínguez. El pedido no es solo por la inconstitucionalidad de las reelecciones, sino que también solicitó que se suspendan las elecciones PASO que el gobernador Axel Kicillof convocó para el 13 de agosto si antes de esa fecha no resolvió el caso.

La Corte Suprema resolvió que
La Corte Suprema resolvió que Sergio Uñac no puede ser candidato

Ese pedido enciende las alarmas en la política del distrito electoral más importante del país. Es porque la Corte Suprema suspendió el 9 de mayo las elecciones en Tucumán y en San Juan cinco antes de que se hagan. Fue porque el máximo tribunal decidió intervenir para resolver los casos de Uñac y Manzur.

Alva pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 15.315. Esa norma establece: “Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”.

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En 2016 se sancionó una norma que limitó la reelección de los intendentes a un solo período. Fue durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo que generó un fuerte debate político con el peronismo. La Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que los mandatos de los intendentes duran cuatro años pero no fija la cantidad de períodos, lo que se hace por ley.

Los jueces de la Corte
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Según la acción declarativa de inconstitucionalidad, en la actualidad hay 91 intendentes sobre los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de ir por un nuevo mandato extendiendo su vigencia en el territorio hasta 12 años.

“No existen argumentos jurídicos razonables que permitan justificar la regresión normativa e institucional republicana que supondría otorgar a algunos pocos el privilegio de permanecer en el poder, mucho mas aun, si consideramos a la democracia sustancial sostenida por los derechos fundamentales y los derechos humanos como la base de sustentación del estado constitucional y convencional de derecho argentino”, sostiene el reclamo que la Corte Suprema puso en marcha.

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