El juez federal Ariel Lijo espera por estas horas la respuesta del gobierno de Córdoba para conocer los detalles de la compra de un helicóptero con posible sobreprecio. La operación es investigada en el marco de una causa judicial que analiza si hubo maniobras de sobrefacturación en la compra de más de 300 aviones y helicópteros, lo que habría permitido la salida, sin control, de millones de dólares al valor oficial. Por ahora, la causa se concentró en los funcionarios encargados de esa tarea. De hecho, el fiscal Eduardo Taiano ya pidió la indagatoria del ex ministro de Economía Martín Guzmán, del actual titular del Banco Central Miguel Pesce, de la ex titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, y de la ex titular de la Aduana Silvia Traverso.
En el caso del helicóptero de Córdoba, tal como adelantó Infobae, la AFIP ya detectó una diferencia entre los valores de exportación y de facturación de USD 1.357.716. Según la información enviada por la Aduana de Alemania, la aeronave, un Airbus H145, había sido exportada por la empresa Airbus Helicopters Deutschland GMBH, bajo la declaración MRN 22DE740269684842E4, a la empresa Airbus Chile SPA, un valor de USD 8.142.284. Esa empresa luego se lo vendió a la provincia de Córdoba en USD 9.500.000.
“La aeronave en cuestión fue importada bajo la modalidad de ‘triangulación’, en donde si bien existe una vinculación económica entre el exportador y el vendedor, no existe tal vinculación entre el importador y el vendedor de la aeronave”, sostuvo la AFIP en uno de los informes agregados a la causa judicial.
Ahora, el juez Lijo firmó una orden de presentación, una instancia anterior al allanamiento, dirigida al gobierno de Córdoba para contar con todos los detalles de la operación. Hasta el viernes a la tarde, la respuesta todavía no había llegado a los tribunales de Comodoro Py.
El helicóptero fue comprado en 2021 para tareas de emergencias y para el combate de los incendios, aunque muchas de esas aeronaves luego se transforman en taxis aéreos para el traslado de funcionarios. Entre otras funciones, esa aeronave permite transportar agua a través de un cubo especial y trasladar bomberos y equipamiento hasta lugares de difícil acceso. “Es altamente versátil pudiendo adecuarse a todas las funciones, actividades y tareas que desarrolla la Dirección, y permite hacer más eficiente el rendimiento y la capacidad operativa de la flota de la Provincia”, declaró el director General de Aeronáutica de Córdoba, Gabriel Marcellini, cuando la aeronave llegó al país.
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La oposición ya había puesto en la mira esa operación porque no hubo licitación. “La transparencia no caracteriza a los gobiernos del peronismo. En consecuencia, ante una causa judicial en curso, el Gobierno de Córdoba debe hacer público y en detalle cómo se componen los conceptos por los cuales se produce el aumento de precio entre la salida del helicóptero desde Europa y el ingreso desde Chile. No tenemos elementos para afirmar todavía que hubo sobreprecio o corrupción, pero sí para reclamar mayor transparencia y precisión”, aseguró Gregorio Hernández Maqueda, representante de la CC-ARI, ante una consulta de este medio.
El Gobierno de Juan Schiaretti argumenta que la compra fue aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Pero solo la votaron los dos representantes del oficialismo. En cambio, el vocal de la oposición,Julio Ochoa, denunció “serias inconsistencias”. “Si bien, no dejamos de considerar la importancia que tiene la compra de esta aeronave cuyo fin principal es la de combatir incendios forestales, esto no puede ser un pretexto para dejar de lado sin razón alguna el procedimiento de Licitación Pública establecido por Ley”, dice el dictamen en disidencia.
La investigación judicial comenzó en febrero de 2022 a partir de una investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán. Días después, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia en base a una nota de Infobae.
La imputación apunta a posibles casos de sobrefacturación. “Los valores declarados en nuestro país resultaron muy superiores a los que surgieron de las distintas líneas de investigación llevadas a cabo, permitiendo de esta manera un egreso indebido de divisas al exterior”, explicó el fiscal Taiano al pedir las indagatorias.
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En un comienzo, la Justicia investigó un total de 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros, ingresados al país entre enero de 2020 y febrero de 2022, cuando comenzó la investigación. Pero luego el relevamiento se amplió hasta mayo del año pasado.
La enorme mayoría de esas aeronaves fueron adquiridas por empresas privadas y del sector aeronáutico. Pero también aparecieron dos helicópteros y un avión comprados por la Gendarmería, un Lear Jet 60 registrado por la Secretaría General de La Pampa, y un helicóptero a nombre del Ministerio de Seguridad bonaerense valuado en USD 8.191.466.
La AFIP también analizó la importación de un helicóptero Airbus H125, comprado por la provincia de Misiones, y el helicóptero de Córdoba, modelo H145 BK 117 D2.
Antes de definir si avanza con las indagatorias de los funcionarios, el juez Lijo va a esperar que se termine de analizar toda la información secuestrada en los allanamientos a las empresas involucradas. Los informes previos de la AFIP ya detectaron posibles sobreprecios en varias aeronaves. El caso más llamativo es un Gulfstream GV, de la empresa Baires Fly, declarado en USD 9.435.000. En el mundo aeronáutico repiten que que “es muy difícil” evaluar el costo de un avión, especialmente en el caso de los usados, pero igualmente miran de reojo el avance de la investigación.
La respuesta de la Gobernación
Luego de que se publicara esta nota de Infobae, la Gobernación cordobesa emitió un comunicado en el que aseguró que el pasado 2 de mayo, a través de su Secretaria General, “dio respuesta, al Juzgado Federal N° 3, a cargo del Juez Miguel Vaca Narvaja, al exhorto judicial referido a la compra del helicóptero”.
“En la oportunidad, se entregó copia certificada en soporte papel de todo el expediente administrativo N° 0579 -172047 / 2021 con 663 fojas, que contiene la totalidad de la documentación solicitada por el Juez Lijo, relativa a la adquisición de la aeronave”.
Además, las autoridades provinciales remarcaron que también se envió un “cuadernillo de copia certificada” de la factura correspondiente y del pago del anticipo, del 50%, del saldo restante, con la otra mitad del dinero abonado, y el “despacho de importación”.
“Cabe señalar que la provincia, realizó la compra mediante expediente administrativo, cumpliendo todos los requisitos legales vigentes, con la intervención previa del Consejo General de Tasaciones y el Tribunal de Cuentas de la Provincia”, agregó la Gobernación.
No obstante, según pudo saber este medio, hasta el viernes pasado esa información no había llegado al juzgado, razón por la cual el magistrado había hecho la solicitud.
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