Con la abstención del kirchnerismo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político del juez Walter Bento

Fue con los votos de los representantes de la oposición. El tema ahora pasará al plenario que se reunirá el 31 de mayo para definir si el magistrado federal de Mendoza quede suspendido en el cargo

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El juez federal Walter Bento (Adrián Escandar)
El juez federal Walter Bento (Adrián Escandar)

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy el juicio político por mal desempeño de sus funciones al juez federal de Mendoza Walter Bento, procesado en una causa penal de ser el líder de una asociación ilícita que beneficiaba a acusados en causas judiciales a cambio de dinero. Lo hizo con los cuatro votos de los representantes de la oposición y la abstención de los tres del kirchnerismo que entendieron que el dictamen era deficiente y que se debía profundizar.

El tema ahora pasará al plenario del Consejo que se reunirá el próximo 31 de mayo. Allí se definirá si Bento es suspendido en el cargo y enviado a juicio político para ser destituido, tal como aprobó hoy la Comisión. En tanto, el próximo 26 de julio comenzará en Mendoza el juicio oral al juez y al resto de los acusados en la causa por asociación ilícita.

La acusación fue aprobada con los votos del abogado Miguel Piedecasas -presidente de la Comisión de Acusación-, del senador radical Eduardo Vischi, y los diputados Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR). En tanto, se abstuvieron los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el abogado Héctor Recalde.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza. Además de investigar el crimen organizado es el juez electoral de la provincia. Tiene ocho procesamientos confirmados con prisión preventiva por varios delitos: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica. La acusación es la liderar una asociación ilícita que, a través de abogados y otras personas, le pedían coimas a acusados en sus causas para beneficiarlos.

La prisión preventiva no se puede efectivizar por los fueros que Bento tiene como juez. Esa condición no la pierde si es suspendido en el cargo. Solo si es destituido.

En paralelo a la causa penal se inició un proceso de mal desempeño en el Consejo, el órgano encargado de investigar la conducta de los jueces. El año pasado Bento se defendió en dos audiencias en las que rechazó las acusaciones. Luego, el entonces consejero y diputado del PRO Pablo Tonelli presentó un dictamen para enviar a Bento a juicio político. “Celebro que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura haya aprobado finalmente mi dictamen contra el corrupto juez Bento”, publicó Tonelli en sus redes sociales.

La discusión que se dio hoy en la Comisión estuvo centrada en si la acusación puede alcanzar para que en el Jurado de Enjuiciamiento destituya a Bento. “En el dictamen estás suficientemente las circunstancias por las cuales se trabaja en esta acusación. El acusado miente deliberadamente”, dijo el senador Vischi y puso como ejemplo que falseó declaraciones juradas para obtener un crédito y sus datos para inscribirse en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal del que el Consejo lo retiró. “La mayoría de los jueces y funcionarios son probos. A esos jueces hay que valorar con esta acusación”, cerró el senador.

La voz del oficialismo la llevó Tailhade. “Me parece que no estamos en presencia de una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el Jurado de Enjuiciamiento. Va a ser difícil que en el juicio político se pueda considerar probadas todas y cada una de las imputaciones”, dijo el diputado y agregó que la acusación está atada a la causa penal. “Si el tribunal oral sobresee por distintos hechos y nosotros estamos comprometidos a esos hechos, no le veo mucha alternativa al Jurado de Enjuiciamiento”, sostuvo en referencia a que Bento podría ser declarado inocente.

El legislador agregó también que “es poco lo que dice el dictamen de los descargos que hizo el juez” cuando declaró en el Consejo el año pasado. Tailhade también señaló que “hay situaciones que el juez no explicó o fueron deficientes”, como por ejemplo los dólares que le encontraron en los allanamientos y que no pudo justificar.

Así, Tailhade planteó que el oficialismo se abstenía de votar el dictamen. Luego Recalde agregó que “en el plenario vamos a consignar cuál es la posición de nuestro bloque”.

La reunión de la Comisión de Acusación en la que se trató la situación de Bento
La reunión de la Comisión de Acusación en la que se trató la situación de Bento

Piedecasas ratificó el dictamen. “Estamos frente a ocho procesamientos de un magistrado de la justicia federal. Ocho procesamientos firmes que marcan que podría ser culpable de los mismos. La importancia y trascendencia de los hechos son delitos gravísimos y mucho más para un funcionario público que tiene la obligación de ser el garante de la Constitución Nacional”, sostuvo.

Tailhade quiso saber qué opinaban los jueces que integran el Consejo sobre la acusación a un colega. En la reunión estaban presentes los cuatro magistrados que componen el organismo pero que no integran la comisión. Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero dijeron que opinarán en el plenario cuando se trate el tema. Por su parte, Alberto Lugones dijo que no tenía obligación de hablar en la reunión. “Lo haré en el plenario con la fundamentación de mi voto”, dijo y agregó una frase que puede marcar su voto: “Escuché muchas explicaciones y muy pocos hechos”.

El dictamen aprobado ahora pasará al plenario del Consejo. El tema está previsto que se trate el próximo 31 de mayo. Si se alcanza los votos necesarios -se requiere una mayoría de dos tercios sobre los 19 integrantes del Consejo-, la acusación pasará al Jurado de Enjuiciamiento. La medida también implica que Bento queda suspendido en el cargo. ¿Cuál es ese alcance? Que no podrá ejercer la función de juez mientras dure el juicio político pero mantiene los fueros de inmunidad, por lo que la prisión preventiva que tiene dictada no podrá hacerse efectiva. Solo si es destituido ya que en ese caso pierde la condición de juez y con eso todas sus prerrogativas.

Si Bento es enviado a juicio político, el Jurado tiene un plazo de seis meses para hacer el proceso. La Comisión de Acusación propuso a Piedecasas, Vischi y Reyes como fiscales del caso.

La acusación

“Se tuvo por probado que el magistrado ha incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita; ha experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y ha desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito; ha cometido actos de falsedad ideológica; y ha cometido actos de infracción al deber de un magistrado”, señala el dictamen acusatorio contra Bento.

Allí se describen las causales por las cuáles Bento está acusado. El juez se defendió en el Consejo. “Todo lo que se ha dicho en mi contra es mentira. La causa por la que estoy aquí sentado se construyó con la declaración de personas procesadas, detenidas o exoneradas de las fuerzas de seguridad por mi”, sostuvo.

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