Espionaje: se armó una megacausa para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte

Comodoro Py acaba de resolver que el espionaje a jueces federales y de la Corte Suprema se investigará en una megacausa, revelaron a Infobae fuentes judiciales. ¿Por qué? Porque el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió unificar dos causas claves: el hackeo a los celulares de dos integrantes de la Cámara de Casación y dos del tribunal oral que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner; y el expediente que intenta dilucidar por qué se “trucharon” líneas telefónicas a nombre dos ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y de una magistrada de Misiones. Allí además se analiza si también se gestionaron líneas telefónicas a nombre de los otros jueces del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Según la resolución a la que accedió Infobae, Martínez de Giorgi planteó que todo pudo haber sido organizado por una misma banda, en diferentes etapas y movimientos. Se trataría de un “plan criminal vinculado a maniobras relacionadas con la afectación de líneas telefónicas, cuyos damnificados resultan ser en gran parte de los casos jueces que desempeñan sus funciones en esta ciudad”, dijo.

“Nos encontramos frente a acontecimientos ocurridos en un período temporal cercano, que guardan características similares, encontrándose todos ellos relacionados con la vulneración o afectación de líneas telefónicas vinculadas con distintos magistrados”, sostuvo. “Surge evidente así la conexión en torno a la selección de las víctimas, dado que -como se dijo- revisten el carácter de jueces federales y ministros del Tribunal Supremo, y las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en un cercano lapso temporal”.

En ese contexto, el juez advirtió: “No puede soslayarse que los distintos eslabones que componen las maniobras llevan a presumir, además, la posible existencia de una organización criminal que pudo haber actuado coordinadamente y que se valió -al menos en los casos aquí involucrados- de un presunto autor material para con su objetivo delictivo. Esto, claro está, llevaría a tipificar las conductas bajo una asociación ilícita”.

La decisión de Martínez de Giorgi había sido adelantada por Infobae hace un mes. En tribunales ya se comenzaba a hablar de que este expediente podía transformarse en una megacausa que analizara si existió un plan sistemático para espiar a jueces o sustituirles la identidad para hacerse de líneas a su nombre y así cometer delitos.

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Es que primero se conocieron los hackeos a jueces, pero el 29 de marzo el presidente de la Corte Suprema Rosatti radicó la denuncia: dijo que se habían sacado cuatro líneas telefónicas a su nombre y se activaron en Misiones. Las primeras diligencias demostraron que no eran cuatro sino cinco. Y algo peor: tenían contactos con otras líneas “truchas” a nombre de otro juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz; y de la jueza de Posadas María Verónica Skanata.

La Justicia porteña identificó a un hacker de 22 años, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, que resultó el responsable de haber buscado por encargo y previo pago datos sobre la identidad de jueces y funcionarios. Luego llevó adelante maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. Así, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos y aplicaciones.

Esta semana, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llamar a Nuñes Pinheiro a indagatoria, algo que se descuenta se ordenará en los próximos días. El joven se enteró cuando estaba declarando como acusado en otra causa: la que investiga el hackeo al diputado del PRO y precandidato a gobernador Diego Santilli. Allí repitió las mismas explicaciones que dio cuando lo acusaron por el hackeo a Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteño. Dijo que fue contactado por un misterioso usuario de Telegram llamado “ElJuanxd” para cambiar tarjetas SIM, que le pagó entre 12 y 15 mil pesos por objetivo en billeteras virtuales y que después se esfumó. Asegura que él no fue el que entró a los teléfonos y que no sabía quiénes eran sus víctimas.

Su defensa reclamará unificar todas las causas en las que el joven esté acusado por los mismos hechos. Por eso no se descarta que las causas Santilli y D’Alessandro también puedan en algún momento unificarse a esta investigación en algún momento. Pero por lo pronto la megacausa que maneja Martínez De Giorgi está centrada en el espionaje a jueces.

“Se evidencia que la maniobra ilícita que se desplegó sobre las líneas telefónicas que tuvieron por víctimas a los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Marcelo Hornos, resulta ser idéntica a la llevada a cabo y que damnificaron a los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, con el agregado con relación al Dr. Giménez Uriburu, de que se intentó percibir -indebidamente y en su nombre- sumas de dinero”, señaló el juez. En la maniobra también intervino “un intermediario financiero o ‘mulero informático’ que consiste en que una persona aporta una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito”.

“No hay duda de que existe una evidente conexión en torno a la selección de las víctimas, dado que todos ellos revisten el carácter de jueces federales, y las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en idéntico espacio temporal: entre septiembre y octubre de 2022″, señala la resolución.

Para los investigadores, está claro que los responsables “han ejecutado su plan con un modus operandi previamente determinado para cumplir su cometido: suplantan la identidad de terceras personas, obtienen información confidencial y ejecutan la activación de una nueva tarjeta Sim en la línea de sus víctimas. Y, finalmente, acceden a contenido privado. Ante el panorama delineado y conforme lo destacó el Fiscal, nos encontramos ante hechos que constituyen “prima facie” los delitos de acceso indebido a comunicaciones electrónicas privadas (art. 153 CP), acceso ilegítimo a bancos de datos personales (art. 157 bis inc. 1° CP) y estafa en tentativa”. Y unos párrafos después abrió la puerta a la figura de la asociación ilícita.

La causa se inició el 29 de marzo con la denuncia de Rosatti. El ministro de la Corte explicó que había recibido la factura de líneas telefónicas que no eran suyas. Se comunicó con la empresa Personal, de la que ni siquiera es cliente para saber qué pasaba, pero le respondieron: “Estimado Horacio Rosatti, estamos procesando su pedido, cuando tengamos novedades lo contactaremos”, fue la respuesta. En ese contexto, Rosatti pidió a la Justicia que investigue el origen de esas líneas telefónicas a su nombre. El delito denunciado habla de falsificación de documento destinado a acreditar identidad, que preve de uno a seis años de prisión.

Nadie tiene aún en claro para qué se generaron líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte. Una posibilidad es que haya sido para cometer delitos, pero la investigación está en pleno tramite para tratar de dilucidarlo. Por lo pronto, los primeros pasos dados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) confirmó que “de los cinco abonados estudiados a nombre de Horacio Daniel Rosatti, se registran siete IMEIs en los cuales se traficaron comunicaciones”.

Y, tal como reveló Infobae, aparecieron vinculados a esos teléfonos, 28 personas: entre ellas Skanata 39 abonados, además de los cinco a nombre de Horacio Daniel Rosatti, aparecen 28 personas distintas. Dos eran funcionarios judiciales: María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. El juez Martínez de Giorgi los convocó a declarar. Ninguno de los dos sabía de la existencia de esas líneas, señalaron las fuentes.

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A la causa se sumaron las sospechas sobre si también pudieron haber sido víctimas Lorenzetti o Maqueda. Fue después de un llamado del ex presidente de la Corte. “Con fecha 25 de abril se tomó conocimiento de que distintas personas habrían recibido llamados telefónicos de líneas presuntamente atribuidas al Dr. Ricardo Lorenzetti –ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, respecto de las cuales el magistrado no tenía conocimiento ya que no habrían sido tramitadas por él. Por tales motivos, se ordenaron nuevas medidas urgentes respecto del nombrado Ministro y del Dr. Juan Carlos Maqueda, que se encuentran en pleno trámite”, afirmó Martínez De Giorgi en una resolución firmada el viernes.

Ya desde el inicio la fiscal Paloma Ochoa avaló las medidas urgentes que había dispuesto como fiscal de turno, Pollicita, pero advirtió que a su criterio la causa debía tramitarse en Misiones. Volvió a insistir con esa postura esta semana, según indicaron fuentes judiciales. ¿Por qué? Porque las tarjetas SimCard asociadas a las líneas telefónicas desconocidas por Rosatti fueron adquiridas en distintos puntos de venta ubicados en Posadas y Garupa, provincia de Misiones.

El juez rechazó ese criterio. Es que “ante el panorama delineado”, el indicio de que las tarjetas SIM se hayan comprado en Misiones “se tornó estrictamente circunstancial, puesto que se incluyó la aparición de nuevos damnificados de similares maniobras delictivas, entre ellos varios ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes no sólo desempeñan sus funciones en el máximo tribunal del país, sino que concretamente sus actividades laborales las realizan en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para el juez, se trata de “maniobras más amplias que las inicialmente denunciadas, que afectarían a diversos integrantes de la Corte Suprema de Justicia”. En la misma resolución, subrayó que este caso plantea”una estrecha conexión entre los hechos denunciados” por los ministros de la Corte Suprema y los hackeos a los celulares a jueces federales. “Surge evidente la conexión en torno a la selección de las víctimas, dado que –como se dijo- revisten el carácter de jueces federales y ministros del Tribunal Supremo, y las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en un cercano lapso temporal”, añadió.

Como la causa más antigua es la de los hackeos, el expediente se agrupará con la intervención de Martínez De Giorgi y Pollicita. “Resulta conveniente la centralización del trámite de los sumarios en un único expediente, con el objeto de proceder a un análisis de los hechos y de las probanzas recolectadas, en una escala adecuada y en forma mancomunada”, se añadió.

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