El hacker misionero declaró por el caso Santilli y le pidieron otra indagatoria por atacar el celular de cuatro jueces

Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero de 22 años que se convirtió en protagonista de las causas por los hackeos a celulares de jueces y funcionarios, se enfrentó hoy a su primera indagatoria en Comodoro Py 2002. Pero mientras estaba declarando y confesando ante la jueza María Servini haber hecho maniobras para duplicar la tarjeta SIM de Diego Santilli, el diputado que aspira a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, el fiscal Gerardo Pollicita lo acusó y pidió interrogarlo por el hackeo a otros cuatro jueces: los integrantes de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal oral que condenaron a Cristina Kirchner Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Frente a eso, la defensa de Nuñes Pinheiro confirmó a Infobae que pedirá la unificación de todas las causas. Es que también se debe definir su situación en la causa por el hackeo al teléfono del ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que se instruyó en la justicia porteña y fue enviada a Comodoro Py. Se la enviaron al juez Sebastián Ramos, que instruye la causa Lago Escondido, pero habrá que ver si la acepta.

Lo que está claro es que los últimos meses del año pasado un grupo de funcionarios y jueces sufrió el hackeo de sus teléfonos a través de una maniobra similar. Desde Misiones, alguien activó un cambio de chip ante la empresa Movistar, consultando una serie de preguntas como si fuera el dueño. Esas preguntas eran datos que el impostor había consultado en bases de datos de Nosis y del RENAPER. El impostor era Nuñes Pinheiro que, en indagatoria ante la justicia porteña, dijo haber sido contratado a cambio de una suma que iba entre los 12 y los 15 mil pesos. Se trató de una quincena de objetivos, entre los que recordó el nombre de D’Alessandro y de Giménez Uriburu. Ahí también estaba el nombre de Diego Santilli.

No fue un día tranquilo para Nuñes Pinheiro. Llegó a las 12.15 al tercer piso de los tribunales de Retiro junto a su padre (también llamado Elías y que había sido imputado en la causa de la justicia porteña) y sus abogados, Sebastian Noguera y Marcos Kapko. Decía estar cansado y sorprendido de que dijeran que no lo podían ubicar ni por mail o celular, cuando siempre estuvo a disposición. Notaba en el aire un clima de tensión. Es que sus abogados decían ni siquiera sabían de qué lo iban a imputar. Encima habían comenzado a correr rumores sobre posibles detenciones.

“Estoy sorprendido de la cantidad de especulaciones que inventan los periodistas”, le dijo a Infobae mientras esperaba ser llamado a declarar. Insistió en que no sabía en qué se estaba metiendo cuando le hicieron ese encargo y que tampoco sabía quiénes serían sus víctimas. “Si hubiera sido consciente de quiénes eran, hubiera pedido millones”, le comentó con ironía a uno de sus abogados.

Lo cierto es que Nuñes Pinheiro entró a la indagatoria que habían dispuesto la jueza Servini y el fiscal Federico Delgado el viernes pasado. El hoy precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio denunció que en la tarde del 14 de octubre de 2022 notó que su celular no estaba funcionando bien. Llamó a Movistar y le dijeron que “sujetos no autorizados, simulando mi identidad y por vía remota, habían gestionado un cambio no autorizado del CHIP SIM CARD de mi aparato de telefonía celular”. Fue así que durante un rato alguien pudo acceder a sus redes sociales, contacto personales, sus casillas de correo y su WhatsApp.

Según pudo saber Infobae, el joven repitió su versión en la causa D’Alessandro. Servini estuvo presente en su juzgado; el fiscal siguió el interrogatorio de forma virtual. “Seguramente fui yo” dijo cuando le preguntaron sobre el teléfono de Santilli. Es que insistió en que cambió muchos chips y no tenía en claro quiénes eran sus víctimas. Y subrayó que él ayudó a usar las SIM pero que él no entró al teléfono. Todo lo se lo pasó al usuario de Telegram que le había hecho el encargo: el misterioso “ElJuanxd”. Luego cobró el dinero a través de billeteras virtuales.

La declaración de Nuñes Pinheiro se extendió hasta pasadas las 17. De ahí se fue almorzar con sus abogados. Y también con la certeza de que en breve tendrá que volver a tribunales. Es que, antes de que terminara de declarar, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo llame a indagatoria por el hackeo a cuatro jueces federales.

“Se encuentra acreditado con elementos probatorios objetivos que fue él quien creó los usuarios de NOSIS y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del RENAPER, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, sostuvo el fiscal Pollicita.

El fiscal pidió la unificación de las cuatro denuncias. “A criterio de este Ministerio Público Fiscal, el avance de la presente investigación permite sostener que existen elementos suficientes para que se convoque a prestar declaración indagatoria a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro por considerarlo autor penalmente responsable de los sucesos investigados”, señaló.

Para el fiscal, las maniobras comenzaron desde “al menos desde febrero de 2022, por un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos —entre ellos, el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas— tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación, para con ello acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.

El fiscal describió los pasos para cambiar el chip de los usuarios afectdos. Y explicó que el joven “obtuvo también otros datos personales de las víctimas —entre ellos, el número de trámite del DNI, que no lo proporcionaba NOSIS en sus informes comerciales—, para lo cual accedió ilegítimamente al banco de datos personales del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)”. También explicó que para obtener el número de trámite del DNI de las víctimas, la conseguía “a veces el usuario de Telegram “@eljuanxd” y, en otras ocasiones, a través de la “plataforma “Dark PFA”, un grupo ilícito que funcionaba a través de Telegram y ofrecía esta clase de servicios”. Infobae dio detalles de cómo funcionaba esa página en la dark web.

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" En esta investigación se han logrado identificar —en virtud de los requerimientos formulados al RENAPER— todas las consultas efectuadas a la base de datos de dicho organismo durante el año 2022 respecto de cada una de las víctimas, en las que el consultante no ingresó número de trámite de DNI pero sí obtuvo como respuesta ese dato; aunque resta determinar fehacientemente cuál de dichas consultas fue la utilizada para los delitos aquí investigados”, señaló.

Pese a la versión dada como imputado en las causa que tramitó la fiscal porteña Daniela Dupuy y la repetición dada ante la jueza Servini y el fiscal Federico Delgado, el fiscal Pollicita lo imputa por haber ingresado al teléfono: “Una vez obtenido el control de las líneas telefónicas de las víctimas, en el tercer paso Nuñes Pinheiro accedió ilegítimamente al manejo de las aplicaciones de las víctimas que contienen comunicaciones —hasta ahora, se ha identificado a Whatsapp, Telegram y Facebook—, para lo cual se valió del control de la línea telefónica y desde aquélla solicitó a las aplicaciones un código SMS, destinado a activarlas en un nuevo dispositivo electrónico. Esta circunstancia se conoce porque los propios damnificados manifestaron haber perdido el acceso a dichas aplicaciones, pero fue corroborada también mediante requerimiento a la firma Telegram, que confirmó que envió los SMS de activación de las diversas aplicaciones —Whatsapp, Telegram y Facebook”.

“La información reunida hasta el momento impide determinar si la activación de las aplicaciones se produjo en los mismos equipos telefónicos en poder de Nuñes Pinheiroen donde se habían activado las líneas de las víctimas, o si el nombrado recibió en dichos celulares los códigos de activación de las aplicaciones y los proporcionó a terceros, para que ellos, desde otros equipos —que podrían ser también computadoras—, activaran las aplicaciones de las víctimas”, se resaltó.

El dictamen afirmó: “Al tomar control de dichas aplicaciones, los autores del delito habrían accedido al historial de comunicaciones de los damnificados y, por tanto, podrían divulgar públicamente información de carácter privado o secreto, u ofrecerla a la venta públicamente; tal como ocurrió en el caso MPF 785.248 de la UFEDyCI, en el que se publicaron en internet y se ofrecieron a la venta comunicaciones privadas aparentemente extraídas de la cuenta de Telegram del funcionario local Marcelo D’Alessandro, por entonces Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, la obtención de dicho historial de comunicaciones privadas también otorga a los autores de los hechos aquí investigados la posibilidad de cometer otros delitos valiéndose de ello, tales como amenazas, extorsión o chantaje, por citar algunos ejemplos”.

“A criterio de este Ministerio Público Fiscal, los hechos descriptos constituirían, prima facie, los delitos de acceso indebido a comunicaciones electrónicas privadas (art. 153 CP), acceso ilegítimo a bancos de datos personales (art. 157 bis inc. 1° CP) y estafa en tentativa (art. 172 del CP), sin perjuicio de que el devenir de la investigación, la identificación del resto de los sujetos intervinientes y el esclarecimiento de las motivaciones últimas detrás de la maniobra descripta puedan dar sustento a un nuevo análisis de la adecuación jurídica de los hechos”, se añadió.

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