Investigan posibles relaciones entre la embajada de Rusia y los imputados en el caso de las agencias que traen embarazadas a parir a la Argentina

El caso por el ingreso de decenas de embarazadas rusas que vienen a parir a la Argentina puede tomar un giro inesperado. Hasta ahora la jueza María Servini enfocó la investigación en una de las agencias que cobra enormes sumas de dinero por el servicio que incluye, entre otras cosas, la atención del parto, la tramitación de la documentación argentina y, por ejemplo, el alquiler de viviendas para que las familias pasen unos meses en Buenos Aires. Pero en las próximas semanas puede haber otro tipo de novedades en el expediente.

Según se determinó en la investigación abierta en diciembre pasado, la agencia ArgentinaFamily presentaba en la Dirección Nacional de Migraciones documentación falsa para tramitar la residencia permanente de las parejas rusas que habían tenido un hijo en Argentina. Ese es el primer paso para luego conseguir el pasaporte.

A raíz de eso Servini citó a indagatoria a Elena Kuklina y Ruslan Yuldashev, los dueños de la agencia ArgentinaFamily. Pero también a la traductora del ruso que aparece firmando los papeles presentados ante Migraciones: Olga Guz. Y también a su cuñado Pablo Martín Sánchez, un abogado que cobraba -según fuentes judiciales- por representar a los rusos ante los juzgados en lo Civil y Comercial Federal donde los extranjeros solicitan la Carta de Ciudadanía.

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Una vez obtenida la Carta de Ciudadanía se puede acceder al pasaporte argentino, el documento que motiva que haya una enorme cantidad de rusos que vienen a la Argentina. Luego de que Rusia atacara a Ucrania comenzó a llegar a la Argentina una ola de ciudadanos rusos de alto poder adquisitivo en busca de nuevos horizontes y documentación. Son más los que solo buscan la documentación que los que se establecen en el país. Es que el pasaporte argentino les permite entrar sin visa a muchos más países que el pasaporte ruso. Y por ello lo requieren. Y pagan mucho por conseguirlo.

La situación de las rusas embarazadas irrumpió con fuerza en la agenda pública en febrero pasado cuando varias de ellas quedaron varadas en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a su llegada al país. Al arribo en Migraciones detectaron que venían como turistas, pero sin pasaje de regreso, no sabían a qué lugares iban a ir de visita y tampoco tenían claro en qué sitio se iban a alojar. Por esa situación estuvieron horas en el Aeropuerto hasta que un juez les permitió entrar.

La llegada de rusos a la Argentina se aceleró luego de la guerra. Estiman en la justicia en lo Civil y Comercial Federal que en los últimos tiempos la mitad de los 200 trámites diarios de Carta de Ciudadanía que se inician corresponden a ciudadanos rusos o de países limítrofes de Rusia.

Los que llegan de Rusia y cercanías lo hacen con mucho dinero. Es por ello que los servicios que prestan las agencias son caros: hay paquetes de 3.500, 7.500 y 15.000 dólares, todo depende de las prestaciones que contraten los interesados. Las familias pagan el costo de los partos en varias clínicas privadas y en hospitales públicos. También alquilan viviendas a precios fijados en dólares, lo que implica un buen negocio para ciertas inmobiliarias que tienen relación con las agencias que traen las mujeres a parir. En el mercado inmobiliario explican que los rusos pagan adelantado y en dólares los alquileres. La industria de la llegada de mujeres con embarazos en estados avanzados al país es muy rentable. Y es por ello que el aspecto económico está también en la mira de los que analizan el expediente judicial. De hecho hay abiertas investigaciones por lavado de dinero de ciudadanos rusos que llegaron a la Argentina en los últimos tiempos.

En la investigación judicial hay varias agencias apuntadas por ofrecer el mismo servicio que ArgentinaFamily. Se relevaron cuentas bancarias, pagos a clínicas y hospitales por los partos, y se hicieron cruces telefónicos para saber con quiénes se comunicaban los imputados en el caso. También se pusieron bajo estudio decenas de expedientes presentados ante Migraciones y los que se iniciaron ante los juzgados en lo Civil y Comercial Federal para obtener la Carta de Ciudadanía.

Fue a partir del cruce de datos que se llegó -según confirmaron fuentes judiciales a Infobae- a dos números de teléfono a los que se comunicaban algunos de los imputados. Esos números corresponden a la embajada de Rusia en la Argentina. La jueza quiere saber a qué personas estuvieron asignadas esas líneas entre enero de 2022 y mayo de 2023. También Servini quiere saber qué función cumplen las personas relacionadas con esas líneas. La embajada de Rusia tendrá que contestar el pedido que hizo la jueza.

De ese modo se abre una nueva veta en la investigación que implica saber si las agencias -que cobran enormes sumas de dinero por el servicio que ofrecen a las embarazadas- tenían algún tipo de relación con funcionarios de la embajada de Rusia. Una vez que se determine quiénes eran los que se comunicaban con los imputados, se podrá conocer qué clase de conexión tenían las agencias con la embajada de Rusia en Argentina.

Pero esa no es la única nueva veta de la investigación. Luego del cruce de teléfonos de los imputados Servini apuntó a Migraciones. Pidió un listado de todos los empleados y funcionarios que revistaron desde junio de 2022 en la sede central de Migraciones. La sospecha de los investigadores es que las agencias pudieron haber tenido relación con funcionarios de Migraciones para que los papeles falsos que presentaban no fueran objetados. Por ahora no hay funcionarios de Migraciones imputados en la causa.

Hasta ahora la investigación se había circunscripto a las agencias y los que trabajaban para ellos. Pero a partir de la decisión de Servini de pedir explicaciones a la embajada de Rusia y a Migraciones, el caso puede ir en otra dirección.

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