Servini citó a indagatoria a los dueños de una agencia que cobra por traer embarazadas rusas a parir en la Argentina

La jueza María Servini citó a indagatoria a cuatro personas vinculadas a una de las agencias que trae a mujeres rusas con embarazos avanzados a parir en la Argentina.

Después de varios meses de investigación, la jueza determinó que Elena Kuklina y su esposo Ruslan Yuldashev, los dueños de ArgentinaFamily, la agencia que fue allanada en febrero pasado, deben declarar en indagatoria el 6 de junio próximo.

Se los acusa -por ahora- de falsedad ideológica, estafa e infracción a la Ley Migratoria. También fue citada a declarar en indagatoria la rusa Olga Guz, la traductora cuyo departamento fue allanado en febrero pasado por orden de Servini. El cuarto citado es el abogado Pablo Martín Sánchez -cuñado de Guz- quien, según explicaron los investigadores, hacía trámites para que los ciudadanos rusos que traía la agencia obtuvieran la Carta de Ciudadanía argentina. Ese es el paso previo a conseguir el pasaporte, que es lo que buscan los rusos que vienen de paso al país. Guz y Sánchez deberán declarar el 7 de junio próximo.

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La agencia ArgentinaFamliy, tal como publicó Infobae, cobra por el servicio para los rusos que vienen a la Argentina una tarifa inicial de 3.500 dólares, una intermedia de 7500 y otra mucho más alta de 15.000 dólares. En el allanamiento a la casa de Kuklina y Yuldashev en Azucena Villaflor 550, “Torres Le Parc”, de Puerto Madero -donde funcionaba la agencia- se hallaron 66.920 dólares y 2.670 euros. También se encontró el contrato de alquiler de ese departamento: los rusos pagan 126.000 dólares por tres años. La pareja tiene dos hijos argentinos que nacieron en 2019 y 2022.

Todos los paquetes que ofrece la agencia incluyen las consultas previas al viaje, el suministro de tarjetas telefónicas, los traslados a los aeropuertos y los alojamientos. Y la ayuda para conseguir vivienda. A eso se le suma la selección del lugar del parto, controles previos, estudios y asistencia de intérpretes en el momento de dar a luz. También los controles posparto, tanto de la madre como del bebé. Después del nacimiento la agencia se encarga de tramitar toda la documentación tanto del recién nacido -que es ciudadano argentino- como de la familia que puede acceder a la categoría de residentes permanentes. También la agencia se encarga de la obtención de un número de CUIT, la apertura de cuentas bancarias, de organizar el matrimonio bajo la ley argentina y si fuera necesario de la ceremonia circuncisión de un niño. El costo del parto lo pagan los rusos en las clínicas y hospitales donde se atienden.

El caso judicial a cargo de Servini y con la intervención del fiscal Federico Delgado, se inició en diciembre pasado a partir de la denuncia de una ciudadana rusa que alertó sobre el funcionamiento de agencias que además de traer mujeres a parir consiguen documentación necesaria para llegar a obtener el pasaporte argentino. Ese documento es muy buscado —especialmente desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania— por los rusos: es que el pasaporte argentino les permite ingresar sin visa a muchos más países que el pasaporte emitido en Rusia.

En el inicio de la investigación se había determinado que varias parejas rusas presentaron documentación falsa para conseguir las residencias permanentes. Los extranjeros que aspiren a la residencia tienen que validar una certificación de domicilio ya que manifiestan la decisión de vivir en país y tienen que decir dónde lo harán. Ese trámite se realiza ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Según determinaron los investigadores decenas de certificados presentados ante Migraciones para conseguir la residencia de clientes de la agencia ArgentinaFamily, se hicieron con direcciones inexistentes. Y con papeles de la Policía de la Ciudad que son falsos. Un caso llamó la atención de los empleados de la secretaría del juzgado a cargo de Agustín Miragaya donde está radicada la causa: muchas rusas dieron como domicilio el de Juana Manso 590 piso 37 en Puerto Madero. Allí vive Olga Guz, que oficia como traductora de los documentos que aparece en los trámites que presentan los rusos que aspiran a conseguir los documentos argentinos. Cuando los agentes de la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal allanaron ese departamento halló 12.900 dólares y 100.770 pesos.

Los trámites para conseguir la Carta de Ciudadanía se realizan ante la justicia en lo Civil y Comercial Federal. Para iniciar la petición no hace falta que la persona interesada en obtener la ciudadanía argentina contrate un abogado. Sin embargo, en el caso de los rusos bajo investigación en el juzgado de Servini, aparecieron convenios de honorarios con el abogado Sánchez, quien a su vez se presentó en los juzgados y dejó su mail de contacto para monitorear la marcha del trámite. Los convenios de honorarios alcanzaban valores de 3000 a 5000 dólares.

Según estiman en Tribunales el trámite de una Carta de Ciudadanía en los juzgados en lo Civil y Comercial Federal puede tardar entre nueve meses -si se hace rápido- o dos años. Según determinaron los investigadores, son muchos los rusos que se van a otro lugar mientras se lleva adelante el trámite.

Las indagatorias serán en junio y allí los cuatro imputados se defenderán de las acusaciones en su contra. Pero la investigación no termina allí: la actividad de otras agencias está bajo observación judicial. Aún se está analizando el contenido de los teléfonos y computadoras de los imputados. No se descarta que la organización de Kuklina tuviera contactos aceitados en Migraciones y otro tipo de relaciones que les permitiera operar en la Argentina a cambio de los miles de dólares que cobraban por traer a las mujeres rusas a parir en el país.

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