La jueza porteña Araceli Martinez se declaró incompetente y decidió mandar la investigación por el hackeo al ex ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro a la justicia federal, donde hay varias causas que investigan el hackeo a jueces y fiscales. Concretamente, la magistrada remitió la causa al juez Sebastián Ramos, que tiene a su cargo el caso por el viaje a Lago Escondido, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
“La competencia de este fuero se encuentra superada y corresponde en consecuencia adoptar la resolución correspondiente para que la investigación continúe en cabeza del magistrado que por ley tiene asignada competencia material correspondiente”, escribió la jueza Martínez en una resolución a la que tuvo acceso este medio. Ahora habrá que ver ahora si el juez Ramos acepta el envío de la causa y o si la rechaza y se traba una cuestión de competencia.
La causa por el viaje a Lago Escondido investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas. En el expediente aparecen imputados el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; los jueces Julian Ercolini, Pablo Yadarola, y Pablo Cayssials; el ex funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Esa causa se activó cuando se conocieron audios y mensajes de un chat de Telegram en donde los participantes del vuelo hablaban de la difusión de esa noticia y cómo manejarse en consecuencia.
Se supone que esos mensajes se obtuvieron del hackeo a D’Alessandro. Por ese motivo, la jueza Martínez decidió declararse incompetente.
La investigación que tramitaba en la justicia porteña ya estaba muy avanzada. Luego de allanar varios domicilios en la localidad de ElDorado, la fiscal obtuvo una confesión del joven Elias Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien reconoció haber conseguido los datos del entonces ministro de Seguridad porteña a pedido de un desconocido que le pagó entre 12 y 15 mil pesos “por objetivo”. En la lista también entraron otros jueces y funcionarios.
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El joven ya declaró dos veces y pidió convertirse en arrepentido. En sus indagatorias contó que prendió fuego su teléfono que había utilizado con la persona que le encargó el hackeo y lo arrojó al río Paraná luego de que la jueza federal María Servini lo citara a declarar como testigo en otra causa. Dijo que lo hizo porque “se asustó”, aunque ya había comprobado que se habían borrado las conversaciones.
Nuñes Pinheiro aseguró además que la persona que lo contactó para hackear varias líneas siempre le pagaba por anticipado. Y reconoció un pago de $46 mil por “tres objetivos”. Ese pago figura en un listado de transferencias que aportó la empresa Lemon. Se concretó el 17 de octubre, el mismo día que el sitio El Destape reveló el viaje a Lago Escondido de un grupo de personas entre las cuales estaba D’Alessandro. Dos días después, se concretó el hackeo en su teléfono.
La fiscal Dupuy había avanzado estas últimas semanas bajo secreto de sumario para intentar identificar al supuesto autor ideológico de la maniobra. D’Alessandro no fue la única víctima del hacker. La Justicia determinó que desde el mismo IMEI, y desde la localidad de Eldorado, ingresaron a las líneas de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos integrantes del Tribunal Oral que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso Vialidad), y del juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, entre otros. Varios de ellos se presentaron en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. Allí también se investiga que se hayan registrado lineas teléfonicas a nombre de tres ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Aunque la investigación estaba avanzada, a pedido de Dupuy, la jueza Martínez declinó ahora la competencia argumentando que el fuero federal debe intervenir porque se investiga el delito de violación de secretos. Sostuvo que hay una “indisoluble vinculación” entre esta causa y la que tramita en el juzgado federal 2.
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“Debo adelantar que comparto con la Fiscal que la competencia de este fuero local, a la luz de los hechos investigados y sus implicancias, se encuentra superada y corresponde en consecuencia, adoptar la resolución correspondiente para que la investigación continúe en cabeza del magistrado que por ley tiene asignada competencia material correspondiente. No obstante ello, entiendo que existen otras razones, además de las esbozadas por la Dra. Dupuy, que motivan el dictado de la declinatoria de competencia en favor de la justicia federal. Esas razones las he adelantado desde los albores de esta investigación y giran en torno a las calificaciones legales correctas que correspondía darle a los hechos denunciados”, afirmó la jueza.
Y agregó: “Refuerzo ahora esa conclusión al advertir que como resultado de las sucesivas diligencias investigativas que se consideraron impostergables, esta justicia local ha logrado determinar, con el grado de certeza que la etapa requiere, la identidad de algunos de los implicados en los hechos investigados. Sin embargo, la solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”.
La jueza Martínez mencionó un fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que ya había reconocido que en la causa de Lago Escondido se investiga “tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen; y además, el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”
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“Es de destacar que el resultado de las maniobras de hackeo y espionaje derivó en la obtención y publicación de comunicaciones que, de chequearse su veracidad, poseería superlativa relevancia e innegable vinculación con los hechos principales que se investigan en ese Tribunal de excepción, en el marco de la causa aludida”, agregó la jueza.
El juez federal Sebastián Ramos no solo investiga el caso de Lago Escondido. Tal como reveló Infobae ayer, el también investiga DARK PFA, el sitio utilizado por el hacker misionero para sacar los datos de sus objetivos. Según esa investigación, una persona bajo el apodo de “pr1sox” fue el encargado de darle acceso a esa base de datos.
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