La causa judicial que investiga la compra de decenas de aviones y helicópteros con posibles sobreprecios, se reactivó esta semana cuando el fiscal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de varios funcionarios. Los acusa de haber permitido la salida de millones de dólares sin control. La mayoría de las aeronaves son privadas. Pero también hay aviones y helicópteros oficiales. A pedido de la Justicia, la AFIP relevó durante varios meses cada una de esas operaciones de importación. En uno de esos informes, a los que tuvo acceso Infobae, el organismo recaudador puso la lupa en un Airbus H145, adquirido por la provincia de Córdoba en USD 9.500.000.
El helicóptero fue comprado para tareas de emergencias y para el combate de los incendios, aunque muchas de esas aeronaves luego se transforman en taxis aéreos para el traslado de funcionarios. Entre otras funciones, esa aeronave permite transportar agua a través de un cubo especial y trasladar bomberos y equipamiento hasta lugares de difícil acceso. “Es altamente versátil pudiendo adecuarse a todas las funciones, actividades y tareas que desarrolla la Dirección, y permite hacer más eficiente el rendimiento y la capacidad operativa de la flota de la Provincia”, declaró el Director General de Aeronáutica de Córdoba, Gabriel Marcellini, cuando la aeronave llegó al país.
Como se trata de un helicóptero nuevo importado desde Alemania, la AFIP le pidió toda la documentación a la Aduana de ese país a través de la División Intercambio de Información Aduanera. Según la respuesta de ese organismo, la aeronave habría sido exportada por la empresa Airbus Helicopters Deutschland GMBH, bajo la declaración MRN 22DE740269684842E4, a la empresa Airbus Chile SPA, un valor de USD 8.142.284.
Esa empresa, según la respuesta de la Aduana de Alemania, luego se lo vendió a la provincia de Córdoba en USD 9.500.000 provocando una diferencia entre los valores de exportación y de facturación de USD 1.357.716. “La aeronave en cuestión fue importada bajo la modalidad de “triangulación”, en donde si bien existe una vinculación económica entre el exportador y el vendedor, no existe tal vinculación entre el importador y el vendedor de la aeronave”, sostuvo la AFIP en uno de sus informes agregados a la causa judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo.
En un comienzo, la Justicia investigó un total de 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros, ingresados al país entre enero de 2020 y febrero de 2022, cuando comenzó la investigación. Pero luego el relevamiento se amplió hasta mayo del año pasado.
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La enorme mayoría de esas aeronaves fueron adquiridas por empresas privadas y del sector aeronáutico. Pero también aparecían dos helicópteros y un avión comprados por la Gendarmería, un Lear Jet 60 registrado por la Secretaría General de La Pampa el 29 de enero de 2021, y un helicóptero a nombre del Ministerio de Seguridad bonaerense valuado en USD 8.191.466.
La AFIP también analizó la importación de un helicóptero Airbus H125, comprado por la provincia de Misiones, y el helicóptero de Córdoba, modelo H145 BK 117 D2.
“El helicóptero se compró a la filial de Airbus de Chile y se pagó mediante transferencia por el sistema oficial denominado SWIFT. La compra tramitó por expediente administrativo con intervención previa del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Nunca tuvimos noticia de un requerimiento de AFIP”, dijo un vocero del gobernador Juan Schiaretti ante una consulta de Infobae.
Fuentes aeronáuticas consultadas por este medio confirmaron que las últimas importaciones de la marca Airbus se realizaron a través de la filial de Chile porque en Argentina no hay un representante oficial. Incluso las garantías se realizan en el país trasandino. “En muchos casos, la diferencia de precio tiene que ver con los adicionales que pide cada cliente. Habría que analizar el contrato para ver cómo salió desde Alemania”, dijo un experto.
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La investigación judicial apunta a posibles casos de sobrefacturación. “Los valores declarados en nuestro país resultaron muy superiores a los que surgieron de las distintas líneas de investigación llevadas a cabo, permitiendo de esta manera un egreso indebido de divisas al exterior”, explicó el fiscal Taiano esta semana al pedir la indagatoria del ex ministro de Economía Martín Guzmán, del actual titular del Banco Central Miguel Pesce, de la ex titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, y de la ex titular de la Aduana Silvia Traverso.
La maniobra empezaba en el exterior, con una factura por un precio superior al real. Con eso, las empresas pedían la autorización al Banco Central para comprar al dólar oficial y luego se concreta la transferencia. Cuando llegaba el avión al país, casi no había controles.
Taiano determinó que se reunieron pruebas suficientes para afirmar que los cuatro imputados “no pudieron desconocer que se realizaban operaciones de importación con un giro de divisas mayor al que correspondía y, por el contrario, no habrían articulado ningún control y/o mecanismo para investigar estas operaciones, habida cuenta que eran sumamente elocuentes las maniobras descriptas y la magnitud de las mismas”.
Antes de definir si avanza con las indagatorias, el juez Lijo espera un informe de la Aduana tras una serie de allanamientos que se hicieron hace dos semanas en CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
El magistrado ya tiene su poder una serie de informes que hizo la AFIP el año pasado donde se detectaron varios casos de sobrefacturación de aeronaves privadas. Ante cada operación, el organismo recaudador analizó la situación patrimonial de la empresa y los integrantes de la sociedades involucradas. Para evaluar el costo de las aeronaves, se pidió información a Estados Unidos, Italia, España, Alemania y Nueva Zelanda. Pero también se relevaron los sitios de venta de aviones y el sistema Aircraft Bluebook, una referencia de precios a nivel mundial.
La causa judicial comenzó en febrero de 2022 con una investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán. Días después, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia en base a una nota de Infobae que quedó a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Taiano.
La investigación tiene en vilo a un selecto grupo de empresarios. Algunos de ellos se presentaron en Comodoro Py luego de los últimos allanamientos y ya designaron abogados. En la intimidad se quejan que las restricciones a las importaciones están poniendo en riesgo al sector. “El Presidente se gasta USD 22 millones para comprar un avión oficial mientras tenemos aviones parados por falta de repuestos. Con esos aviones se hacen traslados de órganos para el INCUCAI y vuelos sanitarios con pacientes graves”, lamentó un empresario.
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