El Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles, durante el plenario, crear una comisión para seguir el escándalo por las declaraciones juradas luego de la confirmación de una auditoría, revelada por Infobae, que determinó que se manipularon 55 anexos reservados y 277 anexos públicos de sobres con información de jueces y funcionarios, y que faltaban otras 82 declaraciones. El caso, sin embargo, sirvió para que se generara un debate sobre si las declaraciones juradas de los jueces y funcionarias debían ser públicos. ¿Deben hacerlo, como los miembros del Ejecutivo y del Legislativo, o como planteó uno de los jueces consejeros, eso los pone en riesgo frente a las investigaciones penales que llevan adelante en casos sensibles como causas de narcotráfico?
Todo surgió en el marco de un plenario en donde se aprobaron dos concursos para cubrir 16 cargos en la justicia civil de la Capital Federal y sin acuerdos para avanzar en las ternas de Comodoro Py 2002. El tema de las declaraciones juradas estaba en agenda como una de las cuestiones a tratar.
Infobae reveló el domingo que la auditoría que ordenó el Consejo de la Magistratura detectó que no fueron solo 33 las declaraciones juradas de jueces las manipuladas, como se supo el año pasado, sino que hubo más de 300 sobres abiertos sin justificación: 55 de esos documentos contenían información reservada; que faltaban otros 82 sobres con declaraciones juradas y que había además una caja bajo el nombre “jueces” en donde se guardaban los datos de los principales protagonistas de Comodoro Py 2002 sin ninguna explicación.
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El escenario es altamente sensible porque en los tribunales creen que esos datos pudieron servir para hackear celulares de magistrados, según lo dejó planteado el fiscal Ramiro González. “Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión”, escribió.
Antes de iniciar el plenario, de manera informal, los representantes de los distintos sectores ya habían acordado “hacer algo” frente a los resultados de la auditoría tras la manipulación de las declaraciones juradas que se detectaron en junio del año pasado y que ahora se investiga si podrían estar relacionadas con el hackeo de celulares a jueces de causas clave. Pero hubo que esperar al final de la reunión, que se extendió varias horas, para que hablaran públicamente del tema.
El juez de Casación y consejero Diego Barroetaveña, uno de los magistrados a los que le abrieron la declaración jurada, tomó la palabra sobre el final del plenario: “El 7 de julio del año pasado nos informamos de que se habían abierto 24 sobres que contenían las declaraciones juradas de Magistrados y funcionarios. También algunas otras que habían sido removidas del lugar. Este número se fue incrementando: fueron alteradas un número de 82 faltantes de sobres, anexos manipulados, anexos reservados abiertos y vueltos a cerrar. De los que estamos acá en la mesa se abrieron los sobres de la consejera Agustina Díaz Cordero y de quien les habla. También de otros jueces, algunos colegas de la Cámara de Casación Penal y otros de primera instancia del fuero federal. Este es un hecho muy grave para todos nosotros”.
En ese contexto, Barroetaveña afirmó que cerrar la investigación era prematuro y resaltó llevar adelante más medidas de prueba, que “van en línea con las últimas noticias de estos días respecto al expediente penal que el fiscal Ramiro González le ha propuesto al juez Daniel Rafecas”.
El juez agregó: “También hemos consensuado y es importante decirlo, a instancias del consejero del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, que se haga una comisión con representación de cada estamento para el seguimiento de cómo se viene trabajando”
Ustarroz coincidió al señalar que “la interacción de un comité de seguimiento integrado por los estamentos generará un trabajo virtuoso para llegar a las últimas consecuencias”. Y Rosatti acotó: “Estamos todos de acuerdo en esa propuesta”.
La jueza y consejera Alejandra Provítola también pidió intervenir: dijo que se había enterado por los medios que la declaración jurada de su esposo, también funcionario, había sido manipulada. “Esto no atraviesa ningún fuero sino afecta a todos los funcionarios y sus datos personalísimos”, subrayó, tras destacar el trabajo luego de la intervención y proponer por escrito una serie de medidas a realizar.
Fue entonces que el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade afirmó que “es un tema muy sensible” y que se necesita “tener el máximo control”. Además, subrayó que es uno de los principales interesados en que se profundice sobre lo ocurrido. “Hay medios de comunicación que están asociándomela a ese episodio delictivo. Me acusan por informar sobre las declaraciones juradas de varios jueces, cosa que había conseguido un año antes por el proceso correspondiente y no de la forma en que se consiguieron estas declaraciones juradas”, se defendió.
Y añadió: “También me parece que hay una cuestión a discutir: ¿de dónde surge que el Consejo de la Magistratura tiene que ser la autoridad de aplicación del régimen de declaraciones juradas de magistrados? Toda las declaraciones de los legisladores y del Ejecutivo están a tiro del enter de cualquier máquina. La de los jueces no. No sé porqué esa diferencia”.
El encargado de recoger el guante fue el juez y consejero Alberto Lugones, representante de la línea celeste (cercana al oficialismo) y quien en gestiones anteriores del Consejo debatió el tema. “Con gusto vamos a discutir. Creo que tengo razones fundadas y fundamentes de por qué se hizo esa distinción. Todos tenemos una función importante. Nosotros estamos todos los días resolviendo la detención de gente que tiene complicados antecedentes. Hay colegas que han sido amenazados por hacer lo que hacen. Tenemos argumentos. Esto no es oscurantismo ni pretende serlo. A mí no me gustaría que una persona que estoy investigando por narcotráfico o lavado de dinero con historias pesadas sepa dónde vivo. No es menor el tema. No es miedo, pero hay que cuidar a nuestras familias”, afirmó.
Barroetaveña asintió: “Como decía mi abuela, el miedo no es tonto”.
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