El ex administrador de la Corte pidió ser testigo en la causa por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

El ex administrador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el contador Héctor Marchi, pidió ser incorporado como testigo en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades cometidas por el actual directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Según pudo saber Infobae, el ex funcionario hizo una presentación a media mañana de este miércoles ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 7, a cargo del fiscal federal Ramiro González.

“Vengo a presentarme y a solicitar se me incorpore como testigo a fin de ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación”, manifestó en su escrito el ex administrador, quien fue desplazado la semana pasada tras enviar una nota al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, sobre las auditorías realizadas a la Obra Social.

Asimismo, Marchi hace saber en su presentación ante el fiscal González “sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí como también a terceros.” Por otra parte, expresó que está dispuesto a efectuar la declaración que estime correspondiente en la causa en la que se investigan las irregularidades denunciadas tanto ante el fiscal González como ante el juez federal Ariel Lijo, en cuyo juzgado tramita el expediente.

Esta causa se inició a raíz del pedido del fiscal federal Ramiro González, quien solicitó que se investiguen una serie de hechos vinculados a la gestión del actual directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, especialmente en relación a lo actuado por su presidente Mariano Althabe, designado hace ya un tiempo según una propuesta de Horacio Rosatti.

El fiscal González promovió la investigación sobre hechos nuevos a partir de la extracción de testimonios de otra causa que tramita en el juzgado de Lijo. En ese expediente se investigan dos hipótesis delictivas: por un lado, irregularidades que habría en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI) por la suma de 100 millones de pesos anuales desde el año 2008, sin contar con el presupuesto mínimo necesario y sin haber cumplido sus obligaciones a cargo –emergencia médica- en todo el país; y en segundo lugar, las irregularidades que se habrían cometido en la contratación por parte de la obra social de los judiciales de la prestadora “Fandamant S.A.”, con domicilio en la ciudad de Córdoba, cuya prestación consistía en el control de recetas, sin contar con la infraestructura necesaria y tratándose, según se denuncia, de una empresa “fantasma”.

Esta causa se inició tras una presentación del fiscal federal Guillermo Marijuán a raíz de una disidencia planteada por el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en la Acordada 28 del año 2022. Allí, Marijuán señaló que, en su disidencia, Lorenzetti remarcó diversas cuestiones que -según consideró el fiscal- debían ser investigadas. El magistrado advirtió en esa oportunidad que el nuevo Estatuto afectaba normas del derecho sustantivo; que el Directorio había incumplido normas reguladoras de su gestión; que el estado contable del período del 1ro. de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, presentado por el directorio, había sido firmado por el contador Nicolás Jacinto Serafini –respecto del cual se desconoce cómo fue designado, faltando a la transparencia que señala el Estatuto- quien alegó diversas irregularidades en los sistemas informáticos de gestión, falencias en la seguridad y falta de control de la información respaldatoria de sus operaciones; que el Directorio tampoco había cumplido con el informe requerido por la Corte mediante la Resolución 2095/2022, punto 2, como así tampoco con la licitación del software de gestión y tampoco con el balance de 2021.

Marijuán también consideró que la disidencia del ministro Lorenzetti hacía referencia a conductas a investigarse, entre ellas, que se avaló la designación de personas propuestas por quienes habían incumplido diversas normas jurídicas de acuerdo a la auditoría realizada, habilitándose a un grupo de personas vinculadas entre sí con relaciones previas a la designación, sin ningún tipo de control contable y administrativo, como señala la auditoría.

Héctor Marchi, habiendo tomado conocimiento debido al estado público de la investigación del fiscal González y a raíz de su declaración testimonial prestada ayer ante la Comisión de Juicio Político del Congreso, solicitó ser incorporado como testigo a la causa.

En su declaración de ayer en el Congreso, Marchi dejó muy en claro que en 2008, el ministro Juan Carlos Maqueda había quedado a cargo de la Obra Social con un control total, que quedó demostrado porque designó en ese momento en el directorio a Aldo Tonón. En 2008, el juez supremo cordobés llamó a Ginés Gonzalez García y le pidió que le recomendara a alguien de su confianza para ponerse al frente de la obra social y el ex ministro de Salud le dio el nombre de Tonón.

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