Mariano Borinsky: “Las maniobras de contrabando impiden al Estado elaborar políticas sociales”

En el aula 217 del segundo piso de la Faculta de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se presentó la segunda edición ampliada y actualizada del libro “El delito de contrabando”. La publicación fue dirigida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Pablo Turano, fiscal en lo Penal Económico, y Daniel Schurjin Almenar, subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación. Los coautores y coautoras del libro son Lucas Bello, Fabián M. Caffaro, Pablo Cavaignac, Nancy Garçon, Deborah Lichtmann, Juan I. Pascual, Magdalena Rodríguez y Silvana Yanichevsky.

Los directores de la publicación invitaron a hablar en la presentación a la jueza de Tribunal Oral en lo Penal Económico Karina Perilli quien resaltó varios aspectos del libro, cuya primera edición se imprimió en 2007. Destacó la mirada amplia de los directores y de los coautores y el aggionarmiento de la obra debido a la “evolución de los delitos de contrabando”. La magistrada habló sobre el enfoque del libro que permite ser una “obra de consulta” para los interesados en la temática del contrabando. Perilli señaló que el libro está escrito “en un lenguaje claro, sencillo, como pide la Corte, para que la sociedad entienda y eso lo hace un libro amigable también para los profesionales que no están tan ligados al fuero penal económico”. También hizo referencia la perspectiva de género incluida para tratar aspectos de los casos de contrabando.

Turano habló de -entre otros temas- cómo el contrabando en todas sus formas afecta la soberanía nacional y Schurjin Almenar se refirió a la actualización que se hizo respecto de la edición del 2007 debido a las modificaciones que muestran los delitos en los últimos años. Entre el público que asistió a la presentación había familiares de los que participaron de la publicación, empleados de los tribunales, integrantes de las cátedras de la UBA, el ex juez Marcos Grabivker, el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Borinsky, a su turno, señaló: “La delincuencia económica, en ocasiones, está emparentada con el crimen organizado, que es la actividad sistemática ilegal para obtener poder o beneficios económicos. De por sí, el crimen organizado es tan antiguo como el gobierno y las leyes, y tan internacional como el comercio. Muchos vinculan aquel término en un sentido menos preocupante para los gobiernos y los intereses comerciales: con las organizaciones mafiosas. Así, se convierte en una amenaza para la sociedad y no en parte de ella. Las grandes maniobras de evasión tributaria, contrabando y fraude a la administración pública (entre otros delitos económicos) impiden al Estado financiarse y elaborar políticas sociales que tiendan a paliar las necesidades de los menos privilegiados, eliminando así el principio de solidaridad, base de la organización social”.

Asimismo, el juez recordó: “En la década de los ´80 se estimó que únicamente en impuestos a las ganancias, al valor agregado y a las contribuciones previsionales la falta de pago de los contribuyentes y aportantes llegó a la suma de 52 mil millones de dólares, equivalentes casi al monto total de la deuda externa que heredó en 1983 el gobierno democrático posterior a la última dictadura militar nacional. Todo ello en medio de una crisis socio-económica sin precedentes, donde empezaba a ser imposible la prestación normal de los servicios públicos y el pago regular y actualizado a los índices inflacionarios de sueldos, jubilaciones y pensiones, con una transferencia de ingresos en la sociedad cada vez más notoria en beneficio de pequeños grupos de poder económico-financiero, conectados al capital internacional y condicionantes del ejercicio del poder político”.

Y agregó: “En este contexto, la doble contabilidad, las maniobras en perjuicio de la hacienda pública y el trabajo ‘en negro’ fueron comportamientos habituales ante la ineficacia de los organismos fiscalizadores y de represión, quienes carecían del respaldo de una decisión política firme de combatir la evasión y desarrollaban su labor en medio de carencias materiales significativas, con una opinión social media que veía como una ‘viveza criolla’ a la realización de maniobras deliberadamente ardidosas y la posterior omisión de pago de los tributos correspondiente por parte del delincuente evasor. Inclusive, muchos grandes evasores completaron sus maniobras llevándose las ganancias a los denominados ‘paraísos fiscales’. La descripta precedentemente es una foto de hace 40 años. Cualquier similitud con la actualidad, no es pura coincidencia”.

Borinsky concluyó: “En definitiva, en la era de la globalización, los Estados se procuran los instrumentos necesarios para combatir la delincuencia económica organizada ya sea mediante la sanción a los funcionaros y otras personas físicas con penas efectivas de prisión; pero también mediante el sistema de sanciones a las corporaciones que cometieron delitos, con penas pecuniarias; como así también mediante la implementación de las vías independientes para devolver de forma definitiva los cosas, bienes o valores equivalentes fuere del dinero que le apropiaron al propio Estado, para que pueda volver a la sociedad mediante el cumplimiento de alguna de las funciones básicas estatales: educación, salud, seguridad y justicia”.

Los tres directores del libro, que consta de dos tomos y que publica Rubinzal-Cunzoni, aprovecharon la presentación para agradecer tanto a los integrantes del equipo que participó de la publicación como a sus familiares.

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