A la hora de las conclusiones, el Consejo de la Magistratura no pareció brillar por su orden a la hora de preservar las declaraciones juradas de sus funcionarios. Así lo demuestra la auditoría que se hizo en el organismo que se encarga de controlar a los jueces y seleccionar a los que aspiran a serlo. De ese caos, se sirvieron aquellos que manipularon sobres de jueces claves. El fiscal Ramiro González planteó que esa información sensible pudo servir para hacker teléfonos de magistrados. La mayoría de los sobres que aparecen abiertos sin justificación son del 2019 y hay algunos del 2020 y 2021. Se cree que todo ocurrió antes del 2022, justo cuando un fallo de la Corte Suprema hacía caer la estructura de 13 miembros en el organismo y, a la espera de una ley, ponía en vigencia un cuerpo de 20 integrantes.
El domingo Infobae reveló el faltante de 82 declaraciones juradas y la manipulación de 55 anexos reservados y 277 anexos públicos. Muchos eran jueces, otros funcionarios. Las manipulaciones fueron en declaraciones recientes. Los faltantes podían datar de información de hace casi una década. Entre esos jueces, según se sabían, estaban los jueces de la causad Vialidad, jueces de Casación o el juez Ariel Lijo. Ahora también se supo que abrieron sobres del fallecido Claudio Bonadio, del juez Manuel De Campos o de las juezas María Gabriela Lanz y Wilma López, entre otros.
La auditoría también comprobó la existencia de una caja con la rúbrica “jueces” con declaraciones viejas de los principales nombres de Comodoro Py 2002. El informe al que accedió Infobae detalla que allí mezclaba la información de jueces como Marcelo Martínez De Giorgi, María Servini, Martín Irurzun, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, Sergio Ramos, Julian Ercolini, Mariano Borinsky, Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Juan Carlos Geminiani, o Eduardo Farah, junto a Gustavo y Roberto Hornos y Ana María Figueroa.
En la lista aparecen hoy ex jueces de los tribunales de Retiro como Sergio Torres (hoy de la Suprema Corte bonaerense), Jorge Luis Ballestero, Luis Rodriguez, Rodolfo Canicoba Corral, Eduardo Freiler, Liliana Catucci, Horacio Cattani, Norberto Oyarbide o Claudio Bonadio (ambos ya fallecidos). Estaban en una caja de cartón y en una caja azul rotuladas “Jueces” que se encontraron en el despacho ubicado en el 8° piso de la sede de Sarmiento al 800, “al lado del puertín”.
“Se han encontrado diversos expedientes con pedidos de acceso a tales declaraciones en los expedientes administrativos hallados en las cajas azules ubicadas en el 4° subsuelo y reseñados en el acápite Otra documentación localizada en el depósito (jaula), más no se encontró pedido alguno que estuviera dirigido exactamente a dichos magistrados y en tales períodos que justificara que se encontraran separados del resto de la documentación”, dice el informe.
Todo se descubrió el 21 de junio del 2022, luego de un fin de semana largo que detectó que se habían abierto sin justificación 33 sobres y que ahora se confirmó que fueron muchas mas. Ese día, la entonces responsable de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Cuerpo, María Victoria Pérez Bayonzo, informó que al llegar a su trabajo “la agente María Victoria Villarreal observó que la puerta de ingreso a la cocina, que limita con el hall central del piso, se encontraba abierta, sin llave y arrimada, pese a que había sido dejada cerrada el jueves 16 de junio –día hábil laboral anterior- y que las únicas personas con llave de acceso son personal de la oficina”.
La mujer también vio que “la puerta de acceso de la cocina hacia el despacho de la secretaria de la oficina presentaba la cerradura ubicada en el medio de la puerta trabada; en tanto que la cerradura superior contaba con una sola vuelta, cuando normalmente lleva dos”. En su despacho, el escritorio no se encontraba en las condiciones en que lo había dejado el jueves anterior. A simple vista no pudo constatar si hubo objetos removidos o faltantes.
Lo que se expone aquí son las conclusiones del informe general de la Oficina de Declaraciones juradas Patrimoniales luego de la intervención que se dispuso tras ese hecho, que lleva la firma del secretario general del Consejo Mariano Pérez Roller y del prosecretario Tomas Charni. Ese material ya fue entregado al fiscal González y que será analizado esta semana en el Plenario del Consejo. Sus conclusiones cobra otra relevancia en el marco de otras investigaciones abiertas: la que analiza cómo entraron a los teléfonos de distintos jueces federales.
En el caso del juez de Casación Gustavo Hornos o de los integrantes del juicio Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se les abrieron sus sobres y tiempo después les hackearon sus celulares. El fiscal González quiere saber si ambos hechos estuvieron relacionados. “Se desconoce a los autores de la sustracción y/o apertura de los sobres con las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios que se revelara a partir de los hallazgos denunciados, lo cierto es que la información pública y privada que contienen los mismos es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados”, escribió el titular del Ministerio Público.
Y añadió: “obsérvese que han tomado estado publico diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión”.
El informe analizado afirma que “no fueron forzadas las cerraduras; no existe ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados, acerca de la cual se sospeche utilización engañosa de lleves; no existió actividad del sistema informático necesario para asegurar prontitud y eficacia en la posible intrusión; y no existe ningún sobre intrusado de declaración jurada posterior a la feria de verano (del 2022), siendo que superaban las 200 presentaciones”.
También sostiene que “la verificación de las cualidades de las vulneraciones de los sobres, registradas en las constataciones, resultan de indudable intervención humana para sobres presentados en el año 2019, con certezas para muchos de los sobres presentados en el año 2020 y dudas en los demás; y con dudas razonables sobre intervención de personas en las vulnerabilidades encontradas en los sobres presentados en el año 2021. Las acciones de seguridad que fueron desplegadas antes del inicio de la feria de verano explican el reconocimiento de situaciones de alerta″.
Hay sobres que no se encontraron en el lugar donde correspondían, pero como los jueces aludidos habían sido denunciados la información fue encontrada en otra área. Lo mismo sucedió con algunos sobres abiertos: si bien se registró la apertura, solo en algunos casos estaban habilitado porque se abrió en el marco de alguna causa que se le instruía. Eso ocurrió por ejemplo en el caso del juez federal de Mendoza Walter Bento, que fue procesado por integrar una asociación ilícita que beneficiaba a presos.
De las presentaciones del año 2019 (correspondientes al período fiscal 2018), el sistema da cuenta de 3.347 sobres de Anexo Reservado, repartidos en once cajones de los ficheros ubicados en el despacho del piso 8°. De ahí faltaba el sobre 33.898 perteneciente a Rodrigo Giménez Uriburu; y el sobre 33.921 perteneciente a Andrés Fabián Basso. Lo dos estaban abiertos.
De las presentaciones del año 2020 (correspondientes al período fiscal 2019), había 2.760 sobres de Anexo Reservado. Ahí aparecieron abiertos sin justificación los sobres de los jueces de Casacion Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, y también de los jueces de Vialidad Andrés Basso (otra vez) y Jorge Gorini. A la lista se sumaron el caso de Agustín Nahuel Bento (porque se remitieron copias a un expediente), el de Ignacio Enrique Sánchez, de Daniel Umina y Marion Lea Vecino.
De las presentaciones del año 2021 (correspondientes al período fiscal 2020), había 3.623 sobres de Anexo Reservado. Fueron abiertos los sobres del juez Ariel Lijo, el juez Rodrigo Giménez Uriburu y de la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero.
También los de Hernán Diego Papa, Enrique Gustavo Velásquez, César Yannielli, Vanina Constanza Sanzol, María Andrea Sciarretta, Martín Sarmiento Laspiur, Marcela Inés Levy Landajo, Lucila Califano, María Dora González, María Fernández Barone, Abel Guillermo Sánchez Torres, Mariana Elizabeth Sosa, Milagros Cabal, Lorena Hansen Giffoniello, Ignacio Daniel Nanni, Mariana Grandi, Roberto Carlos Pompa, María Florencia Daray, Héctor Fabián Cortés, Juan Ignacio Elías y el de Agustín Bento, “el cual se encontraba en otro de los ficheros obrante en el despacho ubicado en el 8° piso, luego de haberse remitido copias certificadas en el marco del expediente n° 16-06543/21″.
¿De quiénes eran las 82 declaraciones juradas que faltan? Se trata de los sobres de distintas épocas. Incluso hay algunos que ya no son más magistrados. O funcionarios, como en el caso de María Eugenia Capuchetti, que hoy son jueces.
“De lo expuesto, se sigue que muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Otros, fueron hallados archivados , y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano Sin embargo, algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia”, se señaló.
Aquí la lista a la que accedió Infobae, reportada en la auditoría: del período fiscal 2005, reportado al año siguiente, el de Elsa Moral; de 2008, sobre el perìodo 2007, figuran Karina Zucconi, Maria Gabriela Fernandez Zurita y Elizabeth Paisan, y de 2009, rendido en 2010, Raúl Horacio Llanos y Daniel Alonso. De los sobres del 2011, con información del año anterior, figuran Hector Sosa, Rodolfo Cresser, María Rosa Bosio, Jorge Ferro, Juan Ojea Quintana, Mónica Cecilia Fernandez, y Alberto Silvio Pestalardo. La lista sigue con Veronica Michelli, Monica Rodriguez Eiriz, Lucina Larrandart, Eduardo Carlos Fernández, Marisa Raisbert, y José Pérez Arias.
Los otros sobres cuyos sobres faltan con información pública y privada, según el caso, del periodo 2011 presentados en 2012: Jorge Tassara, Juan Galena Greenway, Maria Laura Viani, Guillermo Fernández, Adolfo Campos Filliol, Bernardo Rodriguez Palma, Guillermo Fernández, Alexis Tinnirello, Gustavo Becerra Ferrer, Jose Luis Ortega, Pablo Vassel y Jose Luis Aguilar,
De las presentaciones del 2013, correspondientes al período 2012, faltan los sobres de Martha Hender, Julio Herrera, Maria Eugenia Capuchetti (con anexos públicos y privados), Felicitas Brie Barberan,Karina Raszewski, Jose Luis Aguilar, Gustavo Lluís Boccanera, Maria Raisberg, Osvaldo Vázquez, Ricardo Leiva. De los sobres del 2014, sobre el periodo fiscal anterior, faltan los de Jorge Demarco, Maria Emilia Cevasco, Maria de los Angeles Miranda, Eduardo Belforte y Pablo Bruno,. De las presentaciones del 2015, no se encuentran las de Gloria Kehoe; del 2018, la de Segio Betchadkian.
Es decir: faltan 82 sobres, de los cuales 43 son públicos y 39 reservados. “Cabe mencionar que la documentación faltante corresponde a presentaciones efectuadas con anterioridad al año 2019, que, por tanto, se encontraba guardada, en principio, en cajas ubicadas en el 4° subsuelo del edificio de Sarmiento 877; a excepción de los sobres pertenecientes a Verónica Michelli, Mónica Rodríguez Eiriz, Lucila E. Larrandart, Eduardo Carlos Fernández, Marisa Raisberg y Cecilia Lorena Burgartt que deberían haberse encontrado -por su numeración- en las cajas del año 2011 que se hallaban en el despacho del 8° piso, y que según se informó, habían sido subidas con motivo de una inundación que se produjo en el subsuelo”.
Sobre los anexos reservados con signos de haber sido abiertos sin constancia que acredite su apertura en su exterior, eran 55: los 33 que se habían reportado el año pasado y los que se añadieron ahora con el nuevo revelamiento. Esta es la nómina agregada: Ignacio Labadens, Alberto Leal, Julio Slinin, Maria Gabriela Lanz, Elisa Díaz de Vivar, Alejandra Tévez, Claudio Bonadio (presentación año 2010), Luis Rabbi Baldi Cabanillas, Manuel De Campos, Wilma López, Alvaro Balestrini, Maria Hernández Agramonte, Juan Gordillo Torres, Juan Ignacio Furia, Fabiana Martín Karin, José Guerrero, Maria Florencia Farinella, Eugenio Bulygin y José Luis Badorrey.
Los restantes 33, los que se conocieron el año pasado, pertenecían a Giménez Uriburu, Ignacio Sánchez, Daiel Umina, Marion Vecino, Guillermo Yacobucci, diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Jorge Gorini, Agustina Díaz Cordero, Hernán Papa, Cesar Yanelli, Maria Sciarreta, Vanina Sanzol, Martin Sarmiento, Marcela Levi, Lucila Califano, Maria Dora González, Maria Fernández Barone, Abel Sánchez Torres, Ariel Lijo,Mariana Sosa, Milagros Cabal, Lorena Hansen, Ignacio Nanni Mariana Grandi, Roberto Pompa, Maria Daray, Hector Cortez y Juan Elias.
Tras este escándalo, el área fue intervenida y las declaraciones juradas mudadas a otro edificio. Personal de la guardia registra por cámaras cada ingreso y a las oficinas se accede a través de un sistema de datos biométricos instalado al lado de la puerta que da acceso a la sala específica de archivo.
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