Jueces federales cuestionaron la eficacia del Código Procesal Penal Federal en el combate contra el crimen organizado

“Me parece que es un código que para resolver casos sencillos es fantástico pero respecto del crimen organizado nos pone en una situación peor”, dijo el juez federal Ariel Lijo al referirse a la experiencia que vive a diario en su juzgado desde la implementación del Código Procesal Penal Federal. El magistrado participó de un encuentro organizado por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional (COT) del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). En el evento expusieron además de Lijo, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani; el ex juez de ese tribunal, Eduardo Riggi; y el fiscal de la Cámara Federal de Casación, Raúl Pleé. La reunión fue coordinada por la ex jueza de Casación, Liliana Catucci, las primeras palabras estuvieron a cargo de Juan Félix Marteau, director del COT y contó con la presencia del Presidente del Comité Ejecutivo del CARI, José Octavio Bordón.

El ex juez Riggi señaló que una de las problemáticas que se ha desatendido en su implementación es la relacionada con los costos económicos de este código. “Esto ha ocurrido porque hay una costumbre generalizada de propender a grandes reformas y no ver de dónde van a salir los fondos, y no estudiar y analizar la viabilidad.” Planteó que al implementarse el sistema acusatorio los juzgados no van a necesitar todo el personal que tienen en la actualidad. “Esa gente debería ser utilizada por las fiscalías”, dijo Riggi y agregó “hay que reordenar la cuestión y hacerla autosustentable.”

El ex magistrado señaló que por un lado el código establece que los jueces no deben retardar indebidamente alguna decisión pero se pusieron en vigencia en el ámbito federal artículos que disponen que sólo podrán ser ejecutadas sentencias firmes, un principio muy interesante -según Riggi- pero que viene a trastocar nuestra realidad ya que en algunos casos aún con sentencia de la Corte esos fallos no se pueden ejecutar y recién adquieren firmeza una vez que son revisados por tribunales internacionales. “Esto no sólo afecta la soberanía nacional sino que pareciera que tiene un enderezamiento político muy reprochable y poco aceptable para quienes trabajamos en la tarea de implementar la ley y de aplicar el derecho penal a los culpables”, dijo Riggi.

Por su parte el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani comenzó su exposición destacando que “lo que advertimos con una gran tristeza es que hay algunas circunstancias de la aplicación del código que revelan una falta de conocimiento elemental no ya sobre cuestiones procesales sino sobre cuestiones jurídicas generales.” En ese sentido, mencionó como ejemplo que la Sala que integra tuvo que intervenir en una causa en la que un juez argentino dispuso la aplicación de una medida consecuencia de un ilícito en un Estado extranjero, en Bolivia. “Eso es desconocimiento del Derecho”, afirmó Gemignani. Los jueces revocaron la resolución del magistrado que había ordenado que se realizara una medida en un país extranjero y a raíz de esa decisión fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. “Este es el escándalo del desconocimiento jurídico”, dijo Gemignani y agregó “si los actores desconocen de manera brutal los principios del sistema jurídico no hay ningún código que pueda funcionar.”

Otro cuestionamiento que hizo Gemignani al Código Procesal Penal Federal está relacionado con uno de sus artículos en el que trata al delito como un conflicto. Esta interpretación filosófica lleva a que el autor del delito pueda liberarse de su responsabilidad reparando el daño ocasionado por su conducta. El problema que plantea en el ámbito federal -resaltó Gemignani- es que la reparación de daños solamente puede pensarse como una solución cuando el interés lesionado, o el bien jurídico lesionado, sea de pertenencia individual. “Frente a un hurto puede tener una lógica” sostuvo el magistrado y explicó “los delitos que nos toca juzgar son todos delitos de sujeto múltiple, o sea, no hay ningún delito en la jurisdicción federal que solamente afecte un interés subjetivo personal. ¿Cómo pensamos un resarcimiento?”

Luego expuso el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé quien precisó que lo que él ve en este código es que pareciera que está legislado para hechos sencillos pero no para delitos complejos. Resaltó que los plazos que establece para la investigación preliminar, para la audiencia de control de acusación y las características que se le está dando a la norma en la práctica hace “que sea bastante complicado entender que esto pueda llegar a ser muy eficiente para la investigación de delitos transnacionales complejos o de criminalidad organizada.”

En base a la experiencia recogida en Salta y Jujuy donde ya se utiliza el Código Procesal Penal Federal, Pleé puso en duda que tenga eficacia en la lucha contra el narcotráfico cuando se aplique en Rosario, que es el próximo distrito donde se va a implementar. Mencionó que los jueces de los tribunales orales de Salta y Jujuy han planteado que con las nuevas reglas procesales llegan a los juicios sin conocimiento del tema que se va juzgar y de las pruebas que van a usar las partes. También alertó sobre la imposibilidad que tienen los jueces de subsanar errores u olvidos de los fiscales al momento de llevar las pruebas al juicio. Puso como ejemplo el caso de dos personas que estaban imputadas por el transporte de 30 kilos de estupefacientes que fueron absueltos por un error del fiscal que hizo referencia a una pericia que se había practicado pero omitió citar al perito para que declare en el juicio. Esta circunstancia fue aprovechada por la defensa de los imputados que pidió la nulidad de esa prueba logrando la absolución de las dos personas acusadas de transportar 30 kilos de droga.

El fiscal Pleé también cuestionó que el Código Procesal Penal Federal no permita que los jueces hagan preguntas directas en los juicios orales y sólo pueden pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante. Otro de los puntos que criticó Pleé es la posibilidad de que en causas por delitos federales mediante el pago de una reparación integral por parte del imputado se extinga la acción penal. Puso como ejemplo de cómo ya se está aplicando este criterio una causa contra el directorio de un banco extranjero acusado de lavado de activos y de fugar al exterior 30 millones de dólares en la que los imputados evitaron el juicio y la pena mediante el pago de una suma de dinero.

Además Pleé planteó la necesidad de una policía judicial porque dijo que advierte que el Ministerio Público Fiscal está siendo direccionado fundamentalmente por la actividad de las fuerzas de seguridad que en muchos casos no son totalmente independientes de los poderes políticos de turno. También señaló que al no contar con policía judicial no se puede profundizar la investigación para encontrar a los dueños de la droga.

El fiscal Pleé contó que los jueces están empezando a utilizar el concepto de perforación del mínimo penal en casos en los que los traficantes son personas que están en estado de vulnerabilidad. Explicó que la consideración con perspectiva de género hace que las organizaciones criminales estén utilizando a mujeres con un alto nivel de pobreza lo que provoca que los jueces -por una cuestión de humanidad- apliquen penas por debajo del mínimo establecido por el Código Penal para esos delitos. “No va a ser útil este código para la delincuencia transnacional organizada y dudo que en Rosario, si se sigue la jurisprudencia y la forma de aplicar este código, encontremos a los dueños de la droga”, advirtió Plee y añadió “tenemos camiones con 200 kilos de droga y tenemos sólo al camionero preso.”

Otro de los expositores en el encuentro organizado por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales fue el juez federal Ariel Lijo. El magistrado dijo que un gran inconveniente es que en el fuero federal hay dos sistemas en vigencia porque se aplican en simultáneo el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal. Resaltó como algo positivo que el nuevo código introduzca técnicas especiales de investigación criminal pero cuestionó que no tenga ninguna referencia a la evidencia digital. También criticó el plazo dispuesto por el código para la duración de los procesos en los que se investigan delitos de crimen organizado transnacional. “El que escribió esto ¿tiene idea de lo que me cuesta tramitar un exhorto?”, preguntó Lijo. El magistrado contó como ejemplo un caso en el que libró un exhorto para un país que tiene problemas de violaciones a los Derechos Humanos y que la Cancillería no lo envía. Con distintas excusas desde el Palacio San Martín vienen demorando el trámite. “Hace 6 meses que estoy atrás pidiéndole que manden el exhorto”, se quejó el juez Lijo y agregó “no tienen idea de lo que es una investigación de crimen organizado: la cooperación internacional es el embudo, la catástrofe de todas las investigaciones de crimen organizado y de crímenes transnacionales.”

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