Espionaje a jueces: en el Consejo de la Magistratura faltan otras 82 declaraciones juradas y sospechan que los datos fueron manipulados para hackear teléfonos

El escándalo por el espionaje a jueces suma más misterio. Es que una auditoría que ordenó el Consejo de la Magistratura detectó que no fueron solo 33 las declaraciones juradas de jueces que fueron manipuladas. Hubo más de 300 sobres abiertos sin justificación y 55 de esos documentos contenían información reservada. Pero además la investigación detectó algo más grave: faltan otros 82 sobres con declaraciones juradas, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Los nombres de los afectados aún no trascendieron, pero se trata de magistrados con causas de trascendencia política. El escenario es altamente sensible porque en los tribunales creen que esos datos pudieron servir para hackear celulares de magistrados.

Así quedó expuesto ahora en un dictamen en donde el fiscal Ramiro González, que tiene delegada la investigación, le informó al juez Daniel Rafecas una serie de diligencias y declaraciones testimoniales que fijó para avanzar en el esclarecimiento de este nueve escenario. Sobre todo a la luz de las revelaciones en otros expedientes: la comprobación de jueces que han sido víctimas de hackeos en su celulares, luego de maniobras en donde se usaron datos privados para poder acceder a sus comunicaciones.

Hubo otro dato que llamó la atención de los investigadores: había una caja separada con la palabra “jueces”. La mayoría trabajan en Comodoro Py y son foco de atención pública. Hasta ahora, no hay explicación para que esa documentación estuviera allí apartada.

Dice el dictamen al que accedió Infobae: “Obsérvese que han tomado estado público diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas en cuestión. En razón de todo lo expuesto, entiendo necesario realizar nuevas medidas que permitan dimensionar el cuadro de situación en la que se encontraban dichas declaraciones juradas como así también procurando determinar cómo sucedieron esos faltantes y aperturas”.

El escenario al que alude el dictamen está planteado pero aún resta saber quién estuvo detrás de las maniobras. La investigación penal que lleva adelante la fiscal porteña Daniela Dupuy por el hackeo al teléfono del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro demostró que un joven de 22 años fue contratado vía Telegram en Misiones para acceder a los teléfonos del ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta pero también al del diputado Diego Santilli y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos.

A inicios de noviembre, comenzarían a aparecer en una pagina creada especialmente distintos chats en dos grupos de Telegram que integraba D’Alessandro con jueces y empresarios, algunos de los cuales habían viajado con él a Lago Escondido. El viaje tuvo lugar el 13 de octubre y fue difundido por Página/12 cuatro días después. Esos diálogos, que D’Alessandro denunció adulterados, se conocieron el fin de semana previo a la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. A fines de diciembre, luego del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación, se filtrarían otra seguidilla de supuestos chats del teléfono de D’Alessandro, que le sirvieron al oficialismo para impulsar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

En el Consejo de la Magistratura se guardan bajo sobres lacrados las declaraciones juradas de bienes de más 11 mil jueces federales y nacionales de todo el país. El 21 de junio pasado, tras un fin de semana largo, se descubrió que 33 sobres habían sido abiertos o manipulados: 24 tenían información reservada, 9 información pública. De inmediato el Consejo de la Magistratura resolvió intervenir el área que se ocupa de la guarda de las declaraciones juradas, mudar los documentos a otro edificio y realizar una auditoría.

Entre los sobres abiertos aparecen los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, o los del tribunal oral que juzgaba en ese momento a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Muchos de esos jueces sufrieron después problemas con sus teléfonos: buscaron entrar a sus comunicaciones. Con una misma mecánica, un mismo lugar (Misiones) y en un mismo período.

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Pero ¿hubo más víctimas del robo de declaraciones juradas? Infobae pudo saber que en las últimas horas llegaron a Comodoro Py 2002 una serie de documentos que ya están bajo análisis del Plenario del Consejo de la Magistratura: el “Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimonial, con motivo de la intervención dispuesta mediante Resolución CM 96/2022″ y del “Informe presentado por el Cuerpo de Auditores”.

Del inventario que se inició tras descubrir la intrusión en junio pasado surgió la novedad. “Muchos de los sobres que en un primer momento parecían faltar fueron hallados en sitios diferentes de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Otros, fueron hallados archivados (…) y otros obraban en la Comisión de Disciplina de este órgano (…) Sin embargo, algunos de ellos no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia…”.

Según el relevamiento, hay 82 sobres que no están: no fueron hallados y no tienen constancias que expliquen el faltante. Son 43 anexos públicos y 39 anexos reservados. De acuerdo a la información que pudo tener Infobae, la mayoría eran presentaciones efectuadas con anterioridad al año 2019 y por eso se encontraban guardadas, en principio, en cajas ubicadas en el cuarto subsuelo del edificio de Sarmiento al 800. También faltan seis sobres que deberían haberse encontrado en la caja del año 2011 y estaban en el octavo piso del edificio.

Las declaraciones juradas tienen información pública y reservada. De los anexos reservados, había 55 con signos de haber sido abiertos sin constancia que acredite su apertura en su exterior. Allí se incluye los 33 casos que se detectaron abiertos el año pasado. Hubo además manipulación en otros 277 de anexos públicos, señaló el informe aportado a la causa.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores: “Fueron hallados con signos de apertura los sobres de Anexo Público de magistrados, que se hallaban dentro de una caja rotulada ‘JUECES’ que se encontraba en el despacho del 8º piso, respecto de los cuales se han encontrado diversos expedientes con pedidos de accesos a tales declaraciones en los expedientes administrativos hallados en las cajas azules ubicadas en el 4º subsuelo y reseñados en el acápite ‘Otra documentación localizada en el depósito (jaula)’”. El detalle es que “no fue encontrado pedido alguno que estuviera dirigido exactamente a dichos magistrados y en tales períodos que justificara que se encontraban separados del resto de la documentación”.

El informe presentado por el cuerpo de auditores también determinó en base a fotos, testimoniales de empleados y personal de seguridad, y expertos de seguridad informática que “no fueron forzadas las cerraduras” y tampoco existió un “ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados”.

Al recibir este informes, el fiscal González ligó la manipulación de estos datos al hackeo que, se reveló, sufrieron varios jueces federales. “Si bien por el momento se desconoce a los autores de la sustracción y/o apertura de los sobres con las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios que se revelara a partir de los hallazgos denunciados, lo cierto es que la información pública y privada que contienen los mismos es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados”, sostuvo el dictamen al que accedió Infobae.

La fiscalía sostuvo que “corresponde efectuar un exhaustivo análisis del informe” recibido y para eso busca convocar a declarar a los prosecretarios letrados que suscribieron el informe. También dispuso librar oficio a Secretaria General del Consejo de la Magistratura “a fin de que sirva remitir a esta sede copia de los expedientes administrativos relacionados con los pedidos de acceso a la información que obrara en las declaraciones juradas halladas en una caja rotulada ‘jueces’ según se consignara en el informe general”.

Por separado, se hizo el listado de “los funcionarios y magistrados cuyas declaraciones juradas estuvieran en los 82 sobres faltantes”. Se les avisará en las próximas horas por privado, mientras que se ordenó consultar tanto a la Comisión de Disciplina, a la Administración General y a la Secretaria General del Consejo de la Magistratura “a fin de que informe si tienen registros de haber solicitado dichos sobres y las razones por las cuales aún no se devuelven a la oficina correspondiente”.

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