Dictaron condenas de hasta 24 años para tres acusados de secuestrar, extorsionar y tirotearse con la policía

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de prisión de tres hombres acusados de secuestrar con el uso de armas de fuego a distintas víctimas y mantenerlas como rehenes a cambio de un rescate. Durante el cautiverio, los secuestradores amenazaban y torturaban a sus víctimas. El juicio oral acreditó tres casos: les dieron entre 19 y 24 años de cárcel para los delincuentes, que además ya contaban con antecedentes penales por robos en poblado y en banda. Fueron detenidos luego de una persecución en la que intentaron fugarse en un auto robado tras delinquir en una vivienda del partido de Tres de Febrero.

Los primeros dos secuestros que juzgó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín ocurrieron a fines del 2014. El 17 de diciembre de ese año, alrededor de las 12:30 los imputados Gonzalo Sosa D’onofrio, Nazareno Vega Romero y Carlos Cavallaro cruzaron el auto de Marta y su hija Julieta, quienes iban al banco de la localidad de Villa Lynch a hacer un trámite. A los gritos las hicieron bajarse de su Ford Focus y subirse a la parte de atrás. Los tres abordaron con amenazas y exhibiendo pistolas. Querían “plata, mucha plata”. Uno tomó el volante y empezaron a dar vueltas hasta llegar a una casa abandonada. Durante el trayecto las obligaron a agachar la cabeza y le indicaron a una joven que llamara a su padre para contarle la situación. Uno de los captores le sacó intempestivamente el celular y comenzó a negociar con él.

Según las declaraciones en la causa, que el fallo reciente al que tuvo acceso Infobae de la Sala IV de Casación destacó, la vivienda abandonada quedaba cerca de la Universidad de San Martín y era muy precaria. Tenía un baño 2x2 con piso de material y una repisa pequeña con objetos viejos. Las hicieron quedarse ahí mirando la pared a la espera de un buen trato. En el cuarto contiguo había fardos de alfalfa y un afiche colgado con la imagen de una virgen. Un reloj marcaba las 13:40 mientras los secuestradores seguían negociando con el padre y esposo de las víctimas. Además, cada vez que se acercaban a vigilar lo que ellas hacían se tapaban las caras con remeras. Entre idas y vueltas consiguieron el pago de 25 mil pesos que les entregó el familiar de las víctimas en el medio de una avenida ajetreada de gente y a plena luz del día. Las liberaciones se hicieron por separado en distintas partes de la provincia de Buenos Aires.

El segundo secuestro que corroboró el tribunal oral mediante la evaluación de un extenso cuerpo de pruebas, que el fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky describió como de un “razonamiento sin fisuras”. En la madrugada del 29 de diciembre de 2014, los delincuentes sorprendieron a Carlos mientras salía de su casa en Los Polvorines para ir a trabajar a su distribuidora de fiambres en la zona de Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires. De vuelta: armas de fuego -pistolas calibre 9mm-, amenazas y gritos. Lo hicieron ingresar de nuevo a su casa y mientras le ataban las manos con un cordón de zapatilla y le tapaban la boca para que no gritara despertaron a su esposa Juana exigiéndole dinero. “Bueno señora, despiértese y póngase algo de ropa, que va ir con nosotros”, dijeron.

Los subieron a la parte de atrás de un auto con toallas en las cabezas y los llevaron a la misma casa abandonada del delito anterior. Carlos rememoró que el baño donde los hicieron esperar estaba sin terminar y que les dieron un balde de chapa para sentarse. Además declaró que durante el trajín para llegar a ese lugar pudo entrever fusiles M-16, handys y chalecos antibalas. En ese viaje a gran velocidad por calles de tierra le exigieron la llave de la distribuidora, el código de la alarma y la clave de la caja fuerte. Ya estaba amaneciendo en Buenos Aires cuando algunos secuestradores se dirigieron para el negocio y otros -eran más de tres- se quedaron a custodiar a los rehenes.

Al rato, según tuvo por acreditado el tribunal federal 5 de San Martín, los que se habían ido aparecieron en la casa del cautiverio muy alterados. Comenzaron a torturar a Carlos con golpes en la cabeza y en el cuerpo. Después lo amenazaron con cortarle un dedo. Le reprochaban que en la distribuidora había gente y que él “los había mandado para que los agarren”.

En ese entonces los delincuentes tomaron una decisión rápida: “Vamos a manejar todo esto como un secuestro”, les dijeron a las víctimas. A Carlos lo agarraron y lo sentaron en un auto, lo obligaron a llamar a la distribuidora y que repita todo lo que ellos le iban dictando. Llamó y atendió Cristián, empleado a cargo del local, a quien le encomendó que agarrara toda la plata de la caja fuerte y siguiera paso por paso las instrucciones de los captores. Luego lo devolvieron junto a su mujer al baño de 2x2 y el balde de chapa.

Allí los secuestradores comenzaron a negociar con Cristian, quien junto a otro empleado realizaron la denuncia en la Policía Federal, dándole intervención a la División Antisecuestros. A su vez, en las negociaciones acordó que el pago para liberar a los rehenes se haría en el barrio Puerta Ocho, del municipio de Tres de Febrero. Sin embargo Cristián no fue solo al lugar de la entrega, y según las constancias de la causa, cuando los delincuentes se acercaron a retirar el pago y descubrieron que estaba la Policía, comenzaron a disparar hasta trenzarse en una balacera a la vista de los vecinos. De esa forma se fugaron con dirección a la casa abandonada y el pago volvió a quedar trunco.

“Nos tiroteamos con la policía, qué suerte que no mataron a ninguno de los nuestros, porque si no vos con tus propias manos ibas a matar a tu esposa, para que te quede cargo de conciencia”, le dijeron los secuestradores a Carlos al llegar a la vivienda, según reseñó el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En dicha instancia, otra vez volvieron a cambiar la modalidad. Decidieron que liberarían a Juana para que ella misma sea la encargada de llevarles personalmente el desembolso de dinero que pretendían recibir.

Así, los captores la condujeron con los ojos vendados hacia una calle que ella no reconoció y la dejaron con un celular en la mano y algo de plata. Le dijeron tenía que tomarse un remis hasta la distribuidora, agarrar todo el efectivo de la caja fuerte y esperar su llamado para coordinar el encuentro. De acuerdo a sus declaraciones durante la etapa instructoria del caso, pasadas dos o tres horas el llamado llegó: “bueno, ¿está la plata?, ¿cuánta plata hay?”.

A las horas la mujer consiguió 720 mil pesos, pero ellos exigían 2 millones. Sin embargo al rato aceptaron ese monto y le indicaron que tomara un taxi hasta la colectora General Paz en su intersección con la calle San Martín, frente a un supermercado Carrefour. Ella ya había entrado en contacto con la Policía, que nuevamente fue al lugar pactado a la espera de capturar in fraganti a la banda. Juana fue donde le marcaron con precisión y esperó un “tiempo prudencial” sin rastros de los captores.

Al rato le entró un llamado: “hija de puta, hasta un helicóptero me trajiste, ahora te vamos a dejar viuda”. Ya en ese momento, las narraciones que se desprenden del fallo relatan cómo -quizás ya cansados- los delincuentes deciden liberar a Carlos en un barrio de calles rotas y con los ojos vendados. Allí caminó solo hasta encontrarse con un transeúnte que lo asistió, le desató el cordón que le ataba las manos y se comunicó con el 911.

El último delito que comprobó la justicia federal tuvo lugar el 3 de enero de 2015 a las 5:30 de la mañana, cuando los mismos imputados cruzaron con el auto a Cristian -el empleado de Carlos en la distribuidora, quien negoció con ellos su libertad- cerca de su casa en la localidad de Moreno. Idéntica secuencia: a punta de pistola lo obligaron a descender del vehículo y lo introdujeron en un Ford Focus, que resultó ser el auto que habían robado en el primero de los tres hechos. Allí, una vez adentro emprendieron la marcha, lo golpearon fuerte y le dijeron que irían a la empresa a buscar la plata. “Porque te hiciste el héroe la vez pasada”, agregó uno de los captores.

Bajo el marco de su declaración testimonial, Cristian precisó que durante la secuencia pudo reconocer las voces de las personas con quienes había negociado días atrás, datos que -entre otros- ponderó el tribunal oral de San Martín al momento de sopesar las evidencias y atribuir responsabilidades. La recolección de pruebas abarcó testimonios, peritajes balísticos, cámaras de video de autopistas y peajes, entre otras. En esa línea, los jueces de la Casación coincidieron al validar la “logicidad del proceso intelectivo” que siguieron los magistrados de la instancia anterior al momento de valorar lo recabado en la investigación penal.

Respecto a la descripción de los hechos, Cristian refirió que llegaron antes de las 6 de la mañana al negocio vacío y que él mismo desactivó la alarma antes de facilitarles los dígitos de la caja de seguridad, de la cual ellos extrajeron la recaudación de los últimos tres días con un total de 250 mil pesos. Una vez logrado su propósito, lo subieron al auto y lo trasladaron hasta la localidad de San Miguel, donde finalmente lo liberaron.

Un mes después la Policía Federal dio cuenta de la detención de los imputados, quienes fueron capturados por personal policial mientras intentaban fugarse con un auto robado en la localidad de Pablo Podestá, en el partido de Tres de Febrero. Los tres hombres contaban con antecedentes penales, que fueron contemplados al momento de dictar sentencia. De esa forma, Gonzalo Sosa D’onofrio, Carlos Cavallaro y Nazareno Vega Romero recibieron penas únicas de 24, 20 y 19 años de prisión respectivamente.

Seguir leyendo: