La justicia argentina analiza investigar al régimen chino por violaciones a los derechos humanos de los uigures

La justicia federal tiene en sus manos una denuncia de alta sensibilidad internacional que se presentó en agosto del año pasado para que se investigue a la República Popular China por genocidio y delitos de lesa humanidad de la minoría uigur. Fuentes judiciales revelaron a Infobae que la fiscal Alejandra Mángano solicitó una serie de medidas de prueba para determinar si en Comodoro Py 2002 se abre una causa por estos crímenes.

El año pasado viajaron a Buenos Aires Omer Kanat, en representación del “Uyghur Human Rights Project”, Dolkun Isa, en nombre del “World Uyghur Congress” y en calidad de víctima directa de la diáspora y el genocidio contra los uigures, y Michael Polak, abogado inglés en su carácter de presidente de “Lawyers for Uyghur Rights”. Se presentaron para reclamar la jurisdicción universal para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos de la minoría uigur a manos de China.

La investigación de un caso de relevancia internacional no representa algo nuevo para la Argentina. Por ejemplo, se han abierto expedientes para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo en España y también por genocidio cometidos por militares contra los rohingya en Myanmar. Es por ello que se reclama la jurisdicción universal para el caso de los uigures.

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En 2022, cuando todavía estaba al frente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la ex presidente de Chile Michelle Bachelet publicó un informe de 48 páginas sobre las violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang en contra de los uigures y otras etnias musulmanas. El régimen rechazó las conclusiones.

En la denuncia se explicó la situación que padece la comunidad uigur, que está asentada hace miles de años en la provincia de Xinjiang, también llamada Turquestán Oriental, al noroeste de la República Popular China. Los integrantes de la comunidad Uigur practican mayoritariamente el islamismo, tienen un lenguaje propio de raíces turcas y costumbres culturales diferentes de la población Han que habita en la Xinjiang. La población Han habla chino mandarín y en su mayoría no profesan ninguna religión.

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El texto explicaba: “A su vez, al igual que otros colectivos túrquicos, dentro de la comunidad Uigur existen grupos que reclaman autonomía política territorial y aspiran a la construcción de un estado-nación propio. En cualquier caso, resulta incontrovertible que la identidad Uigur es una identidad que debe ser entendida al mismo tiempo como la identidad de un pueblo, una nación, y que, mayoritaria y hegemónicamente, se corresponde con la identidad religiosa musulmana”.

El caso es el 2774/2022 y le tocó por sorteo al juzgado a cargo de Sebastián Casanello con la intervención de la fiscal Mángano.

La denuncia señalaba cuál era la situación de violación de los derechos humanos de los uigures:

”Diversas organizaciones de derechos humanos han calculado que entre 800.000 y 2.000.000 de personas han sido alojadas en estos centros de detención desde abril del año 2017. Amnesty International, con la información disponible, calculó el total de detenidos arbitrariamente en un total de al menos un millón de personas”.

”Desde la década de 1990 el gobierno de la República Popular China ha incentivado por medio de diferentes políticas públicas la migración de miembros de la comunidad Han al territorio de la provincia de Xinjiang. A partir de los conflictos étnicos y religiosos desatados por esta política de colonización de las tierras tradicionalmente habitadas por el pueblo Uigur y 3 de 30 otras comunidades del Turquestán, el gobierno chino fue desplegando distintas políticas represivas contra los uigures hasta que en el año 2014 lanzó un programa conocido en inglés como Strike Hard Campaign against Violent Terrorism. Este programa incluyó diferentes formas de vigilancia y restricciones a la libertad ambulatoria, así como restricciones impedimentos sobre el comercio y trabajo de los uigures”.

“Las restricciones impulsadas desde entonces en la práctica estuvieron dirigidas masivamente contra los uigures por el simple hecho de ser uyghures. Esto se verifica por el hecho de que las medidas de vigilancia y restricciones de derechos que se registran tienen como denominador común el hecho de que los detenidos son mayoritariamente uigures. No obstante, a partir del año 2016 la represión contra los uigures se incrementó y desde entonces se encuentra documentada la existencia de diferentes centros de detención cuya cantidad se ha calculado entre 500 y 1400″.

“El grupo Uigur con base en Washington D.C. conocido como ‘East Turkistan National Awakening Movement’, ha documentado con imágenes satelitales, al menos 500 establecimientos destinados al alojamiento de detenidos extrajudiciales”.

“En el mes de mayo de 2019 Scott Busby, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. señaló públicamente que los Estados Unidos calculaban 4 de 30 que, desde abril de 2017 hasta el momento de su declaración, 1.500.000 personas habían estado detenidas en “campos de reeducación”.

“La cantidad estimada de personas detenidas permite descartar de plano que se trate de algo diferente de un encarcelamiento masivo y arbitrario. Sin embargo, en esta instancia es preciso señalar que: (i) el 95 % de las detenciones son extrajudiciales en centros “educativos” y (ii) en todos los casos -incluso en aquellos en los que se produce algo parecido a un proceso judicial los motivos de esas detenciones gravitan en las conexiones con el extranjero, en las prácticas religiosas y en ser señalado como opositor a las políticas del Estado”. Los denunciantes propusieron una lista de testigos para que sean convocados a declarar y relatar lo que sucede con los uigures.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, la fiscal Mángano solicitó medidas previas antes de impulsar la investigación. Pidió que la Cancillería informe si hay alguna causa abierta por este caso en algún lugar del mundo. La cartera que conduce Santiago Cafiero contestó de forma parcial. La fiscal, en su pedido, hizo hincapié en que ese Ministerio trate de determinar si hay expedientes donde se investigue la situación de la minoría uigur en los países en los que viven las víctimas que fueron ofrecidas como testigos en la denuncia: Kazajistán, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Suecia, Turquía y Francia. También solicitó que el Palacio San Martín determine si se han abierto expedientes por el caso de los uigures en Estados Unidos e Inglaterra, donde tienen sede las ONG que presentaron la denuncia. El juez Casanello envió esta solicitud a Cancillería a la espera del informe completo.

Por ahora, la causa no se abrió ni hay imputados debido a que la fiscal no impulsó la investigación: necesita la respuesta en las medidas previas. Incluso, se presentó un grupo de estadounidenses e ingleses como amicus curiae. La presentación no fue respondida aún por el juez Casanello. Cuando llegue la respuesta de la Cancillería, la Justicia estará en condiciones de decidir si se abre el caso en virtud de la jurisdicción universal que reclaman los denunciantes y que está contemplada en el artículo 118 de la Constitución.

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