Causa Vialidad: dos ex funcionarios de Santa Cruz ya apelaron sus condenas

Los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP) Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez apelaron las condenas que recibieron en el juicio oral por la obra pública que para la provincia recibió el empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo. Es la primera defensa que lo hace y los plazos de apelación vencen el 26 de abril, a las 9:30.

Hasta ese día todas las partes tienen tiempo de presentar sus apelaciones para que las condenas y las absoluciones que dictó en diciembre pasado el Tribunal Oral Federal 2 pasen a la Cámara Federal de Casación Penal para que sean revisadas, algo que por los plazos quedará para el año que viene.

El fiscal federal Diego Luciani ya adelantó que lo hará que para que se condena a los absueltos y para que se aplique el delito de asociación ilícita que pidió en sus alegatos. Por su parte, la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, hará lo propio para insistir en su absolución.

Los jueces del Tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. El fiscal Luciani había pedido una condena de 12 años por ese delito y por asociación ilícita. Por mayoría, Gorini y Giménez Uriburu rechazaron la asociación ilícita.

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Junto con Cristina Kirchner fueron condenados Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

“Tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, dijeron los jueces sobre Cristina Kirchner en los fundamentos de la condena que dieron el 9 de marzo. Para los magistrados la ex presidenta avaló las irregularidades en las obras que recibió Báez porque ese dinero después le retornaba en los negocios hoteleros y de alquileres que tenía con el empresario.

“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, marcaron los camaristas.

Otro punto central de los argumentos de los jueces fue lo que la Fiscalía llamó en el juicio el “plan limpiar todo”. Se trató de mensajes encontrados en el celular de López cuando fue detenido en el convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares que dan cuenta que al final del segundo gobierno de Cristina Kirchner estaba la intención de pagarle a Báez por las obras que le adeudaban y después cerrar las empresas. Allí hay mensajes que dan cuenta de la participación de la entonces presidenta.

Con la presentación de los argumentos se abrió el plazo para las apelaciones. En principio era de 10 días hábiles pero el tribunal, ante el pedido de una de las defensas, lo extendió por 30. Así, el vencimiento será el 26 de abril a las 9:30 horas.

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Las fuentes consultadas por Infobae señalaron que la mayoría de las partes lo harán sobre el vencimiento y ya comenzaron a trabajar en las apelaciones. “Es una forma de no mostrar las cartas antes de tiempo”, graficó una abogado. Pero el abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, ya lo hizo.

Ambos ex presidentes de Vialidad de Santa Cruz, Villafañe fue condenado a cinco años de prisión y Santibáñez a cuatro y los dos a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue por el delito de administración fraudulenta. La Fiscalía había pedido condenas de seis años para Villafañe y cuatro para Santibáñez. Y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuó como querellante en el juicio, había solicitado un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La crítica central de la apelación de los ex funcionarios es que como titulares de Vialidad provincial no tenían bajo su poder el manejo de los fondos que iban a las obras de Báez, por lo que así no pudieron haber cometido el delito de administración fraudulenta.

“Con relación al rol de administrador de fondos solo se le puede imputar a Villafañe/Santibáñez objetivamente el manejo de fondos provinciales porque jamás administro fondos nacionales, no obstante, ello la sentencia indica que por medio de la figura de la delegación Villafañe habría sido responsable por el manejo de fondos federales, lo que realmente resulta completamente errado y no encuentra sustento en ninguno de los elementos de prueba colectados en la presente causa”, planteó la defensa e insistió con la absolución que había pedido durante el juico.

Cuando todas las partes hayan hecho sus apelaciones, el Tribunal Oral elevará el caso a la Cámara Federal de Casación Penal para que sea revisado y resuelva si confirma o revoca las condenas y las absoluciones. Para eso, Casación debe convocar a una audiencia oral con todos los protagonistas para que expongan sus argumentos. Luego, quedará en condiciones de resolver.

Todo indica que por los plazos la decisión no será en 2023, año electoral, sino para el que viene. Un primer paso es que se confirme la integración de Casación. En la causa interviene la Sala IV con los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los dos primeros son muy criticados por el kirchnerismo por sus visitas al ex presidente Mauricio Macri. Borinsky y Carbajo también intervinieron en la confirmación de la condena de Báez por lavado de dinero y la redujo a 10 años. En ese caso se analizó la obra pública que recibió el empresario de Cristina Kirchner. Son hechos que pueden llevar a las partes a recusar a los jueces, lo que demandará más tiempo la resolución del caso.

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