La jueza María Servini ordenó detenciones y allanamientos en una causa en la que se investiga la venta de drogas dentro de la cárcel de Devoto, que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los allanamientos ordenados por la magistrada se realizaron en el Centro Universitario de la unidad carcelaria y en varios pabellones. También fueron allanados los domicilios de los imputados en la causa.
El caso comenzó en 2021 cuando un denunciante de identidad reservada contó que en Pabellón 5 —Módulo 2 de la cárcel de Devoto— se vendían drogas que eran ingresadas al penal por personal de la División 50 del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esa División era, hasta la llegada del gobierno de Alberto Fernández, la encargada de hacer inteligencia dentro de las cárceles federales.
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En 2022 se sumó a aquella causa original —en la que junto a Servini interviene el fiscal Ramiro González— una denuncia que se había hecho en otro juzgado federal. En el segundo caso se denunció que la venda de droga en el penal situado en la Capital Federal tenía como punto de origen el Centro Universitario Devoto (CUD) donde estudian los detenidos. Según aquella denuncia, ese era el lugar de recepción, fraccionamiento y distribución de la droga que circulaba en la cárcel. En la denuncia se explicaba que la operatoria contaba con el aval de jefes del SPF.
Esa denuncia señalaba con nombre y apellido a “Leonardo Ottacchu” (Sic) un penitenciario que integraba el área de “Comunicaciones e Inteligencia” y que iba al CUD en días en los que no tenía obligación de estar allí. El denunciante de identidad reservada aportó fotos de “Leo” dentro de la cárcel y señaló que los celadores le permitían el contacto con presos que eran los que distribuían la droga dentro del penal. La denuncia también aseguraba que varios presos que iban al CUD no tenían buen rendimiento académico, pero seguían “cursando” para poder integrar la organización de venta de drogas dentro de Devoto.
El denunciante nombró a los presos que colaboraban en la organización que comandaba “Leo”. Y además explicó qué funciones tenía cada uno de ellos dentro de la banda que operaba adentro de la cárcel. Así detalló que había presos encargados del ingreso de la droga, del fraccionamiento, del financiamiento y por supuesto de la venta en los pabellones.
Los investigadores decodificaron el apellido “Ottacchu” que había sido denunciado: en realidad el denunciante hablaba de Leonardo Ariel Ostapchuk, integrante de la Unidad 50 del SPF, que había revistado en Devoto y que en 2021 había sido destinado a la cárcel de Marcos Paz por cuestiones disciplinarias. Según informó el SPF a la jueza Servini, Ostapchuk trabajó diez años en Devoto, fue trasladado a Marcos Paz en 2021 y fue dado de baja de la fuerza en enero de 2023. Ostapchuk fue detenido hoy.
Es que durante la investigación se comprobó que Ostapchuk y otros penitenciarios recibieron dinero a través de Mercado Pago proveniente de cuentas de familiares de detenidos o inclusive de un detenido. Se calcula que durante los primeros diez meses de 2021 Ostapchuk recibió más de 780.000 pesos de personas vinculadas a presos que se alojaban en Devoto. Las transferencias fueron realizadas por familiares o allegados de los presos que figuraban en la denuncia y que además “cursaban” en el CUD. Algunos de esos presos están condenados por secuestro extorsivo, por narcotráfico, por robo y por homicidio.
También se detectaron transferencias de dinero realizadas entre sí por personas vinculadas a diferentes presos y entre ellos y los penitenciarios. Los otros penitenciarios bajo investigación recibieron cifras notablemente menores que las que obtuvo Ostapchuk. Los pagos —señalan las fuentes consultadas por Infobae— están relacionados con la venta de drogas dentro del penal de Devoto.
La jueza le pidió colaboración para investigar a los sospechosos a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina para que determinaran a qué se dedicaban tanto los presos que pudieron haber salido en libertad como los penitenciarios (retirados o en actividad) involucrados en el caso. EL SPF designó como sumariante al prefecto Néstor González.
Con toda la información reunida, Servini concluyó que dentro de Devoto funcionaba una banda dedicada a la venta de drogas compuesta por penitenciarios, presos y familiares y allegado a los detenidos. Por eso ordenó las detenciones y los allanamientos que se realizaron hoy. La jueza además citó a indagatoria a una decena de personas cuya detención no se ordenó. Las indagatorias comenzarán la semana que viene y se extenderán hasta principios de junio.
La jueza ordenó un total 13 detenciones. Ocho de los que Servini ordenó detener ya se encuentran detenidos en la cárcel de Devoto, por eso la jueza determinó que deben quedar incomunicados y ser trasladados a Comodoro Py para que declaren en indagatoria de forma inmediata. Los otros cinco también fueron apresados hoy.
Según fuentes allegadas a Servini, en esta causa “hubo muchas dificultades para investigar por lo complicado de la situación y mucha gente dispuesta a entorpecerla”.
Por este caso Servini había denunciado al ministro de Justicia Martín Soria, de quien depende el SPF por obstruir la investigación. En aquella ocasión Servini también había denunciado a María Laura Garrigós de Rébori, interventora del SPF. Los acusaba de “obstruir” la investigación sobre la venta de drogas en Devoto. Ese caso, surgido a partir de la denuncia de Servini contra Soria y Garrigós de Rébori, está a cargo del juez federal Julián Ercolini.
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