En el jury al fiscal Scapolán, un testigo declaró haber sido presionado por la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez

El suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán enfrenta desde la semana pasada un jury de enjuiciamiento acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías, que entre los años 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes en los operativos para su posterior comercialización. Ya declararon como testigos la jueza que investigó penalmente a Scapolán, Sandra Arroyo Salgado, y el fiscal Federico Domínguez. Pero ahora, ante los miembros del jurado de enjuiciamiento, un testigo de esa causa aseguró haber sido presionado por Arroyo Salgado y Domínguez para declarar.

Se trata de C.M., un ex policía federal que participó en la causa “Leones Blancos”. Cuando comenzó a investigarse a Scapolán estaba prófugo de la Justicia por extorsionar a “transas” peruanos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores. Como arrepentido, C.M. declaró ante el fiscal Domínguez en el procedimiento conocido como “Anacona”, en donde se robó droga. Pero ahora, convocado como testigo en el jury de enjuiciamiento contra Scapolán, se desdijo de aquella declaración.

“Yo me tuve que hacer cargo de cosas para poder recuperar mi libertad. Recibí presiones y tuve que declarar lo que declaré para recuperar mi libertad. Fui coaccionado. Yo tenía miedo de morir preso. Tuve que declarar eso para poder estar en la calle”, afirmó. Al ser consultado sobre quién los coaccionó, mencionó: “Siempre estuvo presente el fiscal Domínguez y el personal del juzgado, de la fiscalía. Ya estaba todo armado, estaba todo escrito, yo solamente dije que ‘sí' o que ‘no’ a algunas cosas”.

Y agregó: “Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal Domínguez y la Dra. Salgado, a sabiendas de que si no declaraba podía quedar preso un montón de años. Así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad y no quedar detenido”. El testigo declaraba también bajo detención por una causa de tenencia de arma, que él también denunció armada.

Los funcionarios de la Procuración, que actúan como acusadores en el jury, advirtieron que el testigo estaba haciendo una declaración completamente distinta a la prestada en sede judicial. La Procuración pidió investigar el delito por falso testimonio y por otro lado la denuncia que formuló sobre presiones contra la jueza Arroyo Salgado y Domínguez.

Según el abogado del fiscal Scapolán, Luciano Locatelli, “Arroyo Salgado y Domínguez escribieron una novela inventada por los Servicios de Inteligencia y por (Elisa) Carrió con el propósito de hacer campaña política contra (Sergio) Massa, y en el medio quedaron funcionarios y personas que no tienen nada que ver. No sólo el fiscal, sino que sus secretarios estuvieron seis meses detenidos”.

La primera denuncia contra el fiscal Scapolán fue realizada en el 2016 por la ex diputada Elisa Carrió. En octubre del 2021, la jueza Arroyo Salgado lo procesó por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesados y serán llevados a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín.

La Cámara Federal de San Martín confirmó gran parte de los procesamientos, pero a Scapolán se le alivió la situación procesal: se le quitó la figura de asociación ilícita y se confirmó su procesamiento por falsedad ideológica. No será parte del juicio oral porque se espera que se resuelva su situación en el jury en su contra.

Scapolán fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand, y se dispuso el embargo del 40% de su sueldo. En la primera audiencia del jury, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ratificó lo investigado por su juzgado contra Scapolán. En ese contexto, se escuchó a este testigo hablar de una declaración armada. En los próximos días se escucharán los alegatos.

El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata Ana María Bourimborde (ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso). Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

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