La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto denunció hoy a Eduardo “Vasco” Murúa, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, y al presidente de la cooperativa Farmacoop, que administra el laboratorio Roux Ocefa desde su quiebra, por la entrega de más de $80 millones en subsidios estatales. La cooperativa había quedado salpicada por una iniciativa de la cartera que conduce Tolosa Paz para fabricar un millón de potes de gel lubricante íntimo.
La denuncia judicial, que fue sorteada esta mañana y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, menciona los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, malversación de caudales públicos, y asociación ilícita.
“Farmacoop recibió un subsidio no reintegrable de más de 5.600.000 pesos para la compra de equipamiento, de parte del Ministerio de Desarrollo Social, en octubre del 2020; un segundo subsidio no reembolsable de 10.000.000 de pesos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y 65 millones de pesos en planes Potenciar Trabajo, desde mediados del 2020″, detalla la presentación, a la que tuvo acceso Infobae.
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El primer subsidio fue aprobado el 16 de junio de 2020 por el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en su calidad de secretario de Economía Social. A través de un convenio, Pérsico le otorgó a Farmacoop $5.672.962 para comprar equipamiento. Apenas dos semanas antes, el funcionario había visitado las instalaciones del laboratorio, en el barrio de Villa Lugano, junto al entonces ministro Daniel Arroyo.
El segundo subsidio fue aprobado en 2021 por el titular del INAES, Alexander Roig, otro funcionario que responde al Movimiento Evita. Fueron $10 millones para “la realización de obras y adquisición de maquinarias para aumentar la producción del primer test rápido de detección de COVID de producción nacional”.
No fue todo. La cooperativa también administró una Unidad de Gestión del Programa Potenciar Trabajo, otra millonaria caja administrada por el Movimiento Evita. Según le dijo Murúa a este medio en enero pasado, la cooperativa administró $50 millones, por única vez, para otras 16 cooperativas.
La cooperativa Farmacoop surgió en diciembre de 2019 tras la quiebra de laboratorio Roux Ocefa. Durante la pandemia se puso a fabricar barbijos y un test rápido para detectar el Covid-19 que fue ampliamente promocionado por medios oficialistas. En abril de 2020, el presidente de la cooperativa, Bruno Di Mauro, fue recibido por el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos.
Además de los fondos de Desarrollo Social, la cooperativa comenzó a recibir ayuda de media docena de organismos oficiales como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Conicet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ANMAT, que tuvo que activar expedientes administrativos en tiempo récord para habilitar las plantas del laboratorio. También se sumaron universidades y otros organismos públicos.
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En octubre del año pasado, Farmacoop presentó un presupuesto por $500 millones para la fabricación de un gel íntimo tras una licitación abierta por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tras el escándalo, la cooperativa argumentó que “era un precio de referencia” y que “no tenía capacidad” para fabricar ese producto.
Murúa lidera hace varios años el Movimiento de Empresas Recuperadas (MER) y en 2020 fue designado como director de Formación Integral y Terminalidad Educativa de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras, que depende de la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico.
Los ex empleados del laboratorio aseguran que Murúa visitaba el lugar desde 2017 y que se reunía con Di Mauro por fuera de la empresa. “Desde la llegada del “Vasco” Murúa al Gobierno y el resurgimiento de Farmacoop por medio de Bruno Di Mauro, la cooperativa fue recibiendo inconmensurables aportes económicos”, destacó la diputada Oliveto en la denuncia.
En diciembre de 2018, la Justicia decretó la quiebra de Roux Ocefa y pocos días después aceptó que la cooperativa Farmacoop, con unos 80 empleados, continúe al frente de la empresa. La mayoría de los empleados, sin embargo, siguen reclamando para poder cobrar sus indemnizaciones.
En la actualidad, la cooperativa se sostiene con la venta de una crema hidratante (Aqualane) y un misterioso acuerdo secreto con el laboratorio LAFEDAR.
El año pasado, el Frente de Todos propuso en el Congreso la expropiación del laboratorio. Ese proyecto lleva la firma de más de veinte diputados oficialistas y propone que el Estado se quede con todos los bienes y luego los ceda en comodato a la cooperativa Farmacoop.
Concretamente, el proyecto propone expropiar cuatro inmuebles y aquellos bienes que quedan en poder del laboratorio. Eso incluye más de 100 certificados para poder fabricar medicamentos, un capital millonario en el mundo de la salud. El resto de los bienes ya se subastaron, pero el dinero está retenido en una cuenta bancaria por decisión del juez de la quiebra. Se trata de unos campos en Luján, valuados en USD 800 mil, un edificio en Bahía Blanca, y otro inmueble en la calle Montevideo valuado en USD 1,5 millón.
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