Giro en la causa por la estafa millonaria a un jubilado en coma: la fiscalía reclamó una veintena de indagatorias por asociación ilícita

En el mundo judicial nadie puede explicarlo: cómo después de tantas pruebas aún no pasó nada. Idas y vueltas, planteos de prescripción, allanamientos cuestionados y una lluvia de papeles. La Justicia de Lomas de Zamora tiene desde hace dos años en sus manos la denuncia por estafa millonaria que sufrió Luis Vázquez, un empresario inmobiliario jubilado de 80 años al que un apoderado le vendió 34 propiedades cuando agonizaba. Según las pruebas, los compradores fueron sus familiares y amigos, que pagaron precios irrisorios. Algunos de ellos vivían con un plan social. Incluso, en el interín, le apareció un “hijo” heredero que solo reclamó el 30 por ciento de su herencia. La causa estuvo a punto de prescribir. Pero aunque el año pasado se ordenaron indagatorias, nunca se concretaron y el tiempo sigue pasando. Lo sobrinos del jubilado siguen denunciando la estafa y reclaman acciones.

Ahora, a pedido de la querella, se metió en la causa una unidad especializada de la Procuración bonaerense y al revisar el caso confirmó las sospechas de los denunciantes: reclamó el llamado urgente a indagatoria del apoderado, el escribano y una veintena de personas por asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad ideológica, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El dictamen fue firmado por Lucas Galán y Juan Manuel García Blanco, de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que la banda sigue operando: no solo se quedaron con los bienes cuando el jubilado cayó en coma, sino que hasta el día de hoy siguieron presentándose en expediente civiles con documentación falsa para justificar las operaciones investigadas. “La asociación ilícita sigue funcionando, de manera estable y en el tiempo”, sostuvieron.

Al apoderado Maxiliano Teta la fiscalía lo consideró jefe de la banda, mientras que el escribano Andres Ringuelet y la abogada de Vázquez Susana Pan fueron señalados como organizadores. El resto de los involucrados -en donde aparecen desde concubinos, tíos y hermanos hasta inquilinos- se les adjudicó un rol de miembros de la banda.

Te puede interesar Mientras estaba en coma, le robaron más de 30 propiedades: la familia denunció a su apoderado y hombre de confianza

El caso fue revelado por Infobae en mayo del 2021: Hugo y Guillermo Vázquez se presentaron en la Justicia para decir que que en solo 59 días, desde 19 de julio al 16 de setiembre de 2016, cuando su tío, Luis Vázquez, estaba “internado en grave estado de salud, con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía” se transfirieron 34 inmuebles “a un precio absolutamente ridículo , que tampoco ingresó a su patrimonio´”. Las sospechas apuntaron contra el hombre de confianza y apoderado de Vázquez, Maximiliano Teta.

A seis días del ACV del que nunca despertaría, dice la denuncia, Teta y un grupo de sus allegados decidieron impulsar “un plan siniestro para vaciarlo de su patrimonio: el apoderado suscribió boletos de compraventa, reconoció deudas y hasta celebró contratos de locación siempre a través de un mismo escribano, Andrés Ringuelet, de Ezeiza.

Los abogados Matías Ledesma y Juan Caimi Villanueva estuvieron durante un año y medio reclamando medidas urgentes. Recién tuvieron éxito con un allanamiento en mayo del 2022. Pero tal como informó en ese momento Infobae el procedimiento en la escribanía tuvo una serie de irregularidades: por ejemplo que citaran a los abogados denunciantes en a más de 20 minutos de la sede que iba a ser allanada cuando los policías ya habían iniciado el procedimiento.

Con la causa a punto de prescribir y la exposición mediática disparada por estas notas, los investigadores resolvieron citar a indagatoria solo a tres sospechosos por un delito menor y no por toda la maniobra. Fue por haber accedido a una caja de seguridad. Más tarde se amplió la lista de indagatorias por los delitos de defraudación por administración fraudulenta” y “falsedad ideológica”. En la lista apareció un funcionario de Habitat del Gobierno nacional que fue socio de la escribanía y que en diálogo con Infobae rechazó cualquier vinculación con el caso. Lo cierto es que las declaraciones todavía no se concretaron, señalaron fuentes judiciales.

Con todos estos datos, los querellantes acudieron a una oficina de la Procuración bonaerense que se dedica a analizar específicamente delitos económicos. Los funcionarios pidieron copias de los expedientes y concluyeron: “Estamos en presencia de una organización criminal, liderada por el Sr. Maximiliano Teta, por la Dra. Susana Pan y el Notario Andrés Ringuelet, quienes con la participación necesaria de María Florencia Uema (concubina de Teta), Nancy Susana Melgar y Alejandro Javier Villa (tíos de María Florencia Uema), Emiliano Uema (hermano de María Florencia Uema), Silvia Verónica Teta (hermana de Maximiliano Teta), Mario Arnaldo Rota (empleador de Maximiliano Teta) y Alejandro Mauricio Garcia (pareja de Silvia Verónica Teta)”, dice el dictamen.

Además de Susana Pan, abogada de Vázquez, la fiscalía señaló por la maniobra a Patricia Ibarra (socia de Pan y también abogada de Vázquez), Fernando Ezequiel Serrano (amigo de Silvia Teta), Juan Bautista Zambrano, María Laura Zambrano y Miguel Mauricio Zambrano (inquilinos de un local administrado por la inmobiliaria), Galinda Vera Jaramillo ( que resulta ser esposa de un albañil que hacía trabajos para Luis Vázquez), Solange Grisel y Maximiliano Javier Di Marino, Claudio David Carrizo, Cristian Lionel Chirolla, Mario Julián Menéndez, Roberto Manuel Pilar y Adriana Beatriz”.

Todos ellos “mediante la utilización de un poder amplio de administración otorgado por el Sr. Luis Vázquez al Sr. Maximiliano Teta, y en circunstancias en que el poderdante se encontraba en una situación de absoluta incapacidad debido haber sufrido un accidente cerebro vascular, cometieron una serie indeterminada de delitos como ser falsificaciones de documentos, utilización de documentos falsos, defraudaciones de distinto tipo y estafas procesales, todo ello con la finalidad de vaciar el patrimonio de quien estaba todavía con vida, Luis Vázquez y que luego falleciera un año después aproximadamente”, sostuvo la fiscalía especializada

El “heredero”

Uno de los puntos interesantes que abordó la fiscalía fue el hijo que le apareció a Vázquez. Según la denuncia, Alina Ventura Martínez, concubina o ex-concubina de Luis Vázquez, se presentó con un documento avalado por la abogada Vanina Brandon en donde el jubilado reconocía “el derecho a un 30 por ciento del acervo hereditario a favor de Fabio Enrique Alegre, hijo de Alina Ventura Martínez, bajo la afirmación de ser un hijo no reconocido legalmente de Luis Vázquez”. Nunca hubo un examen de ADN, dicen los denunciantes. Pero además: logrado este acuerdo, “Alegre otorgó una cesión supuestamente onerosa de sus derechos hereditarios a favor de una sociedad pantalla (Terraville SA) constituida al solo efecto de recibir la cesión de los derechos hereditarios”. Esa firma estaría relacionada con el apoderado Teta.

“Ahora la pregunta que se hace esta Unidad es por qué si era un hijo no reconocido del Sr. Luis Vázquez no solicito ser tenido como único Heredero ¿Por qué no se hizo un ADN y reclamó el 100% de los derechos que le correspondían? ¿Por qué no le solicito al Sr. Maximiliano Teta que rinda cuentas de todas las operaciones inmobiliarias que hizo usando el poder del año 2009? Existen sospechas fundadas para presumir que este supuesto hijo podría no serlo y que esta sería otra maniobra más para quedarse con otros bienes de Vázquez, además de las compraventas denunciadas”, dijeron desde la unidad de la Procuración provincial.

El apoderado

“Es importante tener presente algunos datos, como ser que hasta el año 2016 la utilización del poder por parte de Teta fue casi escasa, por no decir nula. Por otro lado, los inmuebles no estaban a la venta, no estaban publicados, no existieron otras ofertas sobre los mismos por parte de los supuestos compradores, por lo que entendemos que en realidad no existía por parte del titular de los inmuebles la intención de venderlos”, se sostuvo en el dictamen.

“Teta en ningún momento rindió cuentas de las operaciones efectuadas, y esto debería haberlo hecho desde el primer acto de venta realizado, pero si lo hacía, claramente, iba a quedar en evidencia respecto al conocimiento que tenia del estado de incapacidad de Vázquez y ahí no podría haber seguido. Tampoco lo hizo en los expedientes sucesorios o civiles, y para explicar el por qué decidió realizar dichas ventas, recurrió a la presentación de instrumentos falsos o deudas inexistentes. Teta claramente sabía el estado de salud de Vázquez, y aun así continúo utilizando el poder para sacarle la mayor cantidad de inmuebles posible a Luis Vazquez”, se añadió.

Para la fiscalía de delitos económicos de la Procuración, hay pruebas para sostener que “la relación de cercanía, amistad, casi familiar entre ambos es el primer indicio, casi certeza, de que Teta activó el poder para desapoderar rápidamente a Vázquez de sus bienes, debía hacerlo mientras Vázquez estuviera con vida, porque si llegaba a fallecer el poder perdía validez, ya que no podía ser utilizado post mortem”. Eso ratifica que “el poder era invalido a la fecha de las operaciones investigadas y si el mismo no fueran invalido, cosa que se descarta, igualmente hay un uso abusivo del mismo”.

“Siguiendo con el análisis de las operaciones inmobiliarias al observar los valores otorgados en las distintas escrituras, y tomando como referencia los valores aportados por los denunciantes, existen indicios importantes de que los inmuebles fueron vendidos por precios simbólicos, y esto tiene su razón de ser en que los compradores no podían justificar la tenencia del dinero si se hacían por valores reales y de esta manera poder justificar las operaciones en los expedientes civiles, dijo.

Los investigadores subrayaron que “otro indicio muy importante se ve claramente en aquellas operaciones en donde los compradores luego de adquirir los bienes, en muy pocos días otorgaron un poder especial de venta en favor de Teta, con facultades muy amplias, para que este pueda venderlos, lo cual nos lleva a pensar que las operaciones de venta fueron simuladas. El mismo escribano Ringuelet fue quien autorizó las ventas y luego hizo los poderes en favor de Maximiliano Teta, lo cual le debería haber despertado mínimamente sospechas que algo estaba pasando con esas operaciones”.

Vale aclarar que “en ningún momento el escribano Ringuelet dejó asentado en las escrituras las relaciones de familia o laborales que tenían varios de los compradores con Teta, situación que no podía ni debía desconocer”. Pero además la imposibilidad económica de varios de los compradores para poder adquirir dichos inmuebles ha quedado demostrada: “Algunos de los compradores aquí denunciados intentaron justificar las compras de los inmuebles en los distintos expedientes presentando documentos con contenido falso o directamente usaron hojas firmadas por el señor Luis Vázquez y las completaron burdamente con el fin de hacer caer en error a los magistrados intervinientes. Aquí resulta central la intervención de la Dra. Pan”, añadió el dictamen.

La fiscalía solicitó además del llamado a indagatorias de todos los involucrados ordenar una serie de diligencias como que un perito de Asesoría Pericial La Plata detalle la la valuación de mercado en 2016 y la actual, se soliciten los registros de firma originales de Luis Vázquez y se corrobore si el jubilado tenía mas cuentas a su nombre entre 2016 y 2017. También reclamó levantar “el secreto fiscal, bursátil y financiero de todos los imputados a fin de evaluar la capacidad y evolución económica, abarcando el período que va de 2015 a 2017 y solicitar a la AFIP las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales de los imputados de esos períodos”.

Seguir leyendo