Juicio a un comisario de la Federal por gastar $15 millones de caja chica: sospechosas compras y empresas fantasmas

Un comisario inspector de la Policía Federal fue enviado a juicio oral acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. Es que desde la jefatura del Departamento de Grupos Especiales de la fuerza llevó adelante una serie de compras por unos 15 millones de pesos a través de la caja chica. Los beneficiarios fueron un matrimonio: él se encargó de vender uniformes; ella, de ofrecer servicios de catering. Lo curioso es que competían con empresas fantasmas que ellos mismos integraban, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Las sospechas recayeron sobre el comisario inspector Rafael Grillo, a cargo del Departamento de Grupos Especiales (GE 1). A Grillo se lo acusa de maniobras ilícitas en perjuicio de las arcas de la Policía Federal Argentina. La pareja a la que benefició también quedó acusada de ser partícipe del delito. Se trata de Marcelo Luzzi, titular de la empresa “Marcas exclusivas”, quien recibió $ 11.141.548. Su pareja, Verónica Noemí Nieva, una docente que trabajaba en un centro de estética, estaba a cargo del servicio de catering. Sumó casi $5,.5 millones.

Cuando lo llamaron a declarar, Grillo negó las irregularidades, afirmó que todo lo hizo con aval de sus superiores y aseguró que cuando avanzó la auditoría en su contra sospechó de otras razones: hacía 18 años que estaba en pareja con un hombre y cuando quiso “blanquearlo”, en la fuerza le recomendaron no hacerlo porque no sería bien visto. Fue así que planteó que lo estaban complicando judicialmente por ser gay.

La causa se inició el 15 de enero del año 2017 a raíz de la denuncia realizada por un comisario Inspector que llevó a cabo una inspección administrativa, contable y patrimonial del Departamento Grupos Especiales G.E. 1 de la Policía Federal Argentina. Reportó que se habían registrados compras que no se explicaban ni en “necesidad ni urgencia” que justificaran el uso de fondos anticipados. Tampoco había copia de las notas de rendición ni de ninguna factura. Al pedido de explicaciones, Grillo, el comisario a cargo, explicó que el proveedor no había entregado la mercadería porque estaba en trámite de importaciones. Pese a ello, la ropa había sido abonada y rendida como erogaciones.

Según la División Tesorería de la Superintendencia de Administración, las compras a Marcelo Luzzi, de elementos de indumentaria específicos de la unidad, implicaron durante el 2016 un monto de $6.787.951,20 y en el año 2017 de $4.353.597,70: un total de $11.141.548, 90. Respecto del servicio de catering, la contratante fue Verónica Noemí Nieva, a quien se corroboraron pagos durante el año 2016 por un total de $1.793.779,50 y durante el año 2017 por la suma de $3.651.085. Total: $5.444.864,50.

Según Asuntos Internos, todo fue pagado a través de adelantos de fondos, previo una nota vía instancia y la presentación de dos presupuestos. Pero se detectó que había irregularidades en los segundos presupuestos: las empresas postulantes que supuestamente compitieron con la de Luzzi y Nieva informaban domicilios inexistentes o que tenían alguna vinculación con ellos. Es más: las propuestas mantenían un mismo formato y redacción que las de sus oponentes y los nombres de los supuestos gerentes comerciales se repetían. También aparecían los mismos teléfonos y direcciones.

La versión del acusado: 120 uniformes que escaseaban y las sospechas de correrlo por ser gay

Cuando a Grillo lo llamaron a indagatoria, negó las acusaciones. Explicó que mientras estuvo a cargo del área se habían llevado a cabo diferentes tareas específicas, que estaban ordenadas por la superioridad y que se hicieron adelantos de fondos para comprar uniformes, cascos, chalecos antibalas, guantes o cuerdas especiales que en la unidad escaseaban. Precisó que que todas las compras se realizaron por adelantos de fondos debido a los montos y a la cantidad de equipamiento: que tenía a su cargo 120 hombres. Subrayó que todo era “consensuado por su línea directa con un visto bueno de elevación y eso iba a la superintendencia de administración que era la encargada a nivel específico de analizar el expediente y aprobarlo”.

Luego, señaló, él entregaba el cheque y recibía un recibo por su entrega, obtenía la factura de compra de todos los elementos y con eso generaba un nuevo expediente para la rendición de fondos dentro de las 72 horas de haber realizado la compra. Pero admitió que las compras que se habían realizado al importador Marcelo Luzzi y la mercadería en algunos casos tardaba en llegar porque eran todos elementos importados.

Cuando después de la inspección, la fuerza judicializó el tema se extrañó. Aseguró que su dependencia no era la única que le había adquirido al importador elementos de las mismas características. Fue por eso que lo primero que sospechó es por su situación personal.

Era un secreto a voces que estaba en pareja desde hacía 18 años con un hombre y en el momento que él quiso “blanquearlo”, le sugirieron no hacerlo porque no era conveniente para un jefe policial. También advirtió que hacia más de un año que estaba en condiciones de ascender a comisario mayor, con muchas posibilidades, pero eso no sucedía. En ese contexto, Grillo dijo en su indagatoria que la inspección se había hecho para perjudicarlo: la mercadería que faltaba llegó antes de que se firmara su pase a disponibilidad.

Liuzzi también dio su versión de los hechos para desinvolucrarse. Aseguró que hacía ocho años que tenía su empresa, que vendía todo tipo de accesorios para seguridad y que distintas fuerzas le compraban porque tenía productores de buena calidad que no existian en el país. Que como les presupuestaba el mejor precio le hacían la compra directamente. Señaló que un subordinado de la división de Grillo los había contactado. Y que había entregado la totalidad de los productos vendidos, aunque no siempre obtuvo recibo.

El empresario también señaló que hacía cursos tácticos, de custodia. Y para los alumnos hacían catering. Por eso abrió una empresa, “Speedy Food”, pero le pidió el CUIT a su pareja “porque en Policía Federal no podía haber un proveedor con dos rubros diferentes”. Ella se dedicño a retirar cheques con los pagos o entregar facturas. La mujer, en su descargo, respaldó esa versión.

A la hora de evaluar los hechos, lo primero que subrayó el juez Casanello fue claro: para los años 2016 y 2017 se aplicaban los importes establecidos mediante Resolución N° 2018/2014, que determinaba el importe tope de $400.000 para las compras generadas mediante Anticipo de Fondo. Se trata de un procedimiento de excepción, limitado a casos de urgencia debidamente fundamentados.

Y remarcó que las pruebas debían ser valoradas en su conjunto: “tras efectuar un análisis de los descargos y de las pruebas obrantes en el expediente, considero que se cuenta con elementos suficientes como para tener por acreditado que el Comisario Rafael Grillo direccionó la contratación de servicios y la compra de bienes para favorecer a las empresas “Marcas Exclusivas” de Marcelo Andrés Luzzi y “Speedy Food” de Verónica Nieva”. Esas personas “participaron en la maniobra delictiva mediante la presentación de presupuestos ficticios de empresas fantasmas para simular competencia. Sólo los presupuestos que presentaban formalmente Luzzi y/o Nieva eran los reales, toda vez que los segundos presupuestos que competían con ellos eran falsos, y presentaban numerosas irregularidades”.

Hasta los presupuestos que presentaban esas empresas fantasmas tenían el mismo formato y redacción que la empresa original. Y el domicilio era de la madre de Liuzzi. En otra de las empresas fantasmas, el gerente comercial era el chef que Liuzzi habian contratado. “Esas vinculaciones demuestran la puesta en escena para sortear los controles administrativos y engañar a la Administración con el único objetivo de direccionar las compras hacia Luzzi y Nieva”.

Para el juez, Grillo deberá responder por el delito de negociaciones incompatibles con la función publica, con citas a los compromisos internacionales asumidos en lucha contra la corrupción. “Grillo, en su calidad de Comisario a cargo del GE1, logró la obtención de fondos rotatorios -de carácter excepcional- a favor de los privados, desvirtuando el interés público que se debía defender”, afirmó.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Grillo y el matrimonio. Y aunque el policía se opuso, pidió la nulidad del dictamen fiscal y reclamó sobreseimiento, Casanello dio por clausurada la instrucción. Será ahora un tribunal oral el encargado de resolver si son condenados o no.

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