Gallo Tagle: “Ante cada fallo adverso, el Gobierno busca la remoción de los jueces o un proyecto de ley inconsulto”

El juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que inició el Gobierno se suma a un nuevo capítulo de la pelea del oficialismo contra el Poder Judicial. “Sigue la lógica de lo que viene pasando hace años. Ante un fallo adverso se busca la destitución del juez o de proponer una reforma legislativa buscando alternativas para superar lo adverso del fallo”, dijo en diálogo con Infobae sobre ese proceso Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la entidad política que nuclea a jueces, fiscales y defensores oficiales.

Para Gallo Tagle, se trata de un juicio “contenido de sentencia” por el caso de la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires. El titular de la AMFJN también criticó al oficialismo por cómo sus diputados interrogan a los testigos que van a la comisión, que se volverá a reunir hoy a las 13. “Los testigos no solo reciben un trato irrespetuoso sino que parece una indagatoria porque cuando el que pregunta no recibe la respuesta que quiere vuelve a preguntar lo mismo como si quisiera que el testigo conteste otra cosa. Todo ese tratamiento es lo que cuestionamos”, dijo y defendió la postura del fiscal federal Carlos Stornelli de querer declarar por escrito.0

“Muy poco”, respondió ante la pregunta de si hay diálogo con el Gobierno Nacional. Destacó que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, los recibió para hablar de la situación en Rosario pero dijo que su par de Justicia, Martín Soria, no respondió los pedidos de audiencia.

-Como Asociación de Magistrados tienen una postura crítica al juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que inició el gobierno nacional. ¿Por qué?

-El proceso está armado en cuanto al contenido de una sentencia. A partir del fallo de la coparticipación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de su contenido es que se instrumentó el juicio a la Corte.

-Ustedes entienden que es un juicio por contenido de sentencia

-Es un juicio político iniciado por contenido de sentencia. Sigue la lógica de lo que viene pasando hace años. Ante un fallo adverso se busca la destitución del juez o de proponer una reforma legislativa buscando alternativas para superar lo adverso del fallo como fue la modificación del número de jueces de la Corte, la democratización de la justicia, la federalización de la justicia donde se crean juzgados en todo el país de manera indiscriminada sin hacer un estudio de mapa judicial para determinar donde se necesitan. Si estamos ante la modificación del Código Procesal Penal para ir a un sistema acusatorio era mejor incrementar fiscalías y no juzgados. Todo eso fue producto de episodios donde había fallos adversos. Producto de todo esto hubo presentaciones de varios países de América Latina en la ONU y en la OEA acerca de la vulneración del Poder judicial y de la división de poderes. El 22 de febrero fuimos convocados todos los países por la relatora de la ONU que se encarga de la independencia del Poder Judicial y como consecuencia de eso cada país presentó un informe y ahí plantemos estos temas.

-Ahora, el juicio político es por 14 hechos de presunto mal desempeño, algunos no por cuestiones de sentencia, como por ejemplo la filtración de los chats ilegales entre un funcionario de la vocalía de Horacio Rosatti y del ministro de la ciudad Marcelo D’Alessandro.

-Es ahí donde no nos metemos como Asociación porque ese hecho está sujeto a investigación judicial y de ahí se seguirán los pasos que correspondan. Si hay causa que se tramita hay que dejar que siga sin intromisiones.

-Más allá de la investigación judicial el caso se hizo público, lo mismo que los chats de jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, y eso tuvo un impacto público sobre el funcionamiento de la justicia

-Lo que dijimos sobre eso es que el magistrado tiene que ser y parecer. Hasta ahí nuestro pronunciamiento y el resto se tiene que investigar y somos respetuosos de eso. Es materia de investigación. No queremos hacer lo contrario de lo que postulamos. Si decimos que debe respetarse la investigación y que no haya injerencia, no lo vamos a hacer nosotros.

-¿Critican la forma en la que los testigos, muchos jueces y funcionarios de la Corte Suprema, son interrogados por los diputados?

-La primera que lo hizo fue la Lista Bordó. Están realizados de una manera en la que no queda claro la delimitación de la prueba porque se incorpora nueva prueba sin que se cierre el hecho, lo que se investiga. Es un procedimiento que no tiene una forma bien delimitada en su tramitación sin que esto implique que los jueces no seamos auditados en nuestra actividad pero de manera idónea, respetuosos de de la ley. Los testigos no solo reciben un trato irrespetuoso sino que parece una indagatoria porque cuando el que pregunta no recibe la respuesta que quiere vuelve a preguntar lo mismo como si quisiera que el testigo conteste otra cosa. Todo ese tratamiento es lo que cuestionamos.

-Se generó un debate sobre si el fiscal federal Carlos Stornelli puede declarar por escrito, como el planteó y por eso no se presentó, o si debe hacerlo de manera presencial, tal como sostiene el oficialismo

-Lo que señalamos es que un reglamento interno de una comisión del Congreso no puede estar por sobre la ley, que le permite a los fiscales declarar por escrito. Pero además temporalmente el reglamento de la comisión de Juicio Político es anterior a la ley de organización de los Ministerios Públicos dictada por el Congreso, ley que también se pretendió modificar para bajar las mayorías para poder remover a los fiscales. De haberse pretendido la presencia personal de cualquier integrante del Ministerio Público en el Congreso se hubiese previsto en una ley y eso no ocurrió.

-¿El juicio político es a la Corte o ven que es una critica general a la justicia?

-Creo que es la misma conducta que se viene observando desde hace muchos años. Cada vez que hay un fallo que resulta adverso al gobierno las consecuencias son buscar la remoción de los jueces o un proyecto de ley inconsulto.

-¿Hay diálogo entre el Poder Judicial y el Gobierno?

-Muy poco. Tenemos la puerta abierta. Pedimos reuniones con el ministro de Justicia, con el de Seguridad, con el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario para colaborar en soluciones idóneas sobre lo que está ocurriendo con el narcotráfico. Nos reunimos con Aníbal Fernández, nos explicó en lo que estaban trabajando y generamos una mesa de dialogo. Somos propensos al diálogo. Cuando se presentaron proyectos inconsultos pedimos participar. A veces nos han dado cinco minutos, lo que es imposible para generar una opinión. Las respuestas son escuetas.

-Mas allá del tema Rosario, ¿con el ministro de Justicia Martín Soria o con el presidente Alberto Fernández f hay canales abiertos?

-Los canales de los teléfonos y la direcciones de correo electrónico están. Pero no tuvimos respuesta del Ministerio de Justicia. No se si decir que no hay dialogo, no hemos tenido respuestas. nosotros no vamos a bajar los brazos por esto.

-¿La condena a Cristina Kirchner y sus causas judiciales influyen en la relación?

-De nuestra parte para nada. De ellos lo ignoro. Puedo conjeturar y fantasear pero no tengo referencias. Ningún aspecto incide en nuestra vocación de dialogo.

-¿Todo en el Poder Judicial tiene vocación de diálogo?

-En la cotidianeidad mucha gente demuestra su desagrado con el maltrato con el Poder Judicial. Un ejemplo es la cantidad de jueces que se están jubilando cuando puede quedarse pero llega un momento que el manoseo es tan grande y se agotan por la falta de respeto. De los que se mantienen en el Poder Judicial si bien manifiestan su enojo por el maltrato nosotros tenemos claro que el dialogo es el mejor camino.

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